CUBANA CUESTIONA EL DIEZMO OBLIGATORIO EN LAS IGLESIAS CRISTIANAS Y DENUNCIA “CHANTAJE ESPIRITUAL” PARA SACAR DINERO A LOS FIELES

La cubana Yily García abrió un debate sobre el diezmo obligatorio en las iglesias al cuestionar que algunas comunidades religiosas presenten la entrega del 10% de los ingresos como una obligación espiritual y vinculen su incumplimiento con castigos, pérdida de bendiciones o consecuencias económicas negativas.

Su planteamiento no rechaza que las iglesias necesiten recursos para funcionar. García reconoce que mantener una congregación implica pagar renta, electricidad, agua, internet, limpieza y otros gastos. Su crítica se dirige específicamente a la forma en que, según afirma, algunas iglesias utilizan esas necesidades para justificar mecanismos de recaudación sustentados en la culpa o el miedo.

El debate sobre el diezmo obligatorio en las iglesias

García plantea una diferencia entre pedir cooperación para cubrir gastos reales y establecer una cantidad fija bajo presión espiritual. Según explicó, una congregación puede transparentar sus cuentas, informar cuánto cuesta mantener el templo y pedir a sus miembros que colaboren voluntariamente.

El problema, desde su perspectiva, aparece cuando se le dice a una persona que si no entrega exactamente el 10% de su salario “le está robando a Dios”, que perderá bendiciones o que sus finanzas podrían verse afectadas.

“Las cuentas se pueden pagar sin chantaje espiritual”, resumió.

La expresión utilizada por García constituye una valoración personal sobre determinadas prácticas religiosas y no una afirmación de que todas las iglesias actúen de esa manera. Su crítica se dirige a congregaciones o líderes que, según su descripción, convierten una contribución económica en una condición para demostrar fidelidad religiosa.

Ofrendas voluntarias frente a aportes impuestos

Como alternativa, García defendió un modelo basado en ofrendas voluntarias, responsabilidad compartida y transparencia financiera. También citó 2 Corintios 9:7, un pasaje bíblico ampliamente utilizado en el debate cristiano sobre las ofrendas y que llama a dar de manera voluntaria, “no con tristeza ni por obligación”.

A partir de ese texto, García cuestionó si una persona que entrega dinero porque teme ser castigada espiritualmente puede considerarse realmente un donante voluntario.

Su argumento pone sobre la mesa una discusión recurrente dentro de distintas denominaciones cristianas: si el diezmo del 10%, asociado históricamente a pasajes del Antiguo Testamento, debe interpretarse actualmente como una obligación fija para todos los creyentes o como una referencia dentro de un modelo más amplio de generosidad voluntaria.

No existe una única posición cristiana sobre el tema. Algunas iglesias consideran el diezmo una práctica vigente y recomendable; otras no lo presentan como obligación; y otras distinguen entre diezmo y ofrendas voluntarias.

Transparencia y presión religiosa

Más allá de la discusión teológica, García centra su crítica en un aspecto práctico: la transparencia.

Para ella, una iglesia puede aspirar legítimamente a mantener un edificio, aire acondicionado, cámaras, internet y otros servicios, pero sus miembros deberían conocer los gastos y decidir cuánto aportar sin amenazas religiosas.

Ese punto conecta el debate del diezmo con una cuestión más amplia sobre la rendición de cuentas dentro de organizaciones religiosas. Cuando las contribuciones económicas dependen de la confianza de los miembros, saber cómo se utiliza el dinero puede convertirse en un elemento fundamental para evitar conflictos o sospechas.

García no acusa a una iglesia específica ni identifica pastores concretos. Su planteamiento se presenta como una crítica general a determinadas prácticas que, según sostiene, utilizan la fe como herramienta de presión económica.

La discusión queda, por tanto, en dos planos distintos: uno teológico, sobre si el diezmo continúa siendo obligatorio para los cristianos, y otro ético, sobre si es legítimo recurrir al miedo religioso para conseguir aportes económicos.

Su conclusión es clara: sostener una comunidad cuesta dinero, pero ese costo no debería transformarse en miedo para quienes un mes determinado no pueden entregar el 10% de sus ingresos.