JUAN ESCALONA REGUERA: EL HOMBRE QUE OFICIÓ LA BODA DE RAÚL CASTRO Y DESPUÉS PIDIÓ SIETE PENAS DE MUERTE EN LA CAUSA OCHOA

Juan Aníbal Escalona Reguera ocupó durante décadas algunos de los puestos jurídicos y políticos más importantes del sistema cubano. Pero dos episodios separados por 30 años resumen de forma especialmente llamativa su trayectoria: en 1959 ofició como notario la boda de Raúl Castro y Vilma Espín; en 1989, siendo ministro de Justicia, fue escogido para ejercer como fiscal acusador en la Causa 1, el proceso contra el general Arnaldo Ochoa y otros altos oficiales, donde solicitó siete penas de muerte.

El tribunal finalmente impuso cuatro condenas capitales. Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón fueron ejecutados el 13 de julio de 1989 después de que el Consejo de Estado decidiera no conmutar las sentencias.

La historia de Escalona resulta particularmente relevante porque el juicio que lo hizo conocido internacionalmente no frenó su carrera. Ocurrió lo contrario: pocos meses después pasó a presidir la Asamblea Nacional y posteriormente dirigió durante años la Fiscalía General de la República.

Del notariado de El Cobre al círculo de Raúl Castro

Escalona nació en Santiago de Cuba el 22 de junio de 1931 y estudió Derecho. En relatos publicados posteriormente por medios oficiales cubanos aparece vinculado desde joven al Partido Socialista Popular y a actividades relacionadas con opositores al gobierno de Fulgencio Batista.

En 1958 se incorporó al Segundo Frente Oriental Frank País, encabezado por Raúl Castro. Allí desempeñó funciones jurídicas como auditor y participó en la organización administrativa de territorios controlados por los rebeldes.

La cercanía con Raúl también tuvo una expresión personal.

El 26 de enero de 1959, Escalona actuó como notario en el matrimonio de Raúl Castro y Vilma Espín en Santiago de Cuba. Años después, una exposición del Memorial Vilma Espín mostró incluso el acta matrimonial firmada ante Escalona.

Tras 1959 ocupó responsabilidades militares, administrativas y jurídicas dentro del nuevo poder revolucionario.

Escalona ya había participado en tribunales revolucionarios

Antes de la famosa Causa 1 de 1989, Escalona había ejercido como fiscal militar en los primeros años posteriores al triunfo revolucionario.

Una reproducción de la sentencia correspondiente a la Causa 829 de 1960 identifica al entonces capitán Juan Escalona Reguera como fiscal del Tribunal Revolucionario que procesó a un amplio grupo de acusados relacionados con la insurgencia del Escambray.

El documento citado señala que cinco hombres fueron condenados a muerte y fusilados el 13 de octubre de 1960. Debido a que esa documentación procede de archivos y organizaciones no oficiales, conviene diferenciar el dato documental de interpretaciones posteriores sobre las circunstancias políticas de aquel juicio.

Ese antecedente demuestra, al menos, que la participación de Escalona en procesos con solicitudes de pena capital precedía por décadas al caso Ochoa.

La Causa 1 de 1989

En 1989 Escalona no era fiscal general, como a veces se afirma. Era ministro de Justicia y fue designado específicamente para actuar como representante del Ministerio Fiscal en el proceso contra 14 integrantes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.

El juicio abordó acusaciones de narcotráfico, operaciones ilegales, corrupción y otros delitos.

Escalona pidió la pena de muerte para siete acusados, entre ellos Ochoa y Antonio de la Guardia. Para otros procesados reclamó extensas condenas de prisión.

La acusación tuvo además un marcado componente político. Reportes contemporáneos de El País recogieron que Escalona presentó las actuaciones de Ochoa no solo como delitos, sino como una traición al pueblo, a la Revolución y al propio Fidel Castro.

El tribunal redujo las siete solicitudes de pena capital a cuatro. Después de la revisión judicial correspondiente, el Consejo de Estado presidido por Fidel Castro decidió no ejercer la posibilidad de conmutación.

Los cuatro condenados fueron fusilados.

El juicio no destruyó su carrera

Uno de los datos que desmiente una idea repetida durante años es que la Causa 1 no terminó con la carrera política de Escalona.

En 1990, apenas meses después del proceso, pasó a presidir la Asamblea Nacional del Poder Popular. Documentos oficiales de la época llevan su firma en calidad de presidente del Parlamento, cargo que ocupó hasta 1993.

Durante ese período se desarrolló, entre otros cambios, la reforma institucional y electoral de 1992.

Posteriormente pasó a dirigir la Fiscalía General de la República. En marzo de 2010 fue sustituido, oficialmente por problemas de salud. La prensa de la época recordó entonces su larga trayectoria junto a Raúl Castro y su participación en el juicio de Ochoa.

Incluso después de abandonar la Fiscalía continuó recibiendo reconocimiento institucional: en 2011 obtuvo el Premio Nacional de Derecho otorgado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Una figura inseparable del poder político cubano

La trayectoria de Escalona permite comprender algo más amplio que la biografía de un jurista.

Fue auditor de la guerrilla dirigida por Raúl Castro, participó en tribunales revolucionarios, ocupó responsabilidades militares, fue ministro de Justicia, fiscal de uno de los procesos más controvertidos de la historia reciente cubana, presidente del Parlamento y posteriormente fiscal general.

Por eso, reducir su papel en la Causa 1 a la participación de un fiscal ordinario sería impreciso.

Escalona llegó a aquel tribunal después de décadas formando parte de las estructuras políticas, militares y jurídicas de la Revolución.

Y lo ocurrido posteriormente resulta igualmente significativo: lejos de marginarlo, el sistema continuó confiándole algunas de sus responsabilidades institucionales más importantes.