CIERRAN NEGOCIOS EN LA HABANA POR NEGARSE A ACEPTAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Varios establecimientos de Centro Habana fueron clausurados en medio de nuevos controles de las autoridades cubanas contra negocios que se niegan a aceptar transferencias electrónicas como forma de pago. La medida vuelve a poner en primer plano uno de los conflictos más frecuentes entre consumidores y comerciantes en Cuba: la resistencia de determinados establecimientos a cobrar por vías bancarias.

El Gobierno de La Habana ha informado públicamente sobre cierres relacionados con esta práctica. En una de sus comunicaciones señaló que un establecimiento había sido clausurado por violar normas tributarias y derechos del consumidor al rechazar transferencias electrónicas.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) sostiene que continúa realizando controles para detectar irregularidades fiscales y otras violaciones vinculadas al funcionamiento de los negocios.

Aceptar transferencias no es opcional para los negocios

La exigencia no es nueva. El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) reiteró en abril de 2026 que los actores económicos están obligados a aceptar transferencias bancarias como forma de pago, de acuerdo con las disposiciones vigentes del Banco Central de Cuba.

La normativa también establece consecuencias para quienes incumplan. Según información divulgada por la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el Decreto Ley 91 de 2024 contempla multas y, en casos de reincidencia o infracciones consideradas graves, puede llegarse a la suspensión o cancelación de licencias y a la clausura parcial o total de un establecimiento.

El MEP también ha advertido sobre el uso de códigos QR asociados a cuentas personales en lugar de la cuenta bancaria fiscal declarada por el negocio. Las autoridades consideran que esa práctica impide el adecuado control tributario de las operaciones.

De acuerdo con ACN, las autoridades cubanas habían reportado hasta abril de 2026 más de 475 establecimientos cerrados en el país por incumplimientos relacionados con estas disposiciones.

Cubanos denuncian que el problema continúa

Los recientes cierres en Centro Habana provocaron nuevas denuncias en redes sociales sobre establecimientos que presuntamente continúan exigiendo pagos exclusivamente en efectivo.

Un usuario aseguró que la situación también ocurre en la comunidad Granma, en el municipio La Lisa: “No aceptan transferencias y se ríen de la ley. Cada día es peor”.

Otros comentarios mencionaron comercios en las inmediaciones de Concordia y Oquendo y señalaron que algunos vendedores justifican el rechazo de transferencias cuando existen apagones o problemas de conectividad.

Estas denuncias reflejan el malestar de consumidores, pero CubaBajoLupa no ha podido verificar de manera independiente los casos específicos mencionados por los usuarios.

También surgieron críticas sobre si las inspecciones se aplican de manera uniforme. Un internauta cuestionó por qué determinados negocios mayoristas privados supuestamente continúan operando sin aceptar transferencias.

Una obligación legal frente a una realidad económica complicada

El conflicto muestra una de las contradicciones prácticas del proceso de bancarización cubano. El Estado exige que los actores económicos faciliten los pagos digitales y utiliza esos canales para mantener mayor trazabilidad sobre las operaciones comerciales, mientras parte de la población y del propio sector privado enfrenta dificultades asociadas a los apagones, la conectividad y el funcionamiento cotidiano de los sistemas electrónicos.

Esas dificultades, sin embargo, no eliminan la obligación impuesta a los negocios de ofrecer alternativas electrónicas de pago.

Las autoridades mantienen habilitados canales para denunciar establecimientos que rechacen transferencias. Según la información publicada por ACN, entre ellos se encuentran la Línea Única del Comercio y los mecanismos de atención del Banco Central de Cuba.

La cuestión ahora es hasta dónde llegará la ofensiva de inspecciones y si los controles conseguirán que la aceptación de transferencias se convierta realmente en una práctica generalizada, en lugar de una obligación que continúa generando conflictos diarios entre comerciantes y consumidores.