Una familia cubana que llegó a Estados Unidos en 2021 anunció que planea regresar definitivamente a Cuba ante el temor de que una próxima audiencia migratoria termine con una orden de deportación contra el esposo.

Jessica Suárez explicó en un video publicado en Facebook que ella, su pareja y sus tres hijas decidieron marcharse voluntariamente después de varios años intentando regularizar su situación sin conseguir la residencia. Su testimonio expone la incertidumbre que afecta a numerosos cubanos liberados en la frontera con el formulario I-220A.

Cinco años entre trámites, errores y miedo

Según relató Suárez, la familia comenzó sus gestiones migratorias en 2022, pero continúa sin obtener una respuesta favorable.

“La odisea para poder obtener los papeles para nosotros ha sido literalmente una pesadilla”, afirmó. También aseguró que algunas personas prepararon incorrectamente sus trámites y que otras cobraron dinero sin realizar el trabajo prometido.

“Todavía estamos en el 2026 y nada de la bendita residencia”, lamentó.

El I-220A es una orden de liberación bajo palabra utilizada para permitir que determinadas personas permanezcan fuera de custodia mientras continúan sus procesos migratorios. Una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración estableció que esa liberación condicional no equivale al parole migratorio exigido normalmente para ajustar estatus mediante ciertas vías, incluida la Ley de Ajuste Cubano.

Esa diferencia jurídica ha dejado a muchos cubanos dentro de procesos ante las cortes de inmigración y sin una ruta automática hacia la residencia.

La audiencia que cambió los planes de la familia

Suárez dijo que la audiencia final de su esposo estaba prevista para agosto y reconoció que la proximidad de esa fecha provocó miedo dentro del hogar.

“Se acerca la corte final para mi esposo y estamos cagados de miedo”, expresó en el video.

La cubana sostuvo que el proceso se convirtió en una “tortura psicológica” y manifestó su temor a que la familia quede separada. Frente a ese escenario, explicó que prefiere abandonar Estados Unidos junto a su esposo antes que verlo detenido o deportado solo.

“Yo la verdad no quiero que nos boten de este país y perder la posibilidad de regresar para siempre”, señaló. “No lo voy a dejar solo en el momento en que él más nos necesita”.

Su hija menor nació en Estados Unidos y, según indicó, es ciudadana estadounidense. Suárez reconoció el impacto de la decisión sobre las niñas, pero señaló que la menor conservaría la posibilidad de regresar legalmente en el futuro.

Salir voluntariamente no elimina todos los riesgos

La salida voluntaria dentro de un procedimiento migratorio es una figura jurídica específica que debe ser concedida por un juez. Puede permitir que una persona abandone Estados Unidos sin recibir una orden formal de deportación, pero sus requisitos y consecuencias dependen del momento procesal y de las circunstancias individuales.

Por ejemplo, solicitarla antes de concluir el proceso puede exigir reconocer que la persona es removible, retirar otras solicitudes de protección y renunciar a una apelación. Por eso, abandonar el país sin evaluar primero el expediente podría afectar peticiones pendientes o futuras posibilidades de regreso.

El caso de esta familia no permite determinar públicamente qué solicitudes tiene activas, qué recomendó su abogado ni si pedirán formalmente la salida voluntaria ante el tribunal. Por ello, su experiencia no debe interpretarse como orientación legal para otros cubanos con I-220A.

Una decisión que divide opiniones

El video generó numerosas reacciones. Algunos usuarios respaldaron la decisión de mantener unida a la familia y evitar una deportación forzada. Otros advirtieron sobre la escasez, los apagones y las dificultades económicas que enfrentarán al regresar a Cuba.

Suárez admitió que muchas amistades consideran su decisión desesperada, pero respondió que esas personas ya tienen un estatus migratorio regular.

“Este país definitivamente no nos abrió las puertas”, concluyó, resumiendo la frustración acumulada después de años de trámites fallidos.

Su historia muestra el costo humano del limbo migratorio: familias que construyeron una vida en Estados Unidos, pero continúan sin saber si podrán permanecer juntas cuando llegue la próxima audiencia.