EE.UU. GOLPEA OTRA FUENTE DE INGRESOS DEL RÉGIMEN CUBANO: NUEVAS SANCIONES ALCANZAN AL MINISTERIO DE TURISMO

Estados Unidos volvió a elevar la presión sobre el régimen cubano, esta vez colocando bajo sanciones al Ministerio de Turismo y a otras entidades estatales vinculadas con el comercio exterior, el transporte marítimo, los combustibles y los mecanismos de control político dentro de la Isla.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC, actualizó el 13 de julio su lista de personas y organizaciones sancionadas. Entre las nuevas designaciones aparece oficialmente el Ministerio de Turismo de Cuba, uno de los organismos que administra un sector clave para la entrada de divisas al país.

También fueron incluidos el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, GEMAR; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX; las compañías de combustibles Coreydan y Enetec; la Corporación Antillana Exportadora y el Grupo Caudal, relacionado con seguros y servicios financieros.

Pero el nuevo paquete no se limita a empresas.

Washington sancionó además a las Milicias de Tropas Territoriales, las Brigadas de Respuesta Rápida y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, organizaciones señaladas durante décadas por su participación en actos de vigilancia, intimidación y represión contra ciudadanos considerados opositores al sistema.

Según la Administración estadounidense, estas entidades forman parte de una estructura en la que los ingresos obtenidos por empresas estatales terminan sosteniendo los mecanismos políticos y represivos del Gobierno cubano. El Departamento de Estado sostiene que las medidas buscan golpear simultáneamente las fuentes de financiamiento oficial y los grupos utilizados para controlar a la población.

El turismo vuelve a quedar en el centro de la presión

La inclusión del Ministerio de Turismo tiene un peso especial.

Durante años, el régimen presentó el turismo como una de sus principales fuentes de recuperación económica, mientras destinaba grandes cantidades de recursos a construir hoteles en medio de una crisis marcada por hospitales deteriorados, apagones, escasez de alimentos y salarios que apenas alcanzan para sobrevivir.

El problema es que buena parte de la infraestructura turística cubana se encuentra conectada directa o indirectamente con conglomerados militares y empresas estatales. Por eso, el nuevo castigo puede aumentar las dificultades para contratar servicios internacionales, recibir inversiones, operar cuentas bancarias o mantener relaciones con compañías extranjeras.

Las instituciones financieras y empresas con contratos existentes tendrán hasta el 12 de agosto de 2026 para cerrar determinadas operaciones con algunas de las entidades alcanzadas sin exponerse a sanciones estadounidenses, según la información divulgada sobre la medida.

¿Quién termina pagando el precio?

La pregunta inevitable es cuánto daño recibirá realmente la cúpula gobernante y cuánto terminará cayendo nuevamente sobre los cubanos de a pie.

Las sanciones están dirigidas contra organismos del Estado y estructuras represivas, pero sus consecuencias pueden extenderse a trabajadores del turismo, transportistas, pequeños negocios privados y familias que dependen de la llegada de visitantes.

El régimen utilizará ese impacto para culpar exclusivamente a Washington de la crisis. Sin embargo, La Habana tampoco puede borrar su propia responsabilidad: décadas de centralización, falta de libertades económicas, corrupción, prioridades millonarias en hoteles vacíos y persecución contra quienes exigen cambios.

El Gobierno cubano insiste en presentar cada sanción como un ataque contra todo el pueblo. Estados Unidos, por su parte, afirma que su objetivo es cortar el dinero que sostiene a la élite y exigir reformas políticas y económicas. En medio de ambas posiciones queda una población agotada, atrapada entre la presión internacional y un sistema que se niega a renunciar al control absoluto.

Más presión en el peor momento de la crisis cubana

Las nuevas medidas llegan cuando Cuba atraviesa una grave caída del turismo, falta de combustible y repetidos colapsos del sistema eléctrico. Diversas compañías internacionales ya se han distanciado de negocios relacionados con entidades militares cubanas, mientras las dificultades financieras limitan aún más la capacidad del país para importar recursos esenciales.

Washington parece decidido a continuar cerrando las vías de financiamiento del régimen. La Habana, en cambio, responde con discursos de resistencia, acusaciones externas y reformas parciales que no modifican la raíz del problema.

El cerco se aprieta, pero la verdadera salida para Cuba no puede reducirse a nuevas sanciones ni a más consignas oficiales.

La solución pasa por desmontar el sistema que concentra la riqueza, castiga la iniciativa privada, persigue la discrepancia y obliga al pueblo a pagar por los privilegios de quienes gobiernan.

Porque mientras el poder siga protegido y el ciudadano continúe sin derechos, cada nueva batalla entre Washington y La Habana volverá a librarse sobre la mesa vacía de una familia cubana.