OPERATIVO CONTRA PERSONAS SIN HOGAR EN LA HABANA: EL RÉGIMEN LAS RETIRA DE LAS CALLES PARA «MEJORAR LA IMAGEN» DE LA CIUDAD

Un operativo contra personas sin hogar en La Habana, realizado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y autoridades del Gobierno municipal de Centro Habana, ha generado cuestionamientos sobre la manera en que el régimen cubano enfrenta la creciente pobreza y la exclusión social en la capital.

La intervención, divulgada el 10 de noviembre de 2026, abarcó las calles Galiano, Reina, Belascoaín e Infanta. Según la publicación de Habana Noticias, las autoridades retiraron a decenas de personas que permanecían en espacios públicos, bajo el argumento de realizar labores de saneamiento y mejorar la imagen urbana. CiberCuba+1

Retiran a personas sin hogar de las principales calles de Centro Habana

De acuerdo con la información difundida por Habana Noticias, una plataforma cercana a las autoridades, el operativo estuvo dirigido a personas identificadas oficialmente como deambulantes, algunas de las cuales permanecían en las calles junto a sus pertenencias.

La publicación justificó la intervención señalando que estas personas afectaban la apariencia de la ciudad. También aseguró que fueron trasladadas a instalaciones destinadas a brindarles atención, aunque no identificó los centros receptores ni explicó qué asistencia recibirían.

Este último aspecto resulta especialmente importante. Retirar a una persona de la vía pública no significa necesariamente que haya dejado de encontrarse en situación de pobreza o desamparo.

Tampoco permite determinar si recibió alojamiento permanente, alimentación, asistencia médica o apoyo para recuperar una vida independiente.

¿Atención social o una operación para ocultar la pobreza?

La manera en que se presentó el procedimiento ha abierto un debate que trasciende la limpieza de los espacios públicos.

Mientras las autoridades destacan el mejoramiento de la imagen urbana, la información disponible no permite establecer si las personas trasladadas participaron voluntariamente en el procedimiento o si pudieron rechazarlo.

La distinción es fundamental: ofrecer protección social a ciudadanos vulnerables constituye una responsabilidad institucional, pero retirar personas de las calles sin garantías suficientes puede plantear serias interrogantes sobre sus derechos.

El problema no desaparece porque quienes lo padecen dejen de estar a la vista. La ausencia de información sobre el destino y las condiciones de los trasladados impide evaluar si la intervención representa una solución social efectiva o simplemente una medida temporal de control del espacio público.

Las denuncias de traslados forzosos aumentan la preocupación

El operativo en Centro Habana ocurre en un contexto de recientes actuaciones policiales relacionadas con ciudadanos que residen en la capital sin tener registrada allí su dirección oficial.

A comienzos de noviembre, las autoridades informaron sobre la detención de 71 personas durante un despliegue policial en San Miguel del Padrón. Entre los motivos mencionados figuraban presuntos delitos, infracciones administrativas y situaciones de residencia consideradas irregulares.

Es importante precisar que esas 71 detenciones respondieron a motivos diversos y no pueden atribuirse exclusivamente a la situación migratoria interna. 14ymedio.com+1

Por otra parte, la periodista independiente Yoani Sánchez denunció el 6 de noviembre que, durante las aproximadamente nueve horas que permaneció detenida en una estación policial habanera, conoció casos de ciudadanos retenidos por no tener una dirección registrada en la capital.

Según su testimonio, algunas de esas personas estaban siendo trasladadas por la fuerza hacia sus provincias de origen. Se trata de una denuncia periodística que no demuestra, por sí sola, que ese mismo procedimiento se aplicara a las personas sin hogar retiradas de Centro Habana. 14ymedio.com+1

La normativa cubana y el derecho a residir dentro del propio país

Las restricciones a la residencia en La Habana tienen antecedentes en el Decreto-Ley 217 de 1997, que estableció regulaciones administrativas para el asentamiento en la capital.

Esta normativa ha sido cuestionada por sus implicaciones para la libertad de residencia y circulación de los ciudadanos cubanos, especialmente de quienes proceden de otras provincias y buscan mejores oportunidades económicas.

En abril de 2025, el Consejo de Ministros aprobó además el Acuerdo 10056, que estableció un procedimiento específico para atender a personas en situación de deambulación.

La existencia de ese mecanismo institucional no aclara, sin embargo, cómo fue aplicado durante el operativo de Centro Habana ni qué garantías recibieron los afectados. Infobae+1

La pobreza extrema en Cuba: una crisis que no se resuelve retirando personas de las calles

El problema de las personas sin hogar adquiere mayor gravedad en medio del deterioro económico y social que atraviesa Cuba.

Según el IX Estudio sobre Derechos Sociales, publicado en agosto de 2026 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 94 % de los cubanos se encuentra en situación de pobreza extrema, de acuerdo con la metodología utilizada por la organización.

El informe, elaborado a partir de 1.318 entrevistas, también encontró que el 2 % de los encuestados declaró vivir en la calle y otro 4 % en albergues o campamentos provisionales.

Estas cifras proceden de una encuesta independiente y no constituyen un censo oficial de todas las personas sin hogar del país. No obstante, permiten dimensionar la vulnerabilidad social en la que se producen este tipo de intervenciones. Observatorio cubano de derechos humanos

La pregunta pendiente: ¿qué ocurre con las personas después del operativo?

La intervención policial plantea una cuestión que las autoridades todavía no han respondido públicamente con información suficiente: qué sucede con quienes son retirados de las calles una vez concluido el procedimiento.

Sin conocer los centros de destino, las condiciones de alojamiento ni los mecanismos de seguimiento, resulta imposible determinar si existe una respuesta sostenible a sus necesidades.

La crítica principal no reside en que se ofrezca asistencia a ciudadanos sin hogar, sino en que una actuación presentada como saneamiento urbano carezca de información transparente sobre sus resultados sociales.

En una Cuba marcada por el empobrecimiento de amplios sectores de la población, la verdadera medida de una política de protección no debería ser cuántas personas desaparecen de las calles, sino cuántas consiguen recuperar condiciones de vida dignas.