MULTAS DE HASTA 100.000 PESOS EN SANTIAGO DE CUBA A NEGOCIOS QUE RECHACEN TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Las autoridades de Santiago de Cuba anunciaron un reforzamiento de las inspecciones a establecimientos estatales y privados que se nieguen a aceptar transferencias bancarias y otros pagos electrónicos. Las multas por rechazar transferencias en Cuba pueden alcanzar los 100.000 pesos cubanos, según la infracción detectada y las disposiciones aplicables.

El operativo comenzará como experiencia piloto en tres zonas comerciales de la ciudad e incluirá controles de precios, revisión de facturas y mecanismos para recibir denuncias de consumidores. La medida llega en medio de una contradicción que sigue sin resolverse: el Gobierno exige ampliar los pagos digitales mientras numerosos comerciantes aseguran que necesitan efectivo para reponer sus mercancías.

MULTAS POR RECHAZAR TRANSFERENCIAS EN CUBA: ¿DÓNDE COMENZARÁN LOS CONTROLES?

El anuncio fue publicado el viernes 23 de octubre de 2026 por el periódico oficial Sierra Maestra, a partir de declaraciones de Georbelis Iznaga Tomás, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal de Santiago de Cuba.

Las inspecciones comenzarán en la Avenida de Sueño, la calle situada detrás de los edificios de 18 plantas de Garzón y la Avenida Trocha, tres áreas de importante actividad comercial.

Según el funcionario, ya se establecieron puestos de mando para coordinar las verificaciones y atender las denuncias relacionadas con establecimientos que rechacen medios electrónicos de pago.

La intención oficial es evaluar inicialmente los resultados en esas zonas y posteriormente decidir cómo extender los controles a otros puntos del municipio.

Las autoridades aclararon que las exigencias comprenden tanto a trabajadores por cuenta propia, mipymes y otros actores no estatales como a establecimientos pertenecientes al sector público.

No se trata de una nueva obligación creada el 23 de octubre, sino de un reforzamiento de los controles sobre disposiciones anteriormente aprobadas.

TRANSFERMÓVIL, ENZONA Y OTROS PAGOS ELECTRÓNICOS BAJO VIGILANCIA

Uno de los principales objetivos de las inspecciones será comprobar que los establecimientos cuenten con mecanismos para recibir pagos digitales.

Iznaga Tomás mencionó plataformas como Transfermóvil, EnZona, Mi Monedero y los servicios de pago en línea.

El viceintendente sostuvo que los comercios no deberían limitar arbitrariamente las opciones disponibles para los compradores y defendió que corresponde al consumidor elegir el medio de pago autorizado que desea utilizar.

Sin embargo, la obligación de admitir cada plataforma debe examinarse conforme a las regulaciones específicas y las condiciones técnicas aplicables. Las declaraciones del funcionario no sustituyen el texto de las normas que determinan las obligaciones concretas de cada establecimiento.

También cuestionó la práctica de imponer recargos a quienes pagan mediante transferencia o establecer precios diferentes para un mismo producto según se utilice efectivo o dinero electrónico.

Estas conductas pueden constituir infracciones administrativas. No obstante, calificarlas automáticamente como delitos, sin examinar sus circunstancias y la legislación penal correspondiente, sería jurídicamente impreciso.

LOS DESCUENTOS DEL 4 % Y EL 2 %: ¿A QUÉ OPERACIONES SE APLICAN?

Las autoridades también destacaron incentivos económicos destinados a fomentar el uso de los canales electrónicos.

Desde el 1 de agosto de 2026, determinadas operaciones realizadas mediante el servicio de Pago en Línea de Transfermóvil pueden recibir una bonificación del 4 % para el consumidor, con un máximo de 210 CUP por transacción.

Por su parte, el establecimiento puede recibir una bonificación del 2 %, limitada a 105 CUP por operación, mientras se le aplica una comisión del 0,8 % por el procesamiento del cobro.

