HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN POR ROBAR ACEITE DE UN TRANSFORMADOR EN HOLGUÍN: EL CASO FUE JUZGADO COMO SABOTAJE

Un tribunal en la provincia de Holguín impuso penas de ocho y diez años de prisión a dos personas por la sustracción continuada de aceite dieléctrico de un transformador perteneciente a una subestación eléctrica de la zona de Zarzal, en el municipio de Urbano Noris. El caso fue procesado como delito de sabotaje, una calificación particularmente grave dentro del Código Penal cubano, y el hecho dejó sin servicio eléctrico a más de 4.000 clientes durante más de 24 horas.

Otros dos implicados fueron sancionados por receptación del producto. Según la información difundida, recibieron penas de diez meses y un año y seis meses de trabajo correccional con internamiento, después de adquirir el aceite con la intención de utilizarlo como combustible para vehículos automotores.

EL ROBO DE ACEITE DIELÉCTRICO FUE TRATADO COMO SABOTAJE

El punto más relevante del proceso es la figura penal aplicada. El artículo 125.1 del Código Penal cubano establece sanciones de siete a quince años de privación de libertad para quien destruya, altere, dañe o perjudique, con conocimiento de sus posibles consecuencias, infraestructuras vinculadas a fuentes energéticas o a la transmisión de energía, entre otros bienes considerados estratégicos.

Esa formulación legal permite que una conducta que a primera vista podría interpretarse como robo o sustracción de un producto sea juzgada como sabotaje si afecta directamente una instalación energética y compromete su funcionamiento. En este caso, las condenas de ocho y diez años se encuentran dentro del rango previsto por la ley para esa figura delictiva.

El aceite dieléctrico no es un componente accesorio. Cumple funciones de aislamiento eléctrico y refrigeración dentro del transformador; al extraerlo, el equipo puede sobrecalentarse, sufrir daños en sus componentes internos o quedar completamente inutilizado.

MÁS DE 4.000 CLIENTES AFECTADOS DURANTE MÁS DE UN DÍA

Las consecuencias del hecho fueron directas. La extracción del aceite dejó fuera de servicio el transformador de la subestación de Zarzal y provocó una interrupción que alcanzó a más de 4.000 clientes durante más de 24 horas, según los reportes publicados sobre el juicio.

La gravedad del episodio aumenta en un sistema eléctrico que enfrenta dificultades recurrentes de generación, mantenimiento y reposición de equipos. Cuando un transformador queda averiado por una extracción de este tipo, la afectación puede extenderse más allá del costo del aceite: también puede obligar a realizar reparaciones complejas o sustituir equipos difíciles de reemplazar.

HOLGUÍN YA HABÍA REPORTADO 28 CASOS EN 2026

El caso de Urbano Noris no aparece de forma aislada. En agosto, autoridades y medios provinciales habían informado de 28 robos de aceite dieléctrico en transformadores en Holguín durante 2026. Moa aparecía entonces con siete incidentes, Mayarí con seis, mientras Urbano Noris y Cueto acumulaban cuatro cada uno.

Uno de esos hechos tuvo consecuencias particularmente serias en Moa, donde fueron sustraídos unos 3.000 litros de aceite de una subestación, dejando sin electricidad a alrededor de 2.000 personas. En Levisa, municipio de Mayarí, otro robo afectó también a residentes de Nicaro y Cabonico.

La situación ha llegado incluso a impactar servicios básicos distintos de la electricidad. En Urbano Noris, autoridades del sector hidráulico reconocieron en agosto que el robo de aceite de un transformador había dejado sin suministro eléctrico una planta potabilizadora, agravando las dificultades del municipio para garantizar el bombeo de agua.

ENTRE EL MERCADO INFORMAL Y EL DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA

Los reportes provinciales han relacionado parte de estos robos con la reventa o reutilización del aceite en el mercado informal, particularmente como sustituto de combustible. Esa práctica puede generar ganancias inmediatas para quienes sustraen o compran el producto, pero el costo colectivo puede ser muy superior cuando un transformador queda inutilizado y una comunidad pierde el servicio eléctrico.

El aumento de estos incidentes también plantea una cuestión jurídica importante: las autoridades no están tratando necesariamente estos hechos como simples delitos contra la propiedad. Cuando afectan directamente infraestructura energética, pueden terminar bajo la figura de sabotaje, con penas que comienzan en siete años de prisión.

En el caso de Zarzal, esa diferencia quedó reflejada con claridad: dos condenas de larga duración por sabotaje, dos sanciones por receptación y miles de usuarios afectados por una sustracción que terminó teniendo consecuencias mucho mayores que el valor material del aceite robado.