FISCALÍA CUBANA PIDE HASTA 13 AÑOS DE CÁRCEL POR LAS PROTESTAS DE MORÓN: HAY ADOLESCENTES ENTRE LOS 19 ACUSADOS

La Fiscalía cubana pide hasta 13 años de cárcel por las protestas de Morón, en Ciego de Ávila, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles el pasado 13 de marzo para expresar su descontento por los apagones prolongados, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Entre las 19 personas procesadas figuran adolescentes que tenían apenas 16 años cuando ocurrieron los hechos.

Las solicitudes de prisión, divulgadas por Martí Noticias a partir de declaraciones de familiares de los acusados, oscilan entre siete y trece años. Las familias cuestionan la solidez de las pruebas y denuncian que varios jóvenes podrían enfrentar largas condenas sin que se haya demostrado su participación individual en los incidentes violentos registrados durante las manifestaciones.

PROTESTAS DE MORÓN: HASTA 13 AÑOS DE PRISIÓN POR ACUSACIONES DE SEDICIÓN

Las manifestaciones del 13 de marzo de 2026 surgieron en medio del descontento ciudadano por los prolongados cortes eléctricos y las dificultades para conseguir alimentos. Durante la protesta se produjeron incidentes en las inmediaciones de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), que posteriormente formaron parte de las acusaciones penales.

La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila formuló peticiones de cárcel contra 19 personas por sedición y otros delitos. La pena más elevada, de 13 años, corresponde a Hosuán Naranjo Chacón, según los reportes difundidos sobre el proceso.

Para Brian Pérez Muñoz, de 28 años, y otros adultos incluidos en la causa, las autoridades solicitan penas de 12 años. En el caso de los adolescentes, las peticiones son de siete años, salvo Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años, para quien se reclaman ocho.

Estas cifras corresponden a solicitudes fiscales, no a sentencias definitivas. La culpabilidad y las eventuales penas deberán determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

MADRE DE BRIAN PÉREZ DENUNCIA QUE NO SE HA DEMOSTRADO SU PARTICIPACIÓN EN LOS INCIDENTES

Dayarmé Muñoz, madre de Brian Pérez Muñoz, rechazó públicamente la gravedad de los cargos contra su hijo. En declaraciones a Martí Noticias, explicó que el joven se incorporó a la manifestación cuando ya habían ocurrido incidentes en la sede municipal del PCC.

La mujer reconoce que Brian participó en la protesta y expresó su inconformidad con la situación del país. Sin embargo, asegura que la acusación no ha demostrado que participara en incendios, lanzara piedras o entrara en las instalaciones partidistas.

Según su testimonio, el joven permanece privado de libertad desde marzo y fue trasladado aproximadamente un mes después de su detención a la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila.

También denunció que durante estos siete meses las autoridades rechazaron cuatro solicitudes de modificación de su medida cautelar y una queja presentada por la familia.

Estas afirmaciones no sustituyen la valoración judicial de las pruebas, pero plantean una cuestión esencial: determinar qué conducta concreta se atribuye a cada acusado y qué elementos permiten demostrarla.

CHRISTIAN CRESPO: PIDEN OCHO AÑOS DE CÁRCEL A UN JOVEN DETENIDO CUANDO TENÍA 16

Otro de los casos que provoca preocupación es el de Christian de Jesús Crespo Álvarez, quien tenía 16 años cuando fue detenido el 18 de marzo, cinco días después de las manifestaciones.

Su madre, Marielkis Álvarez, aseguró que los exámenes periciales practicados al adolescente no lo vincularon con los daños ocurridos en la sede del PCC. Según su versión, las pruebas de huellas dactilares, calzado y olor resultaron negativas.

La mujer también cuestionó una grabación utilizada en la investigación, pues sostiene que no permite distinguir el rostro del joven. De acuerdo con su relato, la identificación se habría realizado a partir de características físicas como la estatura y un tatuaje.

Hasta el momento no se ha tenido acceso al expediente completo para comprobar de manera independiente esos resultados o conocer los argumentos de la Fiscalía.

La familia también había denunciado anteriormente presuntas agresiones y condiciones de reclusión inadecuadas durante su permanencia en la prisión de Canaleta. Estas acusaciones requieren una investigación que permita esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

JONATHAN MUIR: EXCARCELADO, PERO CON UNA PETICIÓN DE SIETE AÑOS DE PRISIÓN

El caso de Jonathan David Muir Burgos adquirió repercusión internacional después de que el adolescente, entonces de 16 años, fuera detenido el 16 de marzo tras acudir con su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial.

Jonathan permaneció más de tres meses privado de libertad, parte de ese tiempo en la prisión de adultos de Canaleta. Durante su encarcelamiento, su familia denunció problemas de salud y condiciones penitenciarias incompatibles con sus necesidades como menor de edad.

El 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 30/2026, mediante la cual le concedió medidas cautelares ante el riesgo que identificó para sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

Amnistía Internacional también intervino públicamente en mayo para reclamar su liberación y denunciar los riesgos asociados a su reclusión junto a adultos.

Jonathan fue excarcelado el 24 de junio, pero continúa sometido a restricciones de movimiento, según información difundida por Defensa CD. Su salida de prisión no significó el cierre del procedimiento penal y ahora enfrenta una petición fiscal de siete años.

EL USO DEL DELITO DE SEDICIÓN Y LAS GARANTÍAS JUDICIALES

Una de las principales controversias del caso es la utilización de la figura penal de sedición contra personas detenidas en el contexto de manifestaciones motivadas por necesidades económicas y sociales.

La existencia de incidentes violentos durante una protesta no permite atribuir automáticamente responsabilidad penal a todos los participantes. Para establecerla, es necesario diferenciar la expresión pacífica del descontento de las conductas delictivas específicas que puedan demostrarse.

Esta distinción resulta especialmente importante cuando entre los acusados hay adolescentes. Los estándares internacionales de justicia juvenil exigen una protección reforzada de sus derechos, así como especial atención a su edad y circunstancias individuales.

El Estado cubano tiene la responsabilidad de investigar cualquier hecho violento que se haya producido, pero esa obligación debe ejercerse respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Siete meses después de las protestas, las familias de los procesados siguen reclamando respuestas. Las peticiones de hasta 13 años de prisión reflejan la severidad de la respuesta penal, mientras continúan abiertas las interrogantes sobre las pruebas y las garantías ofrecidas a los acusados.

El desenlace judicial de esta causa será relevante no solo para las 19 personas procesadas, sino también para el debate sobre los límites de la respuesta estatal frente a las protestas ciudadanas en Cuba.