EDUARDO DÍAZ IZQUIERDO, EL OFICIAL DEL JUICIO DE OCHOA QUE DIJO CREER QUE EL NARCOTRÁFICO ESTABA AUTORIZADO “AL MÁXIMO NIVEL” EN CUBA

Eduardo Díaz Izquierdo nunca alcanzó la notoriedad del general Arnaldo Ochoa ni de Antonio “Tony” de la Guardia. Sin embargo, durante la Causa 1 de 1989 dejó una declaración que todavía plantea una de las preguntas más incómodas de aquel proceso: hasta dónde llegaba el conocimiento de las operaciones de narcotráfico realizadas desde estructuras del Ministerio del Interior de Cuba.

Durante el juicio, Díaz Izquierdo reconoció su participación en operaciones ilegales y afirmó haber llegado a pensar, debido a los recursos y facilidades disponibles, que aquellas actividades contaban con autorización superior. La prensa internacional que cubrió el proceso recogió que el oficial llegó a decir que creía que estaban autorizadas “al máximo nivel”.

La declaración no demuestra que Fidel Castro, Raúl Castro u otros dirigentes superiores conocieran o autorizaran el narcotráfico. Pero adquiere relevancia histórica porque fue pronunciada por alguien situado dentro de la estructura operativa que ejecutaba esas actividades.

UN SUBORDINADO DENTRO DEL DEPARTAMENTO MC

Díaz Izquierdo estaba vinculado al Departamento MC del Ministerio del Interior, encabezado por Antonio de la Guardia. El País describió en 1989 esa dependencia como una estructura encargada de conseguir tecnología y productos a los que Cuba tenía dificultades para acceder debido al embargo estadounidense.

El libro Causa 1/89: fin de la conexión cubana, publicado por la Editorial José Martí en 1989 con la documentación oficial del proceso, tiene 481 páginas e incluye repetidamente a Eduardo Díaz Izquierdo entre los acusados y testimonios de aquella causa.

Según lo presentado durante el proceso, Díaz Izquierdo no figuraba como uno de los principales organizadores, sino como parte del engranaje operativo subordinado a oficiales de mayor rango.

El juicio describió una estructura que utilizaba recursos institucionales para desarrollar las operaciones. El proceso judicial concluyó que los 14 acusados estuvieron vinculados con el traslado de aproximadamente seis toneladas de cocaína y con operaciones que generaron millones de dólares.

Documentos contemporáneos del proceso también recogen el caso de 156 kilogramos de cocaína enterrados en Cayo Romero, al norte de Punta Hicacos. Los análisis del Laboratorio Central de Criminalística identificaron las muestras y las relacionaron en el expediente con Amado Padrón Trujillo y Eduardo Díaz Izquierdo.

“PENSÉ QUE ESTABA AUTORIZADO”

Ese contexto es precisamente lo que hace significativa la declaración de Díaz Izquierdo.

Al ser interrogado sobre si había pensado que las actividades podían estar autorizadas, explicó que los recursos disponibles y las posibilidades facilitadas para realizarlas lo llevaron a considerar esa opción.

El fiscal insistió en determinar a qué nivel se refería.

El País, que siguió el juicio en La Habana, informó entonces que Díaz Izquierdo había manifestado que creía que la operación de contrabando estaba autorizada “al máximo nivel”.

Esa afirmación debe interpretarse con precisión: Díaz Izquierdo expresó una creencia o percepción personal; no presentó en ese momento una orden documental procedente de la máxima dirección del país que demostrara esa autorización.

Por ello, convertir su declaración en prueba de que Fidel Castro o la cúpula del Gobierno ordenaron directamente aquellas operaciones iría más allá de lo que permite establecer el testimonio disponible.

Lo que sí muestra es algo diferente: dentro del propio aparato operativo, al menos uno de los participantes dijo haber considerado posible que una actividad de semejante magnitud estuviera respaldada por niveles superiores.

SIETE PETICIONES DE MUERTE, PERO SOLO CUATRO EJECUCIONES

El fiscal Juan Escalona Reguera llegó a solicitar la pena de muerte para siete procesados, entre ellos Eduardo Díaz Izquierdo. También pidió la máxima sanción para Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Amado Padrón, Jorge Martínez Valdés, Antonio Sánchez Lima y Alexis Lago Arocha.

La sentencia final fue diferente.

Ochoa, Antonio de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez Valdés fueron condenados a muerte. Díaz Izquierdo recibió 30 años de prisión, al igual que otros procesados de la causa.

La Causa 1 terminó así concentrando judicialmente la responsabilidad en el grupo procesado. Sin embargo, declaraciones como la de Díaz Izquierdo mantuvieron abierta durante décadas una discusión histórica distinta: si unas operaciones que empleaban personal, vehículos, instalaciones y otros recursos vinculados al Estado podían desarrollarse sin conocimiento fuera del círculo finalmente condenado.

La documentación disponible no permite responder definitivamente esa pregunta.

QUÉ OCURRIÓ CON EDUARDO DÍAZ IZQUIERDO

Después de su condena, la información pública sobre Díaz Izquierdo se volvió escasa.

En abril de 2014, Martí Noticias publicó que tanto Rosa María Abierno Gobín como Eduardo Díaz Izquierdo, ambos procesados en la Causa 1, habían fallecido de cáncer.

No hemos localizado una comunicación oficial cubana que permita precisar públicamente la fecha y las circunstancias de su fallecimiento.

Más de tres décadas después, su importancia dentro de la Causa 1 no radica en haber sido uno de sus protagonistas más conocidos. Radica en haber dejado registrada una duda surgida desde dentro del propio sistema: si los recursos utilizados eran tan amplios, ¿hasta dónde llegaba realmente la cadena de conocimiento?

La historia documentada permite formular la pregunta. Lo que todavía no permite es afirmar quién, por encima de los condenados, conocía o autorizaba aquellas operaciones.