ERA JUEZA EN CUBA, LLEGÓ CON I-220A Y AHORA ICE LA TIENE DETENIDA ACUSADA POR HABER PERTENECIDO AL PCC: QUÉ PASÓ CON KATRINA CASTRO

La cubana Katrina Castro-Menéndez, exjueza de 41 años natural de Matanzas y beneficiaria de una I-220A, permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el 12 de junio en el Broward Transition Center, mientras enfrenta un proceso migratorio en el que el Gobierno estadounidense cuestiona posibles inconsistencias en sus solicitudes y una supuesta vinculación con el Partido Comunista de Cuba que ella niega.

El caso acaba de adquirir otra dimensión: el 10 de agosto de 2026 Castro-Menéndez presentó una petición federal de habeas corpus contra ICE ante el Distrito Sur de Florida, un procedimiento mediante el cual una persona detenida puede cuestionar judicialmente la legalidad de su detención. El expediente continúa activo y fue asignado a la jueza federal Melissa Damian.

DE JUEZA EN CUBA A DETENIDA POR ICE EN FLORIDA

Castro-Menéndez estudió Derecho en la Universidad de La Habana y comenzó su carrera judicial realizando el servicio social en Cárdenas. Posteriormente trabajó como jueza en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana. Según declaró a El País, atendía fundamentalmente delitos menores y aseguró que nunca condenó a personas por participar en protestas políticas.

Dejó la judicatura en 2014 y comenzó a trabajar como abogada. En 2019 salió de Cuba hacia México para cursar estudios relacionados con derechos humanos y dos años después decidió viajar a Estados Unidos.

El 13 de agosto de 2021 se presentó en la frontera de Arizona y posteriormente fue liberada con un formulario I-220A, documento que desde hace años mantiene a numerosos cubanos en una situación migratoria compleja mientras intentan regularizar su estatus.

Durante su estancia en Estados Unidos vivió con su esposo y su hija y trabajó realizando labores de limpieza mientras intentaba encaminar su situación profesional y migratoria.

Todo cambió la mañana del 12 de junio.

Según su relato, seis agentes de inmigración la interceptaron cuando salía de su vivienda en Cooper City. Fue llevada primero a instalaciones de ICE en Miramar y posteriormente trasladada al centro de detención de Broward, donde continúa recluida.

POR QUÉ EL GOBIERNO DE EE.UU. CUESTIONA SU CASO

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Castro-Menéndez podría ser inadmisible por haber intentado obtener beneficios migratorios mediante fraude o tergiversación deliberada.

Una parte central del conflicto está relacionada con las respuestas que aparecieron en sus solicitudes migratorias.

En su primera solicitud de asilo, el formulario I-589 indicaba que no había pertenecido a organizaciones políticas o grupos. Castro-Menéndez afirma que esa solicitud fue preparada por un bufete al que pagó unos 3,000 dólares y sostiene que el abogado no realizó una entrevista detallada antes de completar el documento.

Posteriormente, al tramitar el formulario I-485 para solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, declaró que había pertenecido a organizaciones cubanas como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). También reconoció su pertenencia a la Federación Estudiantil Universitaria durante sus estudios.

La diferencia entre ambas solicitudes forma parte de los cuestionamientos que ahora enfrenta.

LA ACUSACIÓN MÁS DELICADA: SU SUPUESTA RELACIÓN CON EL PARTIDO COMUNISTA

Existe además un segundo frente que puede resultar determinante.

DHS sostiene que Castro-Menéndez negó haber pertenecido al Partido Comunista de Cuba, pese a que las autoridades consideran que su trabajo como jueza dentro del sistema judicial cubano implicaba una afiliación o asociación con el PCC que debió ser informada durante el procedimiento migratorio.

Castro-Menéndez lo niega categóricamente.

Su posición es que nunca perteneció al Partido Comunista, y rechaza la idea de que ser juez en Cuba implique automáticamente ser militante de esa organización.

Ese punto no es menor. El País consultó a tres personas que ejercieron como jueces en Cuba y estas afirmaron que pertenecer al PCC no constituye obligatoriamente un requisito para ocupar un cargo judicial.

Por tanto, existe una disputa de hechos que tendrá que resolverse mediante documentación y evidencia, no simplemente a partir de la condición profesional que Castro-Menéndez tuvo en Cuba.

“NO HE SIDO DEL PARTIDO COMUNISTA”

El 5 de agosto, Castro-Menéndez compareció por primera vez ante un juez de inmigración y lo hizo sin abogado.

Cuando fue interrogada acerca de las inconsistencias entre sus documentos, sostuvo que desconocía los errores de la primera solicitud y responsabilizó a la forma en que había sido preparada por el bufete que contrató.

También reconoció su pertenencia a CDR, FMC y FEU, pero cuando el juez volvió a preguntarle directamente si había sido miembro del Partido Comunista, respondió que nunca había pertenecido al PCC en Cuba ni a ningún Partido Comunista en otro país.

El caso, por tanto, no puede reducirse a la afirmación de que Estados Unidos “descubrió” que fue comunista. Eso todavía está en disputa.

Lo confirmado es que DHS sostiene que hubo una omisión, mientras ella rechaza esa acusación y afirma que nunca existió esa militancia.

UNA DEMANDA FEDERAL CONTRA ICE

Mientras continúa el procedimiento migratorio, existe ahora una segunda batalla judicial.

El 10 de agosto, Castro-Menéndez presentó ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida una petición de writ of habeas corpus bajo la sección 2241 del Código de Estados Unidos, dirigida contra ICE.

El expediente aparece identificado como Castro-Menendez v. U.S. Immigration and Custom Enforcement, caso número 0:26-cv-62209.

El 12 de agosto, el tribunal emitió una Order to Show Cause, un paso procesal mediante el cual se exige una respuesta sobre las cuestiones planteadas en la petición. También consta en el expediente la comparecencia de un abogado.

Hasta este momento, el registro consultado no muestra una decisión final que ordene su liberación ni confirma una deportación definitiva. El proceso federal permanece activo.

POR QUÉ ESTE CASO IMPORTA A OTROS CUBANOS CON I-220A

El expediente de Katrina Castro-Menéndez tiene características muy particulares: fue jueza en Cuba, existen discrepancias entre documentos migratorios y DHS cuestiona específicamente una posible relación con el Partido Comunista.

Por eso sería incorrecto afirmar que su situación significa que todos los cubanos con I-220A están en el mismo riesgo por las mismas razones.

Pero el caso sí vuelve a mostrar algo que preocupa a miles de familias cubanas: tener una I-220A y llevar años viviendo en Estados Unidos no equivale por sí solo a haber obtenido residencia permanente ni elimina la posibilidad de enfrentar procedimientos migratorios.

También pone sobre la mesa otro problema serio: las respuestas incluidas en formularios de inmigración pueden adquirir enorme importancia años después, incluso cuando el inmigrante sostiene que fueron preparadas incorrectamente por un abogado.

Ahora serán los tribunales los que deberán determinar si las inconsistencias atribuidas a Castro-Menéndez constituyen una tergiversación intencional, si existe evidencia de una afiliación política que ella haya ocultado y, paralelamente, si su permanencia bajo custodia de ICE puede sostenerse legalmente.

Mientras eso ocurre, la exjueza cubana continúa detenida en Broward y separada de su familia.