¿SE ACABÓ EL SUBSIDIO? RÉGIMEN BUSCA MIPYMES PARA GESTIONAR COMEDORES DESTINADOS A PERSONAS VULNERABLES EN CUBA

El Gobierno cubano comenzó a definir el procedimiento para que mipymes, trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos puedan gestionar establecimientos del Sistema de Atención a la Familia (SAF), un programa destinado a garantizar alimentación a personas mayores, discapacitados y hogares en situación de vulnerabilidad.

La medida no supone la desaparición del SAF ni una privatización completa del programa. El Estado conservará la decisión sobre quiénes reciben el beneficio y continuará financiando los subsidios, pero permitirá que la operación cotidiana de determinados comedores pase a manos de gestores externos a las empresas municipales de Comercio.

CÓMO SERÁ LA LICITACIÓN DE LOS COMEDORES DEL SAF

Según el procedimiento divulgado por el Ministerio del Comercio Interior (Mincin), las empresas municipales deberán anunciar públicamente cuáles establecimientos pueden pasar a ser administrados por otros actores económicos, indicando su ubicación y características.

A partir de ese anuncio, los interesados dispondrán de siete días hábiles para presentar sus proyectos. Las propuestas serán examinadas y la empresa determinará posteriormente si realiza una licitación pública o restringida.

Una vez iniciada formalmente la convocatoria, la recepción y evaluación de las ofertas deberá completarse en un plazo de 10 días hábiles, con participación de la Dirección Municipal de Comercio.

Sin embargo, ganar esa evaluación no bastará. El proyecto seleccionado tendrá que pasar por el Grupo de Atención a las Políticas Sociales del territorio y finalmente por el Consejo de Administración Municipal, que tendrá la última palabra sobre la adjudicación.

EL NUEVO GESTOR NO PODRÁ CONVERTIR EL COMEDOR EN UN RESTAURANTE COMÚN

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que cambiar el administrador no elimina la función social de estos establecimientos.

El adjudicatario deberá firmar un contrato que lo obligará a mantener los servicios correspondientes al SAF, asumir compromisos sobre el mantenimiento del local y el equipamiento y coordinar las relaciones necesarias con las instituciones vinculadas al programa.

También deberá definirse qué ocurrirá con los trabajadores actuales, los inventarios, los activos fijos y los contratos de suministros existentes.

El marco regulatorio exige además condiciones sanitarias, disponibilidad de agua, capacidad para elaborar alimentos y servicio a domicilio para aquellas personas beneficiarias que, debido a su estado de salud, no puedan trasladarse.

En áreas rurales o de difícil acceso donde no existan establecimientos gastronómicos, se abre incluso la posibilidad de prestar el servicio mediante hogares de alimentación comunitaria o personas naturales desde sus viviendas, según el procedimiento divulgado por Comercio Interior.

EL ESTADO CONSERVA EL SUBSIDIO, PERO BUSCA QUIÉN OPERE EL SERVICIO

La apertura desarrolla lo establecido en la Resolución 14/2026 del Mincin y en el Acuerdo 10418 del Consejo de Ministros, según la información proporcionada sobre las nuevas normas.

El cambio resulta significativo porque modifica quién puede ejecutar un servicio históricamente asociado al comercio estatal. Pero el Gobierno mantiene elementos esenciales bajo su control: la selección de los beneficiarios, la aprobación de los gestores y el financiamiento de los subsidios.

En otras palabras, el Estado no abandona formalmente el SAF, pero sí está buscando que otros actores asuman una parte creciente de su funcionamiento práctico.

El movimiento tampoco surge de la nada. Ya en 2025, autoridades del comercio reconocían públicamente que alrededor del 30% de las unidades del SAF en Villa Clara estaban vinculadas con formas no estatales de gestión, mientras otras dependían de proyectos de colaboración. También admitían dificultades para garantizar viandas, hortalizas, vegetales y frutas.

UN PROGRAMA PARA VULNERABLES CADA VEZ MÁS DEPENDIENTE DE APOYO EXTERNO

Las dificultades materiales del SAF han quedado expuestas en otras ocasiones. En abril de 2026, por ejemplo, el Gobierno de Canarias entregó en Villa Clara un triciclo eléctrico, una planta eléctrica y una máquina de hielo destinados a apoyar el servicio, una muestra de la dependencia que algunas unidades tienen de proyectos de cooperación para cubrir necesidades básicas.

El SAF existe desde finales de la década de 1990 y fue concebido para atender, entre otros grupos, a personas con bajos ingresos que no pueden garantizar por sí solas la elaboración diaria de alimentos. La prensa oficial reconocía ya años atrás que decenas de miles de cubanos dependían de estos comedores.

La entrada de mipymes y otros gestores podría aportar capacidad de gestión, abastecimiento o mantenimiento que las empresas estatales no están logrando garantizar. Pero también deja preguntas importantes: qué precios serán autorizados, cómo se controlará la calidad, qué ocurrirá cuando un gestor privado considere insuficiente el financiamiento y cómo garantizará el Estado que un servicio dirigido a personas vulnerables siga siendo accesible.

Esas respuestas serán determinantes. Porque en este caso no se está licitando simplemente un restaurante: se está transfiriendo la operación de un servicio del que dependen personas que, precisamente por su vulnerabilidad, tienen pocas alternativas.