HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN PARA MIEMBROS DE UNA BANDA DEN SANCTI SPÍTIRUS DEDICADA AL ROBO DE BALITAS DE GAS

El robo de balitas de gas en Sancti Spíritus terminó con cuatro personas condenadas a penas de entre dos y 12 años de prisión, tras un proceso judicial relacionado con la sustracción de cilindros en más de 20 viviendas habitadas y su posterior comercialización ilegal. La sentencia, divulgada el viernes 16 de octubre de 2026 por el periódico estatal Escambray, expone un fenómeno delictivo que afecta directamente a familias cubanas en medio de la prolongada escasez de combustible doméstico.

El caso también pone bajo atención la creciente diferencia entre el precio regulado del gas licuado y las cantidades que llegan a exigirse en el mercado informal. Mientras las autoridades sancionan los robos y la comercialización clandestina, miles de consumidores continúan enfrentando dificultades para adquirir un recurso fundamental para cocinar.

ASÍ OPERABAN LOS CONDENADOS POR EL ROBO DE BALITAS DE GAS EN SANCTI SPÍRITUS

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus examinó durante dos jornadas la causa 14 de 2026, que involucró a cuatro acusados con diferentes grados de participación. Los delitos juzgados fueron robo con fuerza en las cosas, receptación y actividad económica ilícita.

De acuerdo con la información judicial divulgada por Escambray y reproducida por 14ymedio, dos de los implicados sustraían cilindros de gas de viviendas ocupadas, principalmente durante la noche y la madrugada. Los hechos afectaron a más de una veintena de hogares de la capital provincial, cuyos propietarios sufrieron pérdidas económicas.

El tribunal impuso a los responsables de los robos condenas de 12 y 10 años de privación de libertad, respectivamente, por robo con fuerza de carácter continuado. Ambos también deberán responder por los daños materiales ocasionados e indemnizar a los propietarios de los bienes sustraídos.

La Fiscalía destacó como circunstancia relevante que los robos se cometieran dentro de viviendas habitadas. Esta situación incrementaba la gravedad de los hechos, debido a la posibilidad de encuentros entre los autores y las personas que se encontraban en sus hogares.

DOS FORMAS DIFERENTES DE COMERCIALIZACIÓN ILEGAL

Los otros dos condenados no recibieron las mismas sanciones porque sus conductas fueron calificadas de manera diferente. Uno fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión por receptación continuada, mientras que el cuarto recibió dos años por actividad económica ilícita.

El condenado por receptación adquiría los cilindros sustraídos y posteriormente los revendía, según la información presentada durante el proceso judicial. En cambio, el cuarto implicado utilizaba tarjetas y contratos de consumidores que no empleaban sus asignaciones para obtener gas y comercializarlo fuera de los canales autorizados.

La diferencia resulta importante desde el punto de vista jurídico. La receptación está relacionada con la adquisición u otras operaciones sobre bienes procedentes de un delito, mientras que la actividad económica ilícita puede referirse a operaciones comerciales realizadas fuera de las condiciones permitidas por la legislación.

El tribunal impuso además sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional en los términos establecidos en la sentencia. Las partes disponen de diez días, contados desde la notificación escrita, para presentar un recurso de casación.

LA ESCASEZ DE GAS LICUADO EN CUBA DISPARA EL NEGOCIO INFORMAL

El caso judicial ocurre en una provincia donde la falta de gas licuado ha provocado extensas esperas y ha favorecido la aparición de canales alternativos de comercialización. En julio de 2026, la periodista Elsa Ramos Ramírez informó desde Radio Sancti Spíritus que más de 37.000 clientes con contrato liberado llevaban meses sin recibir el producto.

El reporte señaló que los ocho puntos de distribución de la ciudad espirituana permanecían sin ventas desde octubre de 2025. También describió las dificultades de otros consumidores sometidos a sistemas de entrega con frecuencias considerablemente espaciadas.

La escasez ha contribuido a una diferencia extraordinaria entre los precios estatales y las ofertas clandestinas. Según informaciones divulgadas durante julio, las balitas de 10 kilogramos llegaron a ofrecerse por hasta 70.000 pesos cubanos en el mercado informal.

Ese precio contrasta con el establecido por la Resolución 155/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial del 16 de julio. La disposición fijó una tarifa minorista de 35 pesos por kilogramo de gas licuado, equivalente a 350 pesos por una recarga de 10 kilogramos.

La comparación representa una diferencia de 200 veces entre ambas cantidades. Sin embargo, el precio informal corresponde a ofertas reportadas, no necesariamente a transacciones generalizadas, y su comparación con la tarifa oficial debe distinguir el valor del combustible del posible valor adicional del recipiente.

CONDENAS POR LOS ROBOS, PERO PERSISTE EL PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO

El robo de cilindros no constituye un episodio aislado en Sancti Spíritus. En junio de 2025, las autoridades informaron sobre la desarticulación de otra red relacionada con hechos semejantes, cuyo principal implicado reconoció 25 robos cometidos durante los meses anteriores.

La repetición de estos casos demuestra la importancia de proteger los bienes de las familias y combatir las operaciones delictivas. No obstante, también obliga a examinar las condiciones de abastecimiento que han convertido el gas doméstico en un recurso extremadamente difícil de conseguir por las vías habituales.

El problema tiene dimensiones nacionales. Durante las distribuciones de abril de 2026, aproximadamente 834.000 de los 1,7 millones de clientes registrados en Cuba no pudieron adquirir gas licuado mediante la red estatal, según cifras recogidas por distintos medios.

Estas dificultades pueden empujar a los consumidores hacia alternativas más costosas o menos seguras, aunque ello no justifica los robos ni la comercialización de bienes sustraídos. Tampoco significa que todas las operaciones informales tengan origen delictivo.

La condena de los cuatro implicados permite establecer responsabilidades por los hechos examinados en el juicio, pero no resuelve la falta de combustible que afecta a miles de hogares. Para las familias cubanas, la seguridad de sus viviendas y el acceso regular al gas doméstico son problemas distintos que requieren respuestas simultáneas.

La sentencia de Sancti Spíritus deja así dos realidades: las consecuencias penales de apropiarse de bienes ajenos y la persistencia de una crisis de abastecimiento que continúa sin ofrecer soluciones estables a numerosos consumidores.