El régimen cubano vuelve a mover sus fichas en Naciones Unidas. Este martes, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla anunció que La Habana pidió formalmente una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU para el próximo 7 de julio, con el objetivo de denunciar el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba.
La reunión, según explicó el propio ministro en X, se realizaría bajo el tema dedicado a la supuesta necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, el mismo libreto que el régimen lleva décadas repitiendo ante el mundo.
Bruno Rodríguez aseguró que esa sesión servirá para acusar a Washington de aplicar “acciones agresivas”, incluyendo lo que el gobierno cubano presenta como amenaza militar, cerco energético y nuevas medidas de presión económica.
Pero mientras La Habana busca tribuna internacional, los cubanos de a pie siguen viviendo entre apagones interminables, salarios pulverizados, comida escasa y un país cada vez más roto. Porque una cosa es el discurso diplomático en la ONU, y otra muy distinta es la realidad del barrio, del refrigerador vacío y del ventilador apagado.
El régimen calificó las sanciones como un “castigo colectivo” y llegó a presentarlas como una violación grave de los derechos humanos. Sin embargo, evita mirar hacia dentro: el monopolio estatal, la represión, la corrupción, la falta de libertades y el control militar de la economía también pesan —y mucho— sobre la tragedia nacional.
Poco después del anuncio, Rodríguez acusó a Estados Unidos de intentar bloquear la sesión del 7 de julio mediante presiones diplomáticas contra otros países miembros de la ONU. Según el canciller, Washington estaría tratando de impedir que los gobiernos se pronuncien sobre el tema.
La convocatoria llega en un momento delicado para el régimen cubano. Desde enero de 2026, la administración de Donald Trump ha ido endureciendo las sanciones contra La Habana. Entre las medidas mencionadas están nuevas órdenes ejecutivas, sanciones secundarias, acciones contra GAESA, el poderoso conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana, y sanciones contra CUPET, la empresa estatal vinculada al petróleo.
El golpe energético ha sido fuerte. Según el texto base, las importaciones de combustible hacia la isla se redujeron entre un 80 % y un 90 %, agravando una crisis que ya mantiene a numerosos territorios bajo apagones de hasta 25 horas diarias. En buen cubano: el país no está funcionando, está sobreviviendo a oscuras.
Esta sesión del 7 de julio no será la tradicional votación anual contra el embargo, que suele realizarse en octubre. Se trata de una convocatoria extraordinaria, menos común, con la que el régimen busca convertir su crisis interna en un caso internacional y recuperar apoyo político en un escenario donde ya no tiene el respaldo abrumador de otros años.
De hecho, en octubre de 2025, la resolución cubana obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, el apoyo más bajo en más de tres décadas. En 2024 había recibido 187 votos favorables. Ese cambio refleja que, poco a poco, varios gobiernos empiezan a mirar el problema cubano con menos romanticismo ideológico y más realismo político.
Bruno Rodríguez cerró su mensaje repitiendo una frase habitual del oficialismo: “Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí.”
Pero dentro de la isla, millones de cubanos podrían responderle otra cosa: la amenaza también es vivir sin libertad, sin comida, sin luz y sin derecho a exigir un país distinto.
