RÉGIMEN CONVIERTE VIEJAS BODEGAS Y CARNICERÍAS EN “MERCADOS DE BARRIO” BAJO GESTIÓN PRIVADA Y PROMETE PRECIOS HASTA 30% MÁS BAJOS

El Gobierno cubano comenzó a extender una nueva modalidad comercial denominada mercados de barrio en Cuba, que transforma bodegas, carnicerías y otros establecimientos estatales en puntos de venta gestionados por actores económicos privados o mixtos, con la promesa de acercar productos básicos a la población y reducir los precios frente a otros mercados.

La directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior, Marpessa Portal de Villiers, declaró que ya funcionan 30 establecimientos bajo este esquema. Sin embargo, otros reportes oficiales difundidos este lunes hablaban de 24 unidades, una discrepancia que hasta ahora no ha sido aclarada públicamente.

QUÉ SON LOS MERCADOS DE BARRIO EN CUBA

El proyecto busca reutilizar establecimientos estatales con baja actividad comercial o poco abastecimiento. Según la explicación oficial, pueden participar mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, empresas estatales y modalidades de inversión extranjera.

La oferta anunciada incluye arroz, azúcar, granos, aceite, café, leche en polvo, pollo, huevos, harina de trigo, pastas y conservas, además de productos de aseo como jabón, detergente, papel sanitario, desodorante y crema dental.

El Gobierno presenta la iniciativa como una vía para suplir parcialmente el déficit de bienes esenciales en un contexto de escasez persistente y deterioro de la capacidad adquisitiva de los hogares.

LA PROMESA DE PRECIOS MÁS BAJOS

Uno de los principales atractivos del esquema es la promesa de vender más barato.

Portal de Villiers aseguró que los precios deberían situarse entre un 15% y un 30% por debajo de los existentes en otros mercados. Sin embargo, otros reportes vinculados al proyecto han situado esa rebaja entre un 10% y un 15%, por lo que tampoco existe una cifra única presentada de forma consistente.

Para intentar que esa reducción llegue al consumidor, el Estado ofrece incentivos fiscales a quienes gestionen o abastezcan esos mercados. Entre ellos aparece una reducción del impuesto sobre ventas y determinadas exoneraciones para operaciones mayoristas vinculadas al sistema de Comercio Interior.

También se ofrecen períodos sin pagar arrendamiento. En Santa Clara, por ejemplo, una convocatoria para 16 bodegas ofreció hasta dos años de exención del alquiler a los gestores seleccionados.

EL ESTADO MANTIENE LA PROPIEDAD, PERO CEDE LA GESTIÓN

La fórmula no equivale jurídicamente a una privatización completa.

Los inmuebles continúan siendo propiedad estatal, mientras la administración y comercialización pueden ser transferidas mediante licitación a actores no estatales. Ese modelo ya venía ampliándose antes de la actual expansión de los mercados de barrio.

En Cienfuegos, por ejemplo, las autoridades iniciaron en agosto la licitación de 47 de las 69 carnicerías de la provincia, aproximadamente el 68% de esa red, después de reconocer que numerosas unidades permanecían cerradas por falta de productos.

La medida muestra una tendencia más amplia: el Estado conserva los locales, pero intenta reactivar servicios mediante gestores privados cuando la red tradicional no consigue mantenerlos funcionando.

DE LAS BODEGAS ESTATALES A LOS OPERADORES PRIVADOS

La Habana, Camagüey y Guantánamo figuran entre los territorios con mayor presencia de esta modalidad, mientras también se han reportado establecimientos en Pinar del Río, Artemisa, Matanzas, Granma y Santiago de Cuba.

La expansión resulta significativa porque durante décadas las bodegas formaron parte central del sistema estatal de distribución de alimentos. Ahora, el propio aparato comercial intenta incorporar gestores privados para mantener operativos espacios que en muchos casos funcionan con baja oferta o han permanecido prácticamente paralizados.

Ese cambio no garantiza por sí mismo mayor disponibilidad de alimentos.

LA PREGUNTA DECISIVA: ¿HABRÁ PRODUCTOS Y A QUÉ PRECIO?

Por ahora, las autoridades han detallado incentivos, posibles descuentos y una amplia lista de productos, pero no han informado públicamente qué volumen de alimentos podrá suministrarse de manera estable ni cómo se garantizará que las rebajas anunciadas sean sostenibles.

Ahí está la prueba real del proyecto.

Convertir una bodega estatal en un establecimiento administrado por una mipyme puede modificar la gestión, pero para el consumidor cubano el resultado se medirá en cuestiones mucho más concretas: si encuentra arroz, aceite, pollo o leche cuando llegue al local, y si realmente puede pagarlos con sus ingresos.