CONDENAN A 12 AÑOS DE PRISIÓN A UNA PERSONA EN SANTIAGO DE CUBA POR ROBAR ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

El Tribunal Municipal Popular de Contramaestre condenó a 12 años de prisión a un hombre por la sustracción de aceite dieléctrico de una subestación eléctrica en la zona de Bungo La Venta, en Santiago de Cuba. Según la información divulgada por medios locales y reproducida este jueves, el hecho dejó sin servicio eléctrico durante aproximadamente 48 horas a más de 2.000 personas.

El caso adquiere especial relevancia porque ya no fue tratado como un simple delito de hurto. Las autoridades judiciales lo calificaron como sabotaje contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una figura penal que desde 2025 permite aplicar condenas considerablemente más severas a quienes dañen o sustraigan componentes de infraestructuras consideradas críticas.

ROBO DE ACEITE DIELÉCTRICO: 12 AÑOS DE CÁRCEL

De acuerdo con la información atribuida al telecentro TurquinoTeve, el acusado fue detenido cuando transportaba aceite presuntamente sustraído de la instalación. El reporte señala que las autoridades ocuparon 120 litros de aceite dieléctrico, además de herramientas manuales que habrían sido utilizadas durante el hecho.

La causa fue identificada en la información divulgada como la número 8 de 2026. Entre los elementos considerados por el tribunal estuvieron las consecuencias sobre el servicio eléctrico y la afectación provocada a los residentes de Bungo La Venta y áreas cercanas.

Existe, sin embargo, una inconsistencia menor en las publicaciones secundarias consultadas: mientras el cuerpo del reporte habla de 120 litros, uno de los resúmenes indexados menciona 102 litros. Por esa razón, CubaBajoLupa mantiene como referencia la cifra de 120 litros atribuida al reporte original, pero señala la discrepancia para no presentar como completamente resuelto un dato que aparece de forma distinta en las fuentes disponibles.

POR QUÉ EL CASO FUE TRATADO COMO SABOTAJE

El endurecimiento judicial tiene su origen en el Dictamen 475 de 2025, aprobado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria número 29. La disposición busca unificar la respuesta judicial ante actos que dañen infraestructuras esenciales, entre ellas instalaciones del sistema eléctrico, telecomunicaciones y transporte.

Según explicó entonces el Tribunal Supremo, cuando estos hechos afectan infraestructuras críticas pueden ser procesados como sabotaje bajo las disposiciones del Código Penal. Para el tipo básico, el marco sancionador puede oscilar entre siete y 15 años de privación de libertad. En modalidades agravadas, cuando existen consecuencias de mayor gravedad para personas o para la seguridad colectiva, las penas pueden aumentar considerablemente.

Ese criterio ya ha sido aplicado en otros procesos. En Artemisa, por ejemplo, una causa relacionada con la extracción de 70 litros de aceite de un transformador fue procesada como sabotaje y la Fiscalía solicitó 12 años de prisión.

UN PROBLEMA QUE SIGUE REPITIÉNDOSE

La sentencia de Contramaestre ocurre en medio de una sucesión de reportes sobre robos de aceite dieléctrico en diferentes provincias. El 17 de agosto, la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba informó sobre la extracción de aceite de dos bancos de transformadores en la zona de Carolina, municipio San Luis. Días antes también se habían conocido casos en Cárdenas y Unión de Reyes, en Matanzas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció además ante la Asamblea Nacional a finales de julio que la sustracción de aceite de transformadores ocurre con frecuencia y afirmó que el volumen robado llega a ser comparable con el que el país logra producir en determinados períodos. También habló de comunidades que han permanecido hasta 105 días sin electricidad debido a daños en transformadores difíciles de sustituir.

El aceite dieléctrico tiene una función esencial en los transformadores: contribuye a su aislamiento eléctrico y refrigeración. Retirarlo puede provocar daños graves o inutilizar completamente el equipo, de modo que la consecuencia termina extendiéndose mucho más allá del valor del líquido robado.

En una Cuba donde el sistema eléctrico ya funciona con enormes déficits de generación, cada transformador inutilizado añade un problema adicional. El 17 de agosto, por ejemplo, la propia Unión Eléctrica pronosticó una afectación de hasta 2.210 MW durante el horario de máxima demanda.

La sentencia de Contramaestre muestra hasta dónde está llegando la respuesta penal del Estado frente a estos hechos. Al mismo tiempo, la repetición de nuevos robos pese a las condenas plantea otra cuestión: el endurecimiento de las penas puede castigar la conducta, pero hasta ahora no ha eliminado un fenómeno que continúa dañando una infraestructura eléctrica extremadamente vulnerable.