RÉGIMEN PERMITIRÁ QUE MIPYMES CONTROLEN GASOLINERAS, ESTACIONES DE FERROCARRIL, TERMINALES DE GUAGUAS Y MARINAS

régimen cubano vuelve a abrir una puerta al sector privado, esta vez en áreas que durante décadas estuvieron prácticamente bajo control exclusivo del Estado. Pero la llave sigue estando en manos del Gobierno.

El nuevo Decreto 160/2026 permitirá que empresas privadas, mipymes y cooperativas participen en la gestión de determinados servicios de transporte e infraestructura en Cuba.

⛽ Gasolineras, marinas, terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes e incluso algunos servicios relacionados con aeropuertos podrán ser operados por actores no estatales.

Eso sí: nada será completamente libre.

Cada actividad dependerá de autorizaciones, licencias, concesiones o contratos aprobados por las instituciones estatales.

Uno de los cambios más llamativos afecta a las gasolineras.

🔥 Las mipymes y cooperativas podrán gestionar servicentros mediante concesiones, asociaciones económicas u otras modalidades autorizadas. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia no podrán hacerlo individualmente.

Además, todavía faltan piezas fundamentales por conocer: quién suministrará el combustible, cómo se asignarán las gasolineras y qué sistema de precios se aplicará.

Y aquí está el punto clave: el Estado mantendrá el control de la distribución del combustible y de las infraestructuras consideradas estratégicas.

🌊 La apertura también alcanzará determinadas marinas y servicios acuáticos.

Actores privados podrán operar instalaciones mediante arrendamiento, usufructo oneroso o concesión administrativa, además de prestar algunos servicios de salvamento para embarcaciones menores.

Pero actividades como los cruceros, el transporte marítimo internacional y el turismo marítimo de gran escala seguirán reservadas al Estado o a asociaciones previamente autorizadas.

🚉 Algo parecido ocurrirá con terminales y estaciones ferroviarias.

Empresas privadas y cooperativas podrán gestionar terminales, carreteras, peajes, puentes y túneles, aunque esos activos no serán vendidos automáticamente.

La propiedad seguirá siendo estatal.

El privado podrá explotar el servicio bajo determinadas condiciones, pero el Gobierno conservará la infraestructura.

✈️ También habrá espacio para mipymes y cooperativas dentro de algunos servicios vinculados con aeropuertos, siempre que no estén relacionados directamente con la seguridad operacional.

Podrían incluir tareas logísticas, comerciales, mantenimiento no crítico y otras actividades de apoyo.

Sin embargo, áreas como aduanas, servicios transitarios y documentación oficial de transporte permanecerán bajo control estatal.

📅 El decreto entrará en vigor el 4 de agosto de 2026, pero todavía falta conocer buena parte de las reglas que determinarán cómo funcionará realmente esta apertura.

Queda por saber qué activos estarán disponibles, cómo serán escogidos los operadores privados, cuánto deberán invertir y bajo qué condiciones económicas podrán trabajar.

Y ahí estará la verdadera prueba.

Porque una cosa es permitir que una mipyme administre una estación, una marina o una terminal, y otra muy distinta es darle autonomía real para operar, invertir y crecer sin depender permanentemente del visto bueno estatal.