PAREDONES DE 1959: LOS SECRETOS DEL RÉGIMEN PARA OCULTAR CIENTOS DE FUSILAMIENTOS TRAS EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN

Los tribunales revolucionarios instaurados tras el triunfo de enero de 1959 nacieron en medio de una demanda social real de justicia contra responsables de asesinatos, torturas y otros abusos cometidos durante la dictadura de Fulgencio Batista. Pero aquella estructura judicial extraordinaria evolucionó rápidamente: en cuestión de meses dejó de ocuparse exclusivamente de miembros del aparato represivo del antiguo régimen y comenzó a procesar también a antiguos revolucionarios, opositores y acusados de actividades contrarrevolucionarias.

Esa transformación es clave para entender un período de la historia cubana que sigue dividido entre dos narrativas extremas. Una sostiene que todos los ejecutados eran inocentes; la otra presenta aquellos procesos como juicios ordinarios con plenas garantías. La documentación disponible obliga a una lectura más compleja.

JUSTICIA CONTRA LOS CRÍMENES DE BATISTA

La represión bajo Batista fue real y dejó víctimas de asesinatos, torturas, encarcelamientos y persecución política. Por eso, al caer el régimen existía un amplio respaldo social a castigar a quienes habían participado en esos abusos.

Los primeros tribunales revolucionarios se apoyaron en una estructura creada incluso antes de enero de 1959 por el Ejército Rebelde. Posteriormente, nuevas normas ampliaron la aplicación de la pena de muerte y permitieron procedimientos especiales para militares, policías, confidentes y colaboradores vinculados al antiguo régimen.

Sin embargo, existía un problema jurídico importante: algunas disposiciones suspendieron garantías como el habeas corpus para quienes quedaban sometidos a la jurisdicción revolucionaria y autorizaron la aplicación retroactiva de determinadas normas, según la documentación analizada en el material base.

Las preocupaciones internacionales por las garantías judiciales aparecieron desde las primeras semanas. Documentos diplomáticos estadounidenses de 1959 registraron fuertes críticas en América Latina por la ausencia de procedimientos judiciales considerados adecuados y por la rapidez de las ejecuciones.

SANTIAGO DE CUBA Y LOS FUSILAMIENTOS DE ENERO

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió el 12 de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Fuentes de la época sitúan en alrededor de 70 el número de personas ejecutadas después de los procesos realizados allí. TIME reportó que aquel día murieron 70 prisioneros y señaló que también hubo condenas de cárcel y absoluciones.

Eso introduce una distinción importante: hubo acusados contra quienes se presentaron testimonios y denuncias concretas por crímenes cometidos bajo Batista; al mismo tiempo, la rapidez de muchos procedimientos, el carácter militar de los tribunales y las ejecuciones casi inmediatas generaron cuestionamientos sobre el debido proceso.

Ante las críticas internacionales, el Gobierno organizó en enero la llamada Operación Verdad, a la que fueron convocados cientos de periodistas extranjeros para defender públicamente los juicios revolucionarios. La propia diplomacia cubana recuerda esa operación como una respuesta a la cobertura internacional sobre los fusilamientos.

EL JUICIO DE SOSA BLANCO: TESTIGOS, MULTITUD Y ESPECTÁCULO

El proceso contra el militar batistiano Jesús Sosa Blanco mostró otra característica de aquella justicia: la enorme exposición pública.

Sosa Blanco fue juzgado ante miles de espectadores en la Ciudad Deportiva de La Habana. El archivo de Yale conserva material fotográfico del juicio público, mientras fuentes contemporáneas documentaron la participación de numerosos testigos que lo acusaban de graves abusos.

No fue simplemente una lectura de una sentencia: hubo testigos y acusaciones concretas. Pero la multitud, las cámaras y un ambiente social abiertamente favorable al castigo convirtieron el juicio en un proceso difícil de comparar con un tribunal independiente convencional. El material base señala que asistieron entre 15.000 y 18.000 personas.

EL CASO DE LOS AVIADORES Y EL LÍMITE DE UNA ABSOLUCIÓN

Todavía más revelador fue el proceso contra decenas de pilotos, artilleros y mecánicos de la aviación de Batista acusados de bombardear zonas donde operaban los rebeldes.

