Vecinos de Contramaestre denuncian que la Policía y la Seguridad del Estado estarían retirando de la vía pública motorinas, bicimotos y bicicletas eléctricas bajo el argumento de que sus conductores no poseen licencia.
La denuncia fue realizada en Facebook por Yois Ramos, quien describe una situación de hostigamiento, burocracia y cobros que, según afirma, ha convertido un trámite necesario en otro negocio a costa de la población.
De acuerdo con su testimonio, los vehículos son ocupados directamente en la calle y llevados a un depósito municipal.
🛵 Para muchas familias, estas motorinas no son un lujo. Son el único medio disponible para llegar al trabajo, buscar comida o trasladar a un enfermo en un país donde el combustible y el transporte público escasean.
La justificación oficial sería la falta de licencia.
Sin embargo, Ramos asegura que obtenerla se ha vuelto casi imposible debido a las colas, la demora administrativa y un presunto sistema de pagos ilegales.
Según la denuncia, algunas personas estarían cobrando entre 20.000, 30.000 y hasta 50.000 pesos para facilitar la licencia en Contramaestre.
⚠️ Estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente y, hasta el momento, las autoridades locales no han ofrecido una respuesta pública sobre los señalamientos.
Ramos sostiene que esta presunta práctica sería conocida por funcionarios de Tránsito del municipio y denuncia que un procedimiento destinado a regularizar la circulación habría terminado convertido en una fuente de beneficio personal.
El ciudadano no consigue la licencia por la vía normal, pero después es castigado por no tenerla.
Según el relato, durante los operativos se estarían ocupando diariamente entre 20 y 50 motorinas.
Los propietarios tendrían que pagar por cada jornada que el vehículo permanezca retenido y, posteriormente, abonar alrededor de 1.140 pesos para recuperarlo cuando sea trasladado a una base de ómnibus en Contramaestre.
💸 El problema, denuncia Ramos, es que después de pagar y recuperar el vehículo, el dueño continuaría sin licencia, quedando expuesto a que el mismo proceso vuelva a repetirse.
También se mencionan temores de que algunos vehículos regresen con piezas cambiadas, dañadas o faltantes. Esa afirmación tampoco ha podido confirmarse.
La denuncia retrata un círculo asfixiante: burocracia para obtener la licencia, decomiso por no tenerla, pago para recuperar la motorina y riesgo de volver a perderla al día siguiente.
En medio de la crisis económica, el deterioro del transporte y la falta de combustible, estas medidas golpean especialmente a quienes dependen de vehículos eléctricos para resolver necesidades básicas.
Contramaestre, según Ramos, atraviesa una situación marcada por la represión, los operativos, el hostigamiento y la corrupción.
Las autoridades tienen la obligación de aclarar cuántos vehículos han sido retenidos, cuáles son las tarifas oficiales, cómo se tramitan las licencias y si existen investigaciones sobre posibles cobros ilegales.
