El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al programa de misiones médicas de Cuba.
Entre los sancionados aparece el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, junto a Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, organismo encargado de seleccionar, reclutar y administrar a los profesionales enviados a otros países.
También fueron designadas la propia Unidad Central de Cooperación Médica —UCCM— y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. —CSMC—, empresa estatal que negocia y comercializa esos servicios en el exterior. ⚠️
Las medidas fueron adoptadas por el Departamento de Estado bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026.
Esa disposición permite aplicar sanciones a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba y con actividades consideradas por Washington como amenazas para la seguridad nacional estadounidense.
💰 El Departamento de Estado describió a la CSMC como “la principal fuente de divisas de Cuba” y afirmó que genera más ingresos que cualquier otro sector de la economía insular.
Diversas estimaciones citadas en el texto sitúan ese negocio por encima de los 4.900 millones de dólares anuales.
Pero mientras el régimen presenta las brigadas como solidaridad internacional, Estados Unidos insiste en que detrás existe un sistema de explotación laboral.
Según Washington, las autoridades cubanas retienen entre el 50 % y el 95 % de los salarios pagados por los países receptores, mientras decenas de miles de médicos y otros trabajadores de la salud prestan servicios en más de 50 naciones. 🌍
El Departamento de Estado calificó el programa como una política sistemática de trabajo forzoso y una modalidad de trata de personas.
La administración Trump ha colocado este tema entre los principales ejes de su política hacia La Habana durante 2026, intensificando la presión sobre los gobiernos y entidades que contratan personal sanitario cubano mediante acuerdos con el régimen.
📄 En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe de 199 páginas que señaló la existencia de indicios graves de trabajo forzoso, trata de personas y formas contemporáneas de esclavitud dentro de estas misiones.
El organismo recomendó además que los Estados del continente revisaran o suspendieran su participación en esos convenios.
Las sanciones colocan ahora directamente en la mira a los funcionarios que administran el programa y a las empresas que reciben y controlan sus ingresos.