La distinción resulta importante: estos incentivos no se aplican necesariamente a cualquier transferencia directa entre cuentas bancarias.

Por tanto, no debe interpretarse que todos los consumidores que envíen dinero electrónicamente recibirán automáticamente un descuento del 4 %.

LOS COMERCIANTES DENUNCIAN UNA CONTRADICCIÓN QUE EL GOBIERNO NO RESUELVE

Uno de los argumentos habituales de los negocios que rechazan transferencias es la dificultad para convertir posteriormente sus ingresos bancarios en efectivo.

Muchos proveedores exigen pagos en billetes o divisas, lo que obliga a comerciantes minoristas a buscar liquidez para garantizar la continuidad de sus operaciones.

Iznaga Tomás rechazó que esa situación justifique el incumplimiento y aseguró que los negocios pueden coordinar con las sucursales bancarias los montos y plazos necesarios para retirar dinero.

También sostuvo que existe financiamiento disponible en el territorio desde finales de julio.

Sin embargo, esas afirmaciones contrastan con las dificultades documentadas en distintos establecimientos cubanos.

En agosto, trabajadores por cuenta propia de la Plaza Cultural Aguilera, conocida como el Subway santiaguero, denunciaron sanciones de 16.000 CUP relacionadas con la falta de pagos electrónicos habilitados.

Los comerciantes cuestionaron que se les exigiera recibir ingresos mediante transferencias cuando parte de sus proveedores continuaba reclamando efectivo para venderles mercancías.

El problema revela una debilidad de la bancarización cubana: aumentar los saldos en cuentas bancarias no garantiza que los negocios puedan disponer oportunamente del dinero físico que necesitan.

LAS MULTAS TAMBIÉN BUSCAN CONTROLAR LOS INGRESOS Y LOS PRECIOS

Otro elemento reconocido por las autoridades es el interés de fortalecer la fiscalización tributaria.

Iznaga Tomás señaló que las operaciones electrónicas dejan registros que permiten a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) comprobar los ingresos declarados por los contribuyentes.

El funcionario consideró que algunos comerciantes podrían estar evitando esos canales para ocultar ventas y reducir sus obligaciones fiscales.

Esa posibilidad no significa, sin embargo, que todos los negocios que rechacen una transferencia estén evadiendo impuestos.

Las inspecciones también incluirán la revisión de facturas y fichas de costos utilizadas para justificar los precios de comercialización.

El viceintendente mencionó márgenes de hasta el 30 % sobre determinados costos, aunque la publicación oficial no identifica una disposición que permita considerar ese porcentaje un límite universal para todos los negocios del país.

LA BANCARIZACIÓN EN CUBA VUELVE A ENFRENTAR SUS PROPIAS LIMITACIONES

La nueva ofensiva de inspecciones ocurre después de que las autoridades cubanas reconocieran públicamente que el proceso de bancarización enfrenta problemas estructurales.

La Resolución 74/2026 del Banco Central de Cuba suspendió la aplicación de determinados límites que la Resolución 111/2023 había establecido sobre operaciones en efectivo, sin eliminar necesariamente las restantes obligaciones relacionadas con los medios electrónicos.

Ese cambio evidencia que la política bancaria ha necesitado ajustes frente a las condiciones reales de la economía.

Para los consumidores, disponer de varias alternativas de pago puede facilitar las compras y reducir la dependencia del efectivo. Para los comerciantes, esas ventajas pierden efectividad cuando los servicios bancarios no garantizan liquidez, conectividad y operaciones estables.

El Gobierno puede reforzar las inspecciones e imponer sanciones, pero la eficacia de la bancarización no dependerá únicamente de aumentar las multas.

Mientras persistan las dificultades para retirar efectivo, pagar proveedores y utilizar plataformas durante los apagones, la política seguirá enfrentando el mismo problema: exigir digitalización en una economía que todavía depende profundamente del dinero físico.