EL RÉGIMEN REABRE UN DITÚ EN MANOS PRIVADAS EN CABAIGUÁN Y LOS CUBANOS PREGUNTAN: ¿QUIÉN PUEDE PAGARLO?

El conocido DiTú de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, volvió a abrir sus puertas en medio del proceso de reordenamiento económico que impulsa el Gobierno cubano, pero esta vez bajo una fórmula de gestión vinculada a un productor no estatal. La reapertura ha generado críticas entre residentes que cuestionan quién podrá consumir realmente en este tipo de establecimientos cuando los precios de la comida absorben una parte considerable de los salarios.

Palmares, empresa estatal que administra instalaciones gastronómicas y recreativas, había anunciado públicamente la “gran reapertura” del DiTú de Cabaiguán. Una publicación difundida posteriormente en redes sociales identifica la modalidad como “Acciones Cooperadas de Palmares con el Productor de Avanzada Yuniesky Rodríguez Hernández”.

CubaBajoLupa no encontró, sin embargo, un contrato público que permita establecer las condiciones exactas de esa relación: cuánto aporta cada parte, cómo se reparten los ingresos o durante cuánto tiempo operará el acuerdo. Por ello, resulta más preciso hablar de gestión cooperada que de privatización o transferencia de propiedad.

DEL DITÚ ESTATAL A UNA FÓRMULA CON ACTORES NO ESTATALES

Los DiTú fueron durante años una de las marcas más reconocibles de la gastronomía estatal cubana. El modelo que ahora aparece en Cabaiguán encaja con una política económica más amplia que el propio Gobierno reconoce abiertamente.

Las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas en 2026 incluyen una mayor integración entre empresas estatales y actores económicos no estatales. El vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó oficialmente que entre las medidas está la implementación de asociaciones entre empresas estatales y otros actores económicos.

Esto convierte el caso de Cabaiguán en algo más que la reapertura de una cafetería: muestra cómo instalaciones y marcas estatales comienzan a funcionar mediante esquemas donde intervienen productores o gestores privados, aunque el Estado conserve el control sobre los activos.

EL PROBLEMA NO ES SOLO QUIÉN LO ADMINISTRA, SINO QUIÉN PUEDE PAGAR

Las críticas aparecidas en redes sociales se concentran precisamente en ese punto.

Usuarios como Odalis Alfonso, Yoel Martin García y Ana Iris Pulido cuestionaron que la recuperación del establecimiento pueda beneficiar al trabajador asalariado si los precios terminan fuera de su alcance. Sus comentarios expresan una preocupación recurrente en la Cuba actual: locales restaurados y ofertas disponibles, pero con una capacidad de consumo extremadamente desigual.

El antecedente más cercano refuerza esa preocupación.

En julio, otro DiTú de Sancti Spíritus reabrió con croquetas de jamón a 1.500 pesos, una porción de pollo de 250 gramos a 600 y alitas a 2.500 pesos. Otros reportes del menú mostraron ofertas de hasta 4.500 pesos.

El contraste es considerable. Desde julio de 2026, el salario mínimo oficial cubano fue elevado de 2.100 a 3.210 pesos mensuales, según informó el propio Gobierno.

Eso significa que una sola orden de alitas de 2.500 pesos puede consumir buena parte del salario mínimo mensual, mientras una oferta de 4.500 pesos lo supera completamente.

UNA APERTURA QUE REFLEJA LA NUEVA ECONOMÍA CUBANA

El Gobierno sostiene que sus transformaciones económicas buscan integrar a todos los actores productivos, generar riqueza y descentralizar determinadas actividades. Entre las áreas priorizadas aparecen específicamente el comercio, la gastronomía y los servicios.

El desafío, sin embargo, está en quién termina beneficiándose de esa apertura.

Una instalación cerrada o subutilizada que vuelve a funcionar representa una mejora frente al abandono. Pero si los precios quedan desconectados del ingreso de quienes viven exclusivamente de un salario estatal, el cambio de gestión no resuelve necesariamente el problema del acceso.

Ese es precisamente el debate que deja el nuevo DiTú de Cabaiguán: el Estado encuentra nuevas fórmulas para hacer funcionar sus instalaciones, pero el trabajador cubano todavía tiene que preguntarse si puede permitirse sentarse a consumir dentro de ellas.