GOBIERNO CUBANO AMENAZA CON MEDIDAS JUDICIALES CONTRA LOS QUE OFREZCAN SERVICIOS MÉDICOS DE MANERA PRIVADA

Las autoridades sanitarias de Camagüey advirtieron que actuarán contra quienes ofrezcan o promocionen servicios de medicina privada en Cuba, una actividad que continúa prohibida por la legislación vigente. El pronunciamiento surge después de conocerse la publicidad de consultas médicas y pruebas diagnósticas con precios en dólares en un establecimiento particular de la provincia.

La advertencia reabre un debate especialmente delicado: mientras el Gobierno cubano mantiene restringido el ejercicio privado de la medicina, pacientes y familiares denuncian dificultades para recibir atención en instalaciones estatales afectadas por apagones, escasez de recursos y problemas de funcionamiento.

SALUD PÚBLICA ADVIERTE SOBRE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES

La Dirección General de Salud de Camagüey difundió un comunicado en Facebook en el que reiteró que la práctica médica privada no está autorizada en el país. La institución anunció que las autoridades sanitarias y judiciales procederán contra quienes incumplan las regulaciones.

El organismo aseguró que actuará “con todo el rigor que la ley establece” e instó a la población a denunciar las ofertas de servicios médicos particulares, a las que calificó de fraudulentas.

Sin embargo, el pronunciamiento no identificó establecimientos específicos, tampoco precisó qué figuras delictivas podrían aplicarse ni informó sobre procedimientos judiciales iniciados contra profesionales de la salud o propietarios de negocios.

La posición oficial confirma que el Gobierno cubano continúa defendiendo un modelo en el que la atención médica profesional permanece fundamentalmente reservada al sistema estatal, incluso cuando existen iniciativas privadas interesadas en ofrecer determinados servicios sanitarios.

DALIA SPA Y LAS CONSULTAS MÉDICAS ANUNCIADAS EN DÓLARES

La controversia adquirió notoriedad después de que el medio independiente CubaNet publicara, el 7 de octubre de 2026, información sobre Dalia Spa, un establecimiento situado en el reparto Vista Hermosa de Camagüey.

El negocio había difundido un catálogo con prestaciones médicas y pruebas diagnósticas, cuyos precios estaban expresados en dólares estadounidenses.

Entre las tarifas anunciadas figuraban:

La publicidad abrió interrogantes sobre la autorización legal del establecimiento. Una trabajadora declaró a CubaNet, bajo condición de anonimato, que el negocio tenía permiso para funcionar como spa y ofrecer determinados servicios odontológicos, y que gestionaba una licencia para ampliar sus actividades.

Posteriormente, Dalia Spa respondió al medio que el anuncio había sido una prueba y que los servicios mencionados no estaban disponibles. Esa explicación contrastó con el testimonio de una persona que aseguró haber recibido información presencial sobre la disponibilidad de algunas prestaciones.

Hasta ahora no se ha demostrado de manera independiente que el establecimiento realizara efectivamente las consultas o procedimientos anunciados, ni que cobrara las tarifas publicadas.

QUÉ ESTABLECE EL DECRETO 160 DE 2026 SOBRE LA MEDICINA PRIVADA EN CUBA

El marco legal es uno de los elementos centrales de esta controversia. El Decreto 160 de 2026, publicado en la Gaceta Oficial del 28 de julio, regula las actividades prohibidas o condicionadas para empresas privadas, mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.

Según el numeral 64 de su anexo, citado por CubaNet, las actividades profesionales de atención médica y los servicios odontológicos se encuentran entre las actividades no autorizadas para estos actores económicos.

La regulación contempla determinadas actividades relacionadas con servicios farmacéuticos, ópticos, cuidados y rehabilitación que pueden desarrollarse bajo condiciones y permisos específicos. No obstante, esas excepciones no representan una autorización general para establecer consultas médicas privadas.

Existe además una distinción jurídica importante: que una actividad económica esté prohibida administrativamente no significa que cualquier infracción constituya automáticamente un delito penal. La calificación de una conducta concreta requiere determinar los hechos y la normativa aplicable.

Por tanto, aunque las autoridades sanitarias anunciaron posibles actuaciones judiciales, todavía no se han identificado públicamente los fundamentos penales de eventuales procedimientos relacionados con estos anuncios.

APAGONES Y CARENCIAS COMPLICAN LA ATENCIÓN MÉDICA ESTATAL

La prohibición de la medicina privada adquiere especial relevancia en una provincia donde se han documentado dificultades para garantizar servicios sanitarios básicos.

En marzo de 2026, el medio independiente elTOQUE publicó testimonios de tres madres que denunciaron obstáculos para recibir atención médica para sus hijos en policlínicos de Camagüey durante febrero.

Uno de los casos correspondía a un niño de tres años que necesitaba tratamiento con aerosol durante una crisis asmática. Según relató su madre, el personal del Policlínico Centro le indicó que los equipos no podían utilizarse debido a la falta de electricidad.

Otro testimonio describió la imposibilidad de realizar análisis urgentes en un laboratorio sin corriente eléctrica. Una tercera madre denunció que su hijo no recibió atención odontológica porque el centro sanitario carecía de agua.

Estos relatos no permiten generalizar que todas las instalaciones médicas de Camagüey funcionen de igual manera, pero sí muestran problemas concretos documentados en centros estatales.

La preocupación también trasciende la provincia. En una declaración del 26 de febrero de 2026, organizaciones internacionales presentes en Cuba alertaron sobre las consecuencias de la crisis energética para hospitales, servicios de urgencias, cuidados intensivos y conservación de medicamentos y vacunas.

EL DEBATE: CONTROL ESTATAL, ACCESO A LA SALUD Y CAPACIDAD DE PAGO

La discusión no se limita a determinar si una consulta particular cumple o incumple la legislación. También plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema sanitario para responder a las necesidades de los pacientes y sobre las alternativas que podrían existir bajo mecanismos de supervisión profesional.

Entre las reacciones al comunicado oficial aparecieron opiniones favorables a permitir servicios privados junto a cuestionamientos sobre sus elevados precios. Otros participantes defendieron el modelo estatal o reclamaron mejoras en la atención pública.

Los precios anunciados por Dalia Spa introducen otra dimensión: la desigualdad económica. Las tarifas en dólares podrían representar una barrera considerable para ciudadanos cuyos ingresos habituales se reciben en pesos cubanos.

Autorizar consultas privadas tampoco resolvería por sí solo los problemas de abastecimiento, infraestructura o acceso equitativo. Cualquier ampliación del sector requeriría regulaciones sobre cualificación profesional, seguridad del paciente, responsabilidades sanitarias y condiciones de funcionamiento.

No obstante, la controversia pone de manifiesto una contradicción que merece escrutinio público: el Estado mantiene restricciones a las alternativas privadas mientras existen denuncias documentadas sobre la falta de atención oportuna en determinados centros estatales.

Por ahora, las autoridades han reafirmado la prohibición, pero no han anunciado cambios que permitan ampliar legalmente la práctica médica particular. La cuestión de fondo continúa abierta: cómo garantizar que los cubanos reciban atención sanitaria accesible y segura cuando los servicios existentes no consiguen responder a todas sus necesidades.