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Cuba Bajo Lupa

CUBA PROHÍBE STARLINK HASTA EN LAS EMBAJADAS EXTRANJERAS: EL RÉGIMEN CIERRA OTRA VÍA DE ACCESO INDEPENDIENTE A INTERNET

El Gobierno cubano ha extendido expresamente la prohibición de Starlink en Cuba a las embajadas y representaciones de organismos internacionales acreditadas en La Habana, impidiendo que estas instituciones importen o utilicen equipos de conexión satelital. La decisión, comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) el 9 de noviembre de 2026, refuerza las restricciones sobre una tecnología que permite conectarse a internet sin depender de la infraestructura estatal de ETECSA.

La medida fue revelada inicialmente por el periódico independiente 14ymedio, que tuvo acceso a la comunicación diplomática, y posteriormente corroborada por Martí Noticias mediante dos fuentes vinculadas a representaciones extranjeras. La advertencia resulta especialmente significativa en un país donde los apagones y las deficiencias de las telecomunicaciones dificultan mantener conexiones estables.

La prohibición de Starlink en Cuba también alcanza a las embajadas

Según la documentación descrita por 14ymedio, la Cancillería cubana envió una nota dirigida a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales para recordar las restricciones existentes sobre los equipos de comunicaciones satelitales.

El documento hace referencia a la Nota Verbal número 2372, del 6 de enero de 2025, relacionada con la importación y utilización de dispositivos de telecomunicaciones.

La comunicación establece que las terminales Starlink no están autorizadas para su importación ni utilización en territorio cubano, sin establecer excepciones para las sedes diplomáticas.

Para justificar esa posición, el MINREX invoca la soberanía del Estado sobre el espectro radioeléctrico y su facultad de regular los sistemas de telecomunicaciones que operan en el país.

Sin embargo, la nota no especifica qué sanciones enfrentarían las embajadas que incumplan la disposición, ni cuáles serían los procedimientos para garantizar comunicaciones alternativas durante interrupciones del servicio nacional.

Tampoco aclara si las autoridades han identificado equipos funcionando dentro de determinadas representaciones diplomáticas.

Diplomáticos cuestionan las restricciones y el servicio de ETECSA

La decisión provocó cuestionamientos entre representantes extranjeros consultados por Martí Noticias.

Dos fuentes diplomáticas confirmaron al medio que habían recibido la notificación y expresaron preocupación por las restricciones sobre una tecnología que permite disponer de conexiones independientes.

Una de ellas cuestionó que las autoridades persigan estos dispositivos y sugirió que funcionarios del propio Gobierno también podrían utilizarlos en sus viviendas.

Esa afirmación constituye una denuncia de una fuente anónima y no ha sido corroborada mediante pruebas públicas que permitan identificar a los supuestos usuarios.

Otra fuente, vinculada a una representación europea en La Habana, criticó la calidad del servicio ofrecido por ETECSA y destacó la importancia de mantener conexiones de respaldo durante los apagones.

La preocupación tiene una dimensión práctica. Las embajadas necesitan comunicaciones estables para atender trámites consulares, intercambiar información con sus respectivos gobiernos y responder a situaciones de emergencia.

La falta de alternativas tecnológicas podría incrementar su dependencia de la infraestructura local.

¿Por qué Starlink representa una alternativa al monopolio estatal?

Starlink es un sistema de internet satelital desarrollado por SpaceX, empresa fundada por Elon Musk.

A diferencia de las conexiones terrestres tradicionales, utiliza una constelación de satélites de órbita baja y terminales que permiten establecer acceso a internet sin utilizar directamente las redes de ETECSA.

Esto no significa que funcione sin electricidad. Para mantener el servicio durante un apagón, el usuario necesita una fuente energética alternativa, como baterías o paneles solares.

Tampoco implica que el servicio pueda utilizarse legalmente en cualquier país, porque su disponibilidad depende de autorizaciones regulatorias y de las condiciones comerciales establecidas por la empresa.

En Cuba, Starlink no se comercializa oficialmente, aunque existen reportes de terminales introducidas desde el extranjero que han conseguido establecer conexión.

El interés por esta tecnología resulta comprensible en un contexto de interrupciones eléctricas y dificultades de acceso a internet.

No obstante, una conexión independiente de ETECSA no garantiza por sí sola anonimato absoluto ni privacidad total, porque la seguridad digital también depende de los equipos, las aplicaciones y las prácticas del usuario.

La ofensiva contra Starlink ya había alcanzado a ciudadanos cubanos

La advertencia a las embajadas no constituye el inicio de las restricciones contra Starlink.

En abril de 2025, la Aduana cubana informó sobre el decomiso de 20 equipos Starlink y 85 routers en el aeropuerto de La Habana.

Posteriormente, la Resolución 1/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada en mayo, mantuvo restricciones relacionadas con determinados dispositivos de comunicación satelital y otros equipos sujetos a autorización estatal.

La controversia adquirió mayor relevancia en octubre de 2026, cuando medios independientes informaron sobre presuntas condenas de cuatro y cinco años de prisión contra ciudadanos relacionados con la comercialización de antenas Starlink en Santa Clara.

Según aquellas informaciones, originadas en una publicación de un perfil oficialista de Facebook, se habrían decomisado 37 equipos y aplicado multas a compradores.

Sin embargo, no se han divulgado las sentencias judiciales correspondientes, por lo que esas condenas deben mantenerse atribuidas a las fuentes que las reportaron.

El control de internet en Cuba abre nuevas interrogantes sobre las libertades

La extensión de las restricciones a las embajadas plantea un debate que va más allá de una marca comercial.

Los Estados tienen facultades para regular las telecomunicaciones y administrar el espectro radioeléctrico. Sin embargo, el ejercicio de esas competencias también debe examinarse en relación con el acceso a la información, la libertad de expresión y las necesidades de comunicación de los ciudadanos.

En Cuba, donde ETECSA concentra los principales servicios públicos de telecomunicaciones, las limitaciones sobre proveedores alternativos adquieren especial importancia.

La decisión puede interpretarse como una nueva manifestación del control estatal sobre las infraestructuras de comunicación, aunque la notificación no demuestra por sí sola que el objetivo exclusivo del Gobierno sea impedir la circulación de información independiente.

La diferencia es relevante: una cosa es la justificación regulatoria presentada por las autoridades y otra el impacto que sus decisiones puedan tener sobre las libertades digitales.

La advertencia también genera interrogantes diplomáticos, particularmente sobre las posibilidades de las representaciones extranjeras para contratar sistemas independientes que garanticen la continuidad de sus comunicaciones.

Mientras Cuba enfrenta apagones prolongados y deficiencias en las redes nacionales, el Gobierno mantiene las restricciones sobre una alternativa tecnológica que podría mejorar la conectividad de determinados usuarios.

La controversia deja una pregunta fundamental: ¿por qué las autoridades continúan restringiendo soluciones alternativas de comunicación mientras el servicio disponible sigue enfrentando importantes problemas?

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