REPORTAN MUERTE EN PRISIÓN DEL CONOCIDO COMO «EL CANÍBAL DE EL SALAO» EN SANTIAGO DE CUBA: EL CASO SIGUE SIN RESPUESTAS

La presunta muerte en prisión de José Luis Fernández Torres, acusado del asesinato del jubilado Ángel Luis Mercantety Quiñones en Santiago de Cuba, ha reabierto las interrogantes sobre uno de los crímenes más impactantes registrados en la provincia durante 2025. El fallecimiento fue reportado el domingo 18 de octubre de 2026, pero todavía carece de confirmación oficial.

La información fue divulgada por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien citó testimonios de familiares de la víctima y fuentes hospitalarias. Fernández Torres, de 60 años cuando fue detenido, permanecía vinculado a una investigación por homicidio que también generó sospechas de canibalismo, una circunstancia que nunca fue acreditada públicamente por las autoridades cubanas.

QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESUNTA MUERTE DE JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ TORRES

De acuerdo con el reporte de Mayeta Labrada, Fernández Torres habría fallecido después de experimentar un considerable deterioro físico durante su encarcelamiento. Las fuentes consultadas por el periodista describieron un progresivo empeoramiento de su estado de salud, aunque no aportaron un diagnóstico médico verificable.

Hasta el momento, se desconocen la fecha exacta del supuesto fallecimiento, el establecimiento penitenciario donde permanecía recluido, el hospital en el que habría recibido atención y la causa médica de la muerte. Tampoco se ha divulgado un certificado de defunción ni un comunicado del Ministerio del Interior que permita confirmar oficialmente lo sucedido.

Según los testimonios recogidos por el comunicador, familiares de Mercantety Quiñones tampoco habrían recibido una notificación oficial sobre la presunta muerte del acusado. Esta situación añade incertidumbre a un expediente marcado desde sus primeras etapas por informaciones fragmentadas y numerosas preguntas sin respuesta pública.

EL CRIMEN DE EL SALAO QUE CONMOCIONÓ A SANTIAGO DE CUBA

Los antecedentes del caso se remontan al 21 de agosto de 2025, cuando, según las informaciones difundidas durante la investigación, Ángel Luis Mercantety Quiñones, un jubilado de 74 años, habría sido asesinado en una vivienda del reparto Abel Santamaría, conocido popularmente como El Salao.

El hecho comenzó a conocerse públicamente el 26 de agosto, después del hallazgo de restos humanos en un contenedor de basura de esa barriada santiaguera. Las posteriores investigaciones condujeron hasta la vivienda de José Luis Fernández Torres, quien fue detenido como principal sospechoso.

Reportes publicados entonces por CiberCuba, basados en informaciones de Mayeta Labrada, señalaron que el detenido habría admitido su participación en el homicidio. Según la confesión atribuida al acusado, una discusión relacionada con deudas personales desembocó en una agresión mortal, seguida del ocultamiento de los restos de la víctima.

Aunque esas declaraciones fueron ampliamente difundidas, no se ha localizado una sentencia judicial pública que permita establecer si las autoridades concluyeron formalmente el proceso penal. La existencia de una confesión reportada periodísticamente tampoco sustituye una resolución condenatoria.

LAS SOSPECHAS DE CANIBALISMO QUE NUNCA FUERON ESCLARECIDAS

La investigación adquirió una dimensión especialmente controvertida cuando comenzaron a circular informaciones sobre determinados objetos y restos presuntamente encontrados durante el registro de la vivienda del acusado. Aquellos reportes alimentaron sospechas de posibles prácticas de canibalismo, difundidas posteriormente en medios digitales y redes sociales.

Sin embargo, no existe confirmación pública de una investigación forense que demostrara consumo de restos humanos. Por tanto, la denominación de «caníbal de El Salao», utilizada en algunas publicaciones, debe entenderse como un apodo mediático y no como una conclusión judicial o científica.

En septiembre de 2025 también se reportó un nuevo operativo policial en las inmediaciones de la vivienda investigada, circunstancia que provocó especulaciones sobre la posible existencia de otras víctimas. El investigador Julio César González Pagés se hizo eco de esas preocupaciones, pero tampoco trascendieron pruebas oficiales que vincularan al detenido con otras desapariciones.

MUERTES EN PRISIONES CUBANAS: UN CONTEXTO QUE EXIGE TRANSPARENCIA

La información sobre el posible fallecimiento de Fernández Torres adquiere relevancia adicional por las denuncias sobre las condiciones del sistema penitenciario cubano. Aunque todavía no existen elementos suficientes para relacionar su presunta muerte con negligencia médica, los antecedentes documentados por organizaciones de derechos humanos muestran problemas graves en la atención de personas privadas de libertad.

En septiembre de 2026, la organización independiente Cubalex publicó un informe que registró 115 muertes vinculadas a establecimientos penitenciarios cubanos entre febrero de 2024 y junio de 2026. De ese total, identificó al menos 80 casos asociados con negligencia o negación de asistencia médica, aproximadamente el 70 % de los fallecimientos documentados.

El estudio también señaló 21 muertes atribuidas a desnutrición severa o inanición y 12 vinculadas a tuberculosis. Estas cifras corresponden a categorías incluidas en el análisis general de Cubalex y no deben sumarse como si fueran grupos completamente independientes.

La organización advirtió sobre la necesidad de investigar de manera independiente las muertes bajo custodia y garantizar información a los familiares. No obstante, su informe no demuestra que esas circunstancias expliquen el supuesto fallecimiento de Fernández Torres, que requiere una investigación individual.

LA MUERTE DEL ACUSADO NO RESUELVE EL DERECHO DE LA FAMILIA A LA VERDAD

La eventual muerte del principal sospechoso plantea una cuestión que va más allá de su responsabilidad individual: ¿qué ocurrirá con las investigaciones pendientes y con la información que todavía desconocen los familiares de Ángel Luis Mercantety Quiñones?

Si se confirma que Fernández Torres falleció antes de recibir una sentencia definitiva, cualquier consecuencia para el procedimiento penal deberá determinarse conforme a la legislación aplicable. Sin embargo, ello no elimina la necesidad de documentar los hechos, esclarecer las circunstancias del homicidio y comunicar a los familiares los resultados de las investigaciones.

El caso también evidencia la importancia de distinguir entre una acusación penal, una confesión atribuida a un detenido y una condena establecida judicialmente. Esa diferencia resulta especialmente necesaria cuando un expediente involucra denuncias graves, sospechas no demostradas y una posible muerte bajo custodia estatal.

Por ahora, la noticia difundida por Mayeta Labrada permanece pendiente de confirmación oficial. Un año después del asesinato de Mercantety Quiñones, las preguntas sobre el desenlace judicial y las circunstancias de la presunta muerte del acusado continúan abiertas, mientras la familia de la víctima reclama respuestas que ninguna versión extraoficial puede sustituir.