SIETE ACUSADOS RECIBEN PENAS DE HASTA 15 AÑOS POR ROBO DE ACEITE DIELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES EN HOLGUÍN

Siete personas fueron condenadas en Moa, Holguín, a penas de entre 12 y 15 años de privación de libertad por la sustracción de 1.248 litros de aceite dieléctrico de una subestación eléctrica, en un proceso que las autoridades cubanas calificaron como delito de sabotaje. El juicio correspondió a la Causa 10/2026 y fue celebrado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, actuando en funciones de la sala competente para delitos contra la Seguridad del Estado.

De acuerdo con la versión judicial divulgada, los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2026 en una subestación situada a la entrada del reparto Armando Mestre, en Moa. La acusación sostiene que los procesados extrajeron el aceite de los transformadores con la intención de venderlo posteriormente.

EL ROBO DE ACEITE DIELÉCTRICO EN MOA FUE TRATADO COMO SABOTAJE

El aceite dieléctrico cumple funciones esenciales de aislamiento eléctrico y refrigeración dentro de los transformadores, por lo que retirarlo puede comprometer seriamente la operación y seguridad de estos equipos. En Cuba, las autoridades han venido procesando determinados robos contra la infraestructura energética como sabotaje, especialmente cuando consideran que la acción afecta o puede afectar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

El Código Penal cubano contempla el sabotaje dentro de los delitos contra la Seguridad del Estado, y la prensa oficial ha señalado en casos recientes relacionados con aceite dieléctrico que esa figura puede implicar penas elevadas de prisión. En mayo, por ejemplo, un tribunal en Artemisa propuso 12 años de privación de libertad por la sustracción de 70 litros de aceite de un transformador, en un caso que también fue calificado oficialmente como sabotaje.

PENAS DE 12, 14 Y 15 AÑOS DE PRISIÓN

En el proceso celebrado en Moa, el tribunal impuso sanciones de 12, 14 y 15 años, diferenciadas según el grado de participación atribuido a cada acusado, sus circunstancias personales y las consecuencias derivadas del hecho. La información pública consultada no detalla qué condena exacta recibió cada una de las siete personas ni identifica a los procesados por nombre.

Las condenas todavía pueden ser impugnadas. Según la información divulgada sobre el fallo, las partes disponen de un plazo de diez días para interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, por lo que la sentencia no debe presentarse todavía como definitivamente firme mientras esa posibilidad procesal permanezca abierta.

EL GOBIERNO HA ENDURECIDO LA RESPUESTA CONTRA ESTOS DELITOS

El caso se produce en medio de una campaña oficial de mayor vigilancia y persecución penal de delitos contra la infraestructura eléctrica. En mayo, las autoridades anunciaron una veintena de llamados “juicios ejemplarizantes”, dando prioridad precisamente a robos de aceite dieléctrico, paneles solares y combustibles que afectaran instalaciones del sistema energético.

Granma ha informado además sobre robos similares en transformadores, parques fotovoltaicos y grupos electrógenos, mientras empresas eléctricas han reconocido problemas de seguridad física en determinadas subestaciones. En Artemisa, por ejemplo, solo 36 de 83 estaciones contaban con custodios según datos publicados en mayo, lo que muestra que la vulnerabilidad de algunas instalaciones no depende únicamente de la actuación de los autores de los robos, sino también de las condiciones de protección de la infraestructura.

UN CASTIGO SEVERO EN MEDIO DE LA CRISIS ELÉCTRICA

La severidad de las penas debe entenderse dentro de la situación crítica del sistema eléctrico cubano, pero también exige distinguir claramente entre la gravedad material del daño y la calificación jurídica elegida por la Fiscalía y el tribunal. Las autoridades cubanas consideran que sustraer recursos esenciales de la infraestructura energética puede trascender el delito patrimonial y convertirse en sabotaje cuando afecta deliberadamente el funcionamiento de instalaciones estratégicas.

En el caso de Moa, lo que está establecido públicamente es que siete acusados fueron juzgados por la extracción de 1.248 litros de aceite dieléctrico y recibieron penas de hasta 15 años. No se ha divulgado, sin embargo, el texto íntegro de la sentencia, el valor económico del material sustraído, la afectación técnica exacta causada a la subestación ni detalles completos sobre las defensas presentadas por los acusados.