MADRE CUBANA TERMINA PRESA EN ALAMAR TRAS PROTESTAR CONTRA EL RÉGIMEN POR LOS PROLONGADOS APAGONES

Doraykis Delgado González, conocida en redes sociales como Koky Pena, permanece en prisión provisional desde su detención el 7 de julio de 2026, después de participar en una protesta contra los prolongados apagones en Alamar, La Habana. La organización de asesoría legal y derechos humanos Cubalex ha denunciado públicamente su caso, la identifica como presa política y reclama su liberación inmediata.

El caso adquiere especial relevancia porque la mujer, madre de dos menores, habría sido detenida la misma noche en que transmitió por Facebook las protestas de vecinos de la zona 14 de Alamar y cuestionó públicamente las diferencias en el suministro eléctrico entre determinados sectores residenciales y áreas donde viven funcionarios. Según la información divulgada sobre el caso, permanece recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, conocida popularmente como Manto Negro.

UNA PROTESTA CONTRA LOS APAGONES QUE TERMINÓ EN PRISIÓN

Durante la transmisión atribuida a Delgado González, la mujer reclamó por las condiciones en que estaban viviendo sus hijos y otros vecinos afectados por extensos cortes eléctricos. En uno de los fragmentos difundidos afirmó que no estaba dispuesta a abandonar sus reclamos simplemente porque el servicio hubiera sido restablecido temporalmente.

De acuerdo con reportes sobre el caso, la electricidad regresó mientras la protesta todavía se desarrollaba. Horas después, Delgado González fue arrestada. Antes de ser trasladada a prisión habría permanecido bajo custodia en la 15 Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Alamar.

Cubalex sostiene que su encarcelamiento está relacionado con el ejercicio de la protesta y la expresión pública de sus críticas. La organización afirma que mantenerla privada de libertad puede tener además un efecto intimidatorio sobre otros ciudadanos que intenten reclamar por problemas similares.

EL DELITO QUE LE IMPUTAN PUEDE SUPONER HASTA CINCO AÑOS DE PRISIÓN

Según Cubalex y reportes publicados sobre el proceso, las autoridades le atribuyen el delito de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, establecido en el artículo 270 del Código Penal cubano.

La legislación oficial confirma que ese artículo castiga a quien públicamente “difame, denigre o menosprecie” a instituciones de la República, organizaciones políticas, de masas o sociales, así como a héroes y mártires de la Patria. La sanción prevista es de dos a cinco años de privación de libertad, multa de 500 a 1,000 cuotas o ambas.

Ese punto resulta fundamental para comprender el caso: Delgado González no aparece reportada como condenada, sino sometida a prisión provisional mientras enfrenta un proceso penal. Por tanto, la acusación formulada por las autoridades no debe confundirse con una sentencia judicial definitiva.

Reportes sobre su situación indican además que habría sido rechazada una solicitud para modificar la medida cautelar. Cubalex también ha advertido sobre una condición médica atribuida a Delgado González y ha reclamado que reciba la atención que necesite mientras permanece bajo custodia.

PROTESTAS Y PRISIÓN POLÍTICA EN UN CONTEXTO DE CRECIENTE TENSIÓN

La detención ocurre en un escenario de protestas vinculadas a apagones y deterioro de servicios básicos en distintas zonas de Cuba. Prisoners Defenders informó que el país cerró julio de 2026 con 1,327 personas incluidas en su lista de presos políticos, después de incorporar 36 casos durante ese mes.

La organización precisó que 15 de esas 36 incorporaciones estuvieron relacionadas con protestas, ya fuera por participar en ellas, documentarlas, respaldarlas o ser vinculadas posteriormente a esos acontecimientos. El informe señala que muchos de los casos se produjeron en zonas golpeadas por apagones prolongados, falta de agua y otros problemas de servicios esenciales.

Esa precisión importa: no todos esos 15 casos pueden describirse automáticamente como encarcelamientos exclusivamente “por protestar contra los apagones”, aunque la crisis eléctrica aparece como uno de los detonantes relevantes documentados durante el período.

El caso de Doraykis Delgado González vuelve así a colocar en primer plano una cuestión que trasciende una protesta específica en Alamar: hasta dónde pueden llegar las consecuencias penales para un ciudadano cubano que sale a la calle, transmite una protesta y cuestiona públicamente a las instituciones del Estado.