Tres cubanos fueron arrestados en Miami-Dade después de una investigación encubierta que comenzó con la compra de ropa de lujo presuntamente falsificada y terminó abarcando también ventas de testosterona y movimientos bancarios por más de 815.000 dólares hacia Turquía, según documentos de arresto citados por medios locales.

Los detenidos fueron identificados como Yeinys Rodriguez-Canizares, Roynel Matos y Yassel Darboys, relacionados con The Legend Gang Store, un establecimiento ubicado en Northwest Seventh Street. La pesquisa involucró a la Policía de Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y Homeland Security Investigations.

OPERATIVO EN MIAMI COMENZÓ CON COMPRAS DE ROPA AMIRI

Según los reportes de arresto, un investigador encubierto compró en marzo aproximadamente 970 dólares en prendas identificadas como Amiri a Matos. Posteriormente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y un representante de la marca determinaron que los artículos eran falsificados.

En abril, los investigadores regresaron al establecimiento y adquirieron aproximadamente 1.100 dólares en zapatos Amiri a Matos y Rodriguez-Canizares. Esos productos también fueron considerados falsificaciones tras ser examinados, de acuerdo con las autoridades.

El caso muestra cómo una investigación que inicialmente parecía limitada a mercancía de lujo falsificada fue ampliándose a medida que los agentes realizaron nuevas operaciones y revisaron otras actividades relacionadas con las personas investigadas.

LA INVESTIGACIÓN SE AMPLIÓ A LA VENTA DE TESTOSTERONA

En mayo, un investigador acordó telefónicamente la compra de cipionato de testosterona por 300 dólares, presuntamente a través de Matos. Los reportes señalan que Darboys intervino en la entrega y que Rodriguez-Canizares procesó la transacción y colocó el dinero en la caja registradora del negocio.

Un laboratorio de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó posteriormente que la sustancia adquirida era cipionato de testosterona. NBC 6 informó además que las autoridades realizaron otra compra similar en agosto por 540 dólares, un elemento que no aparecía en la versión inicial del caso pero que amplía el alcance de la investigación.

Estas operaciones forman parte de las acusaciones y deberán ser probadas en tribunal. El arresto y la existencia de causa probable no equivalen a una condena.

MÁS DE 815.000 DÓLARES EN 171 TRANSFERENCIAS A TURQUÍA

La revisión financiera añadió otro elemento al expediente. Investigadores obtuvieron registros bancarios que, según NBC 6, mostraban 171 transferencias internacionales realizadas desde 2022 por más de 815.000 dólares hacia instituciones financieras en Turquía.

Los reportes indican además que en varios movimientos el código que describía el propósito de la transferencia habría sido modificado de “pago de factura” a “regalo o donación”. Esa información forma parte de la investigación, pero los documentos difundidos públicamente no demuestran por sí solos que la totalidad de esos fondos procediera de la venta de ropa falsificada o testosterona.

Esa distinción resulta importante: que las transferencias sean examinadas dentro del expediente no significa automáticamente que todo el dinero tenga origen ilícito. Esa relación deberá ser establecida mediante evidencia financiera y judicial.

CARGOS, FIANZAS Y REQUISITO NEBBIA

Matos y Rodriguez-Canizares enfrentan cargos que incluyen racketeering, lavado de dinero, falsificación de bienes y delitos relacionados con sustancias controladas, mientras Darboys enfrenta acusaciones vinculadas con racketeering y venta o posesión de una sustancia controlada, según NBC Miami.

Durante la audiencia judicial, una jueza encontró causa probable y fijó para Rodriguez-Canizares una fianza de 25.000 dólares, mientras Matos recibió una de 35.000 dólares. Ambas quedaron sujetas a un requisito Nebbia, procedimiento que permite al tribunal examinar si el dinero utilizado para obtener la libertad provisional procede de fuentes legítimas.

Los tres acusados conservan la presunción de inocencia. Los cargos describen las alegaciones de las autoridades y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por un tribunal.