POLICÍA EN CUBA HA DETECTADO MÁS DE 20 VEHÍCULOS EN LA CARRETERA CON COMBUSTIBLE LIGADO CON ACEITE ROBADO DE TRANSFORMADORES

Las autoridades cubanas aseguran haber detectado aceite dieléctrico mezclado con combustible en 21 vehículos durante inspecciones realizadas en puntos de control de carreteras, como parte de una ofensiva contra el robo y la comercialización ilegal de este producto utilizado en transformadores eléctricos.

La información fue ofrecida por el teniente coronel Carlos Martínez González, segundo jefe del Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (MININT), durante el programa oficial Hacemos Cuba. Según el funcionario, fueron revisados 105 vehículos y 21 arrojaron resultados positivos en los peritajes. Añadió que 18 vehículos fueron ocupados en una provincia que no identificó por tratarse, según explicó, de investigaciones en curso.

ACEITE DIELÉCTRICO MEZCLADO CON COMBUSTIBLE: QUÉ ESTÁN BUSCANDO LAS AUTORIDADES

Martínez González afirmó que se están realizando pruebas técnicas y criminalísticas para determinar si los depósitos de combustible contienen aceite dieléctrico mezclado con derivados del petróleo.

El oficial sostuvo que esos exámenes cuentan con respaldo científico y los calificó como pruebas “irrefutables”. También señaló que los principales receptadores detectados hasta ahora serían transportistas privados, aunque aclaró que esa afirmación no pretende abarcar a todo el sector.

El dato es relevante porque el aceite dieléctrico no es un combustible convencional. Su función principal es servir como aislante y refrigerante dentro de determinados transformadores eléctricos. La extracción ilegal puede dejar esos equipos fuera de servicio y provocar interrupciones adicionales en el suministro eléctrico.

Según la versión oficial difundida en el programa, parte del producto robado termina en circuitos clandestinos donde es utilizado como sustituto o complemento del diésel.

VEHÍCULOS INCAUTADOS Y PROCESOS PENALES

La fiscal Moraima Velázquez Romero, funcionaria de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, explicó que los vehículos presuntamente utilizados en estos hechos pueden quedar ocupados dentro del proceso judicial.

La magistrada Iliana Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, defendió además el valor del dictamen pericial como medio de prueba dentro de un proceso penal.

Conviene distinguir, sin embargo, entre ocupación preventiva de un vehículo y confiscación definitiva. La primera puede producirse durante una investigación, mientras que la pérdida definitiva del bien dependerá del resultado del proceso y de las decisiones judiciales correspondientes.

ROBOS QUE AFECTAN TRANSFORMADORES Y SERVICIO ELÉCTRICO

Las autoridades sostienen que el robo de aceite dieléctrico se ha extendido por todas las provincias y ha afectado decenas de municipios.

Entre los casos mencionados por el MININT aparece Jagüey Grande, Matanzas, donde la extracción de aproximadamente 1.000 litros habría dejado sin electricidad durante más de un mes a una comunidad vinculada al plan citrícola.

También se informó de nueve hechos en Calimete, Matanzas, entre marzo y comienzos de mayo, con afectaciones en 23 transformadores. Según las autoridades, 12 personas estaban vinculadas a esos expedientes y diez permanecían en prisión provisional al momento de divulgarse la información.

En La Habana también se reportaron afectaciones recientes, incluidas instalaciones relacionadas con el suministro eléctrico de fuentes de agua.

Las autoridades informaron además de la muerte por electrocución de dos personas, de 40 y 31 años, mientras presuntamente intentaban extraer aceite dieléctrico en Santiago de Cuba.

CUBA APLICA LA FIGURA DE SABOTAJE A DAÑOS CONTRA INFRAESTRUCTURAS

El contexto penal se endureció en 2025 con la aprobación del Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que establece criterios para procesar como sabotaje determinados actos contra infraestructura considerada crítica, entre ella instalaciones eléctricas.

El documento contempla penas de siete a 15 años de prisión para la modalidad básica y sanciones de 10 a 30 años, prisión perpetua o incluso pena de muerte en los supuestos agravados previstos por la legislación cubana. También contempla sanciones accesorias como el comiso o confiscación de bienes.

Este punto merece especial atención: la clasificación como sabotaje amplía considerablemente la severidad de las consecuencias penales frente a delitos que anteriormente podían percibirse principalmente como robo o daño a la propiedad.

EL TRASFONDO: UN SISTEMA ELÉCTRICO BAJO ENORME PRESIÓN

El robo de aceite dieléctrico añade otra fuente de deterioro a un sistema eléctrico que ya enfrenta una situación extremadamente frágil. Cada transformador inutilizado no solo implica el costo de sustituir equipos o componentes, sino nuevas interrupciones para viviendas, servicios públicos, bombeo de agua y actividades productivas.

Eso no elimina la responsabilidad individual de quienes roban o comercializan ilegalmente recursos eléctricos, pero sí coloca el fenómeno dentro de un problema mayor: una infraestructura energética con escaso margen para absorber nuevas pérdidas.

La respuesta oficial, por ahora, está concentrando buena parte de sus esfuerzos en controles de carretera, peritajes y procesos penales. Queda por conocer si esas medidas lograrán reducir de manera sostenida el mercado clandestino del aceite dieléctrico y, sobre todo, proteger los transformadores que continúan siendo blanco de robos.