DENUNCIAN CUBANO EN SANTA CLARA POR PRESUNTAS ESTAFAS CON VEHÍCULOS Y DOCUMENTOS ATRIBUIDOS A ENTIDADES ESTATALES

Varias denuncias difundidas en grupos de Facebook de Santa Clara, Villa Clara, señalan a un hombre identificado por los denunciantes como Lázaro David Rodríguez Borges, presuntamente conocido como “El Pelú”, por supuestas irregularidades en operaciones de compraventa de vehículos. Los testimonios hablan de automóviles entregados a compradores que posteriormente habrían sido recuperados y, según las acusaciones, negociados nuevamente.

Junto a los relatos circulan capturas de conversaciones, publicaciones anteriores y una factura que aparenta estar vinculada a SASA La Palma. La existencia de esa agencia automotriz en La Habana puede comprobarse en directorios comerciales, pero CubaBajoLupa no ha podido autenticar el documento compartido ni determinar si fue realmente emitido por esa entidad.

La diferencia es fundamental: que un documento lleve el nombre o logotipo de una empresa no demuestra por sí mismo que sea auténtico, ni establece responsabilidad alguna de la institución mencionada.

UN HYUNDAI GRAND I10 EN EL CENTRO DE UNA DE LAS DENUNCIAS

Uno de los casos relatados involucra un Hyundai Grand i10 del año 2021. El denunciante aportó una factura donde aparece reflejada una operación por 165.000 pesos y sostiene que posteriormente perdió el control del automóvil.

Según su versión, ha acudido a diferentes instancias de la Policía Nacional Revolucionaria, la Fiscalía y otras autoridades para intentar esclarecer lo ocurrido y recuperar el vehículo, sin haber obtenido hasta ahora la solución que reclama.

Los denunciantes describen un supuesto mecanismo mediante el cual se ofertarían automóviles presentados como procedentes de entidades como SASA o PROVARI, utilizando documentos cuya autenticidad ahora cuestionan. Después de entregar el vehículo, aseguran, este habría sido recuperado bajo distintos argumentos.

CubaBajoLupa no ha podido comprobar independientemente que ese mecanismo haya ocurrido de la forma descrita, ni establecer quién habría elaborado o utilizado eventuales documentos falsos. Esa determinación corresponde a una investigación de las autoridades competentes.

HABLAN DE MÁS VÍCTIMAS, PERO LA CIFRA NO ESTÁ VERIFICADA

En las publicaciones compartidas en redes sociales aparecen referencias a supuestas víctimas desde La Habana hasta Santa Clara y algunas personas aseguran que existirían más de 20 casos.

Esa cifra no ha podido ser corroborada independientemente y, por tanto, no debe interpretarse como un número confirmado de afectados.

Entre los nombres mencionados aparece también Andy Bofill, conocido deportista villaclareño. Un detalle importante: algunas versiones lo describen incorrectamente como exvoleibolista; Bofill es una figura reconocida del baloncesto cubano y fue jugador destacado de los Lobos de Villa Clara. Fuentes deportivas cubanas lo identifican como uno de los referentes históricos del conjunto villaclareño y MVP de la Liga Superior de Baloncesto en 2018.

Una de las denuncias sostiene que Bofill habría sufrido pérdidas por unos 8.000 dólares y vehículos, pero CubaBajoLupa no encontró documentación independiente que permita confirmar esa acusación o cuantificar una eventual pérdida.

LO QUE DEBE ACLARAR UNA INVESTIGACIÓN

Las publicaciones también contienen señalamientos contra trabajadores de determinadas entidades y miembros de organismos oficiales. CubaBajoLupa no reproducirá esas acusaciones como hechos establecidos mientras no existan pruebas verificables.

Lo que sí plantea el conjunto de denuncias es una serie de preguntas concretas que merecen respuesta: si los documentos utilizados en esas compraventas eran auténticos, quién tenía legalmente la propiedad de los vehículos, cómo pudieron cambiar de manos y si existen realmente varias personas denunciando operaciones semejantes.

Lázaro David Rodríguez Borges y cualquier otra persona mencionada deben considerarse inocentes mientras no exista una decisión de las autoridades competentes que establezca responsabilidades.

Si efectivamente existen varias denuncias sobre vehículos que habrían sido vendidos, recuperados y posteriormente negociados con nuevos compradores, ya no se trataría únicamente de una disputa particular. Corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió, verificar cada documento y aclarar si estamos ante conflictos civiles independientes o ante un posible esquema de fraude.