CIERRAN NEGOCIOS EN SANCTI SPÍRITUS POR DOBLES PRECIOS Y RECHAZO DE TRANSFERENCIAS

Un operativo de fiscalización desarrollado en la ciudad de Sancti Spíritus terminó con más de 200 multas y el cierre temporal de varios establecimientos por infracciones relacionadas principalmente con los precios y el incumplimiento de normas comerciales sobre pagos electrónicos.

La intervención confirma que las autoridades cubanas están endureciendo los controles sobre comercios estatales y privados, pero también expone las dificultades de una política de bancarización que continúa chocando con la escasez de efectivo, los problemas tecnológicos y la resistencia de numerosos negocios a aceptar transferencias.

Precios diferentes según la forma de pago

Según informó la prensa oficial espirituana, la mayoría de las sanciones estuvo vinculada con violaciones de precios. En menor proporción, los inspectores detectaron incumplimientos relacionados con las pasarelas de pago y otros canales electrónicos.

Entre las irregularidades señaladas aparecen la negativa a aceptar transferencias, el cobro de cantidades diferentes por un mismo producto dependiendo de si el cliente pagaba en efectivo o digitalmente, la venta de mercancías vencidas, deficiencias de calidad y datos desactualizados en la información ofrecida al consumidor.

Cobrar un recargo simplemente porque el cliente utiliza una transferencia constituye una infracción de las normas vigentes. La obligación de disponer de pasarelas nacionales o terminales de punto de venta forma parte de los requisitos establecidos para negocios inscritos en el Registro Central Comercial.

Las inspecciones también detectaron dobles precios en ferias y puntos de venta. La reiteración de esas prácticas llevó a proponer o ejecutar cierres temporales.

Al menos cinco establecimientos clausurados

La información difundida identifica al menos cinco establecimientos cerrados: dos ubicados en la calle Máximo Gómez, uno próximo al Joven Club de Computación del Kilo 12, una panadería ilegal situada en la carretera a Zaza del Medio y otro local en la intersección de Garaita y Céspedes.

En el operativo participaron inspectores municipales y provinciales, además de representantes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, Trabajo y Comercio Interior.

El despliegue alcanzó arterias principales y zonas comerciales de la cabecera provincial. La clausura aparece contemplada entre las sanciones administrativas aplicables en Cuba, junto con las multas, la suspensión de licencias, la paralización de actividades y el decomiso de bienes relacionados con la infracción.

La bancarización avanza con fuertes obstáculos

El operativo se produce en medio de los problemas acumulados por la bancarización impulsada desde agosto de 2023.

En mayo de 2026, menos del 10% de las mipymes y trabajadores privados consultados en Sancti Spíritus aceptaba habitualmente transferencias bancarias, según datos atribuidos a un sondeo de la emisora provincial.

Los comerciantes señalan que parte del problema comienza antes de llegar al consumidor: muchos proveedores exigen efectivo, lo que obliga a los negocios a conservar dinero físico para comprar mercancías. En ese contexto, aceptar todas las ventas mediante transferencia puede dejar al establecimiento con saldo bancario, pero sin efectivo para reabastecerse.

A escala nacional, la prensa oficial informó anteriormente sobre 15,240 contravenciones y 269 cierres relacionados con deficiencias en la aplicación de los pagos digitales.

En julio, la Resolución 74/2026 modificó la política anterior y suspendió el límite fijo de 5,000 pesos para determinadas operaciones en efectivo entre actores económicos. La medida también redujo del 1.5% al 0.8% la comisión aplicada a los comercios por el servicio de pago en línea.

El contraste es evidente: mientras el Gobierno exige canales digitales y sanciona su incumplimiento, la propia aplicación de la política continúa limitada por la falta de infraestructura, la necesidad de efectivo y una cadena de proveedores que tampoco opera plenamente mediante transferencias.

Las multas pueden corregir prácticas abusivas como los dobles precios o los recargos injustificados. Sin embargo, difícilmente resolverán por sí solas los problemas estructurales que mantienen al efectivo como una necesidad cotidiana para consumidores y comerciantes.