El primer tribunal absolvió a los acusados al considerar que no se había demostrado responsabilidad criminal individual suficiente. Pero Fidel Castro criticó públicamente el resultado y pocos días después el fallo fue revertido: solo dos quedaron libres y los restantes recibieron condenas de entre dos y 30 años.

El presidente del primer tribunal, comandante Félix Pena Díaz, murió posteriormente. La versión oficial habló de suicidio. Las sospechas posteriores sobre otra posible causa no están demostradas de manera concluyente y no deben presentarse como hecho.

CHE GUEVARA Y LA CABAÑA: QUÉ PUEDE AFIRMARSE

Ernesto Che Guevara estuvo al mando de la fortaleza de La Cabaña durante los primeros meses de 1959, cuando allí funcionaban prisión y tribunales revolucionarios.

Pero es necesario evitar dos simplificaciones: Guevara no actuaba personalmente como juez único ni existe fundamento sólido para afirmar que él mismo ejecutó a centenares de personas. Sí tenía autoridad de mando y responsabilidad institucional sobre el complejo y sobre el sistema en el que se revisaban sentencias.

Las estimaciones sobre ejecuciones producidas en La Cabaña durante su etapa de mando varían sustancialmente. El propio material analizado sitúa los cálculos entre unas 55 y algo más de 100, una diferencia que aconseja evitar cifras absolutas.

CUANDO LOS ACUSADOS DEJARON DE SER BATISTIANOS

El cambio decisivo llegó cuando aquella justicia comenzó a aplicarse contra figuras que habían combatido a Batista.

En octubre de 1959, Huber Matos, comandante del Ejército Rebelde, renunció denunciando el creciente peso comunista dentro de la Revolución. Fue arrestado y condenado a 20 años de prisión después de que el Gobierno lo acusara de sedición y conspiración. Sus defensores sostuvieron que se castigaba fundamentalmente una ruptura política.

Más tarde, William Alexander Morgan, estadounidense que había luchado contra Batista, fue acusado de conspiración y de apoyar con armas a opositores. Terminó fusilado en marzo de 1961 junto al antiguo comandante rebelde Jesús Carrera Sayas. La trayectoria de Morgan —de combatiente revolucionario a ejecutado por el propio nuevo poder— está ampliamente documentada.

Así, el universo de personas alcanzadas por la legislación revolucionaria se había ampliado notablemente: ya no se limitaba a torturadores y militares batistianos.

¿CUÁNTOS FUERON FUSILADOS?

Aquí aparece una de las zonas más difíciles de la historia.

No existe una cifra única aceptada. La prensa extranjera de enero de 1959 ya hablaba de más de 200 ejecuciones, y PBS utiliza una estimación de hasta 500 antiguos funcionarios y partidarios de Batista ejecutados durante enero y febrero de aquel año.

Por otro lado, el jurista cubano Raúl Gómez Treto publicó que entre 1959 y 1987 fueron dictadas 237 condenas a muerte, de las cuales 21 no se ejecutaron, es decir, 216 ejecuciones según esa categoría estadística.

La dificultad resulta evidente: esa cifra para casi tres décadas es prácticamente imposible de reconciliar con los recuentos periodísticos contemporáneos de los primeros meses de 1959 sin conocer exactamente qué casos incluyó Gómez Treto bajo su definición. El propio material base advierte que no existe acceso suficiente a la documentación para explicar la discrepancia.

DE JUSTICIA REVOLUCIONARIA A INSTRUMENTO POLÍTICO

El punto esencial no consiste en negar los crímenes de Batista ni convertir automáticamente en inocentes a quienes fueron acusados después de 1959.

Hubo torturadores y responsables de asesinatos reales. Hubo testimonios, condenas de prisión e incluso absoluciones.

Pero tampoco puede describirse aquel sistema como una justicia ordinaria e independiente. Hubo legislación retroactiva, tribunales militares, procedimientos sumarísimos, ejecuciones muy rápidas e intervenciones políticas que cuestionaron la separación entre el tribunal y el poder revolucionario.

La transformación resulta quizá más reveladora que cualquier estadística: un sistema nacido con amplio respaldo para castigar los crímenes de una dictadura terminó siendo utilizado también contra hombres que habían combatido esa misma dictadura junto a Fidel Castro.