DÍAZ-CANEL CULPA A EE.UU. DE PROMOVER PROTESTAS EN CUBA Y DEFIENDE QUE «SE APLIQUE LA LEY»

Miguel Díaz-Canel volvió a defender la actuación del Estado frente a las protestas en Cuba, al sostener que Estados Unidos financia a personas dentro de la isla para promover reclamos sociales que posteriormente derivan, según su versión, en delitos y actos vandálicos. El gobernante hizo las declaraciones durante una entrevista con la periodista Mônica Bergamo, publicada por el diario brasileño Folha de S.Paulo.

La explicación resulta especialmente significativa en momentos de fuerte aumento del descontento social. Mientras Díaz-Canel insiste en presentar una parte de las protestas como resultado de acciones de “subversión” financiadas desde Washington, organizaciones independientes han documentado récords de manifestaciones, denuncias ciudadanas y personas sometidas a procesos considerados políticos durante 2026.

DÍAZ-CANEL VINCULA LAS PROTESTAS CON FINANCIAMIENTO DE ESTADOS UNIDOS

Según el fragmento de la entrevista difundido, Díaz-Canel afirmó que una parte del presupuesto estadounidense destinado a programas relacionados con Cuba termina financiando “acciones subversivas” y personas que promueven reclamos sociales dentro de la isla.

El mandatario sostuvo que el problema aparece cuando esas acciones, según su interpretación, se transforman en hechos contra establecimientos comerciales o propiedades estatales. “Se aplica la ley”, argumentó.

La acusación de financiamiento estadounidense no prueba por sí misma que las manifestaciones documentadas durante los últimos meses hayan sido organizadas desde Washington. No existe en la información consultada evidencia que permita atribuir de manera general las recientes protestas cubanas a pagos del Gobierno estadounidense.

LOS DATOS MUESTRAN UN FUERTE AUMENTO DEL DESCONTENTO

El discurso oficial contrasta con las dimensiones que ha alcanzado la protesta social. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas durante julio de 2026, su cifra mensual más alta hasta ese momento. Dentro del total contabilizó 72 protestas presenciales y 320 denuncias relacionadas con servicios públicos.

En junio, la organización había documentado 107 protestas callejeras, casi el doble del récord anterior de 54 registrado en marzo. Solo en La Habana contabilizó 82 manifestaciones, muchas relacionadas con prolongados apagones.

Cubalex utilizó una metodología diferente y registró 199 protestas públicas durante julio. Sus cifras no son directamente comparables con las del Observatorio, porque las organizaciones clasifican y contabilizan los acontecimientos de manera distinta, pero ambas documentan una actividad de protesta sostenida en medio de la crisis.

“NO HAY PRESOS POLÍTICOS”, UNA POSICIÓN QUE DÍAZ-CANEL MANTIENE

Las declaraciones siguen la misma línea utilizada por el gobernante en abril durante su entrevista con Meet the Press de NBC News. Entonces aseguró tajantemente que “no hay presos políticos en Cuba” y sostuvo que quienes permanecen encarcelados no lo están por manifestarse, sino por cometer delitos o actos vandálicos. La transcripción publicada incluso por el periódico oficial Granma recoge esa afirmación.

Prisoners Defenders ofrece una lectura completamente diferente. Su informe correspondiente a julio cerró con 1.327 personas incluidas en su lista de prisioneros políticos y de conciencia, después de 36 nuevas incorporaciones durante el mes. La organización contabilizó además 41 personas que eran menores de edad en el momento de su detención, no 40 como indicaban algunos reportes anteriores.

Es importante precisar que el universo de Prisoners Defenders incluye tanto personas encarceladas físicamente como otras sometidas a determinadas formas de limitación de libertad, por lo que la cifra no equivale exclusivamente al número de personas dentro de celdas penitenciarias.

DEL 11J A MORÓN: EL MISMO ARGUMENTO SOBRE EL “VANDALISMO”

La asociación entre protesta política y vandalismo tampoco es nueva. Tras los acontecimientos del 11 de julio de 2021, el Gobierno respondió con detenciones y procesos judiciales que posteriormente fueron cuestionados por organizaciones internacionales de derechos humanos.

El mismo esquema discursivo reapareció en marzo de 2026, cuando una protesta por apagones y escasez en Morón, Ciego de Ávila, terminó con daños e incendio en la sede municipal del Partido Comunista. Cinco personas fueron detenidas y Díaz-Canel advirtió públicamente que para “el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”.

El problema central es distinguir entre dos cuestiones diferentes: la persecución penal de actos violentos concretos y el derecho ciudadano a manifestarse pacíficamente. Presentar todas las expresiones de descontento bajo una misma categoría de subversión o vandalismo impide hacer esa distinción.

La entrevista de Folha muestra que Díaz-Canel mantiene intacta esa narrativa: reconoce que existen reclamos, pero atribuye una parte de ellos a la influencia estadounidense y defiende la aplicación de las leyes cubanas contra quienes, según el Gobierno, cruzan la línea hacia el delito. Al mismo tiempo, los registros independientes muestran que el volumen de protesta y represión continúa creciendo en una Cuba golpeada por apagones, escasez y deterioro de los servicios públicos.