DÍAZ-CANEL PIDE MÁS PRODUCCIÓN A LAS MIPYMES, PERO ADVIERTE QUE CONTINUARÁ LA “OFENSIVA” DE CONTROLES

Miguel Díaz-Canel volvió a colocar al sector privado en Cuba en el centro de la estrategia económica oficial, pero acompañó ese reconocimiento con una advertencia: la presión estatal contra lo que el Gobierno define como especulación, acaparamiento, evasión fiscal y violaciones de las normas de pago electrónico continuará. Según el material facilitado a CubaBajoLupa, el gobernante realizó estas declaraciones durante un encuentro con representantes privados en el que reclamó una mayor producción nacional de alimentos, bienes y servicios.

El mensaje refleja una de las contradicciones más visibles de la política económica cubana actual. Mientras el Gobierno amplía los espacios permitidos a las mipymes y reconoce que necesita recursos, capital humano y capacidad productiva del sector no estatal, simultáneamente mantiene inspecciones, multas, cierres y ventas forzosas como herramientas de control sobre esos mismos negocios.

EL SECTOR PRIVADO EN CUBA GANA ESPACIO, PERO TAMBIÉN CONTROLES

La necesidad gubernamental de recurrir a los actores privados no es únicamente retórica. Cuba cuenta ya con más de 15.600 mipymes, según datos difundidos por autoridades y recogidos por IPS Cuba, y durante 2026 se redujo el número de actividades económicas vedadas a la gestión no estatal. La nueva normativa abrió espacios anteriormente restringidos en áreas como comercio, industria, energía, minería y servicios farmacéuticos.

Las autoridades han presentado esta apertura como parte de un programa más amplio de transformaciones económicas. Funcionarios cubanos han reconocido que buscan aprovechar capacidades productivas y trabajadores que actualmente se encuentran fuera del sector estatal, en un momento de severa escasez y deterioro de numerosos servicios.

Pero una mayor participación privada no significa menor supervisión estatal. De acuerdo con el material base proporcionado para esta nota, Díaz-Canel afirmó que seguirá adelante una “ofensiva” frente a determinadas prácticas comerciales y fiscales. CubaBajoLupa no localizó durante la verificación una publicación oficial accesible que permitiera comprobar de manera independiente la literalidad completa de esa declaración, por lo que la atribución se mantiene vinculada al material recibido.

VILLA CLARA: MULTAS, DECOMISOS Y VENTAS FORZOSAS

Lo que sí está ampliamente documentado es el endurecimiento de las inspecciones sobre negocios privados en varias provincias. En Villa Clara, el Consejo Provincial estableció en agosto una tasa máxima del 30 % de margen comercial para determinados alimentos de primera necesidad y anunció sanciones que pueden incluir multas, decomisos, ventas forzosas, cierres temporales e incluso cancelación de licencias.

La prensa oficial había informado ya en junio que solo durante un ejercicio de control en Villa Clara se realizaron 1.773 inspecciones y se aplicaron 1.554 multas, además de ventas forzosas, cierres de establecimientos y decomisos de mercancías. Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuraban irregularidades en los precios, retención de productos y negativa a utilizar los sistemas establecidos de pago electrónico.

En agosto continuaron los operativos. Reportes sobre las inspecciones provinciales documentaron actuaciones contra vendedores de alimentos y casos en los que las autoridades ordenaron sacar mercancías almacenadas a la venta. CubaNet informó, por ejemplo, de multas y ventas forzosas relacionadas con aceite, huevos y azúcar.

PRECIOS QUE MUESTRAN EL TAMAÑO DE LA CRISIS

La intervención administrativa también deja al descubierto otro problema: los precios que soporta actualmente el consumidor cubano. El Gobierno de Villa Clara fijó referencias minoristas de alrededor de 2.500 pesos por litro de aceite, 3.465 pesos por kilogramo de leche en polvo y 410 pesos por libra de azúcar blanca, de acuerdo con información publicada por Juventud Rebelde.

El material proporcionado a CubaBajoLupa menciona, además, actuaciones contra establecimientos donde se ofrecía azúcar a 500 pesos la libra y leche en polvo a 4.000 pesos el kilogramo, así como la venta obligatoria de nueve botellas de aceite consideradas retenidas. Esos detalles específicos no pudieron ser comprobados de forma independiente en las fuentes oficiales consultadas y, por esa razón, no deben interpretarse aquí como hechos confirmados.

LA CONTRADICCIÓN QUE ENFRENTA EL GOBIERNO

El escenario deja al Gobierno cubano ante una ecuación compleja: necesita que el sector privado importe, produzca, distribuya mercancías y cubra espacios que el sistema estatal no logra abastecer adecuadamente, pero al mismo tiempo pretende mantener un fuerte control administrativo sobre precios, métodos de pago, inventarios y márgenes comerciales.

Esa tensión cobra mayor relevancia después de que las reformas de 2026 ampliaran de forma considerable las áreas permitidas a los negocios privados. IPS Cuba ha descrito estos cambios como una apertura significativa, impulsada precisamente por las limitaciones productivas y de personal que enfrenta la economía estatal.

Por eso, el mensaje atribuido ahora a Díaz-Canel resulta significativo: el sector privado es presentado simultáneamente como una pieza necesaria para enfrentar la crisis y como objeto de una “ofensiva” de fiscalización. La evolución de esa relación será determinante para conocer cuánto espacio económico real tendrán las mipymes cubanas después de la ampliación legal aprobada durante 2026.