DENUNCIAN AMENAZAS DE DESALOJO CONTRA 25 MADRES CUBANAS Y SUS HIJOS EN SANTA CLARA: TEMEN QUE LES QUITEN A LOS NIÑOS

Alrededor de 25 madres cubanas y sus hijos enfrentan una presunta amenaza de desalojo en Santa Clara, provincia de Villa Clara, después de ocupar las instalaciones abandonadas de una antigua escuela de boxeo ante la falta de viviendas. La denuncia, divulgada por la plataforma independiente NiO Reportando un Crimen, advierte que las familias podrían ser expulsadas del inmueble sin que se conozca una alternativa habitacional para ellas.

La situación afecta, según los testimonios recibidos, a unas 80 personas, entre madres, niños y otros familiares, que encontraron refugio en el edificio situado en la zona de Caracatey. Lo más preocupante de la denuncia son las supuestas advertencias de encarcelamiento y separación de los menores de sus madres si las familias se resisten a abandonar el lugar.

25 MADRES CUBANAS SE REFUGIAN EN UNA ANTIGUA ESCUELA DE BOXEO EN SANTA CLARA

Las mujeres aseguran que recurrieron a las instalaciones deportivas porque no disponían de una vivienda donde establecerse con sus hijos. El inmueble, descrito como una antigua escuela de boxeo, llevaba tiempo abandonado y aparentemente no reunía condiciones adecuadas para funcionar como residencia.

De acuerdo con NiO Reportando un Crimen, las familias encontraron un edificio sin cocina ni las comodidades básicas para desarrollar una vida cotidiana. Pese a esas limitaciones, decidieron limpiar los espacios y recuperar parcialmente las instalaciones para convertirlas en un refugio improvisado.

La ocupación del inmueble pone de manifiesto una situación de vulnerabilidad habitacional que requiere una respuesta de las instituciones competentes. Aunque permanecer en una instalación deportiva no constituye una solución definitiva, las familias sostienen que tampoco cuentan con un lugar seguro al cual trasladarse.

El estado real del edificio, su titularidad administrativa y las condiciones de seguridad para los menores no han sido documentados mediante una inspección independiente.

DENUNCIAN QUE FUNCIONARIOS DEL INDER Y SEGURIDAD DEL ESTADO AMENAZARON CON UN DESALOJO

El lunes 19 de octubre de 2026, según los testimonios, varias personas identificadas por las denunciantes como representantes de organismos estatales acudieron a las instalaciones ocupadas.

Entre los visitantes mencionaron a presuntos agentes de la Seguridad del Estado, directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Villa Clara, trabajadores vinculados al centro y un funcionario presentado como jefe de una unidad presupuestada.

Durante el encuentro, de acuerdo con la denuncia, se les habría comunicado que existía una reclamación contra las ocupantes y que se estaba preparando un operativo policial para desalojarlas.

Sin embargo, no se ha presentado públicamente una orden administrativa o judicial que confirme la ejecución de esa medida. Tampoco se conoce una declaración oficial del INDER o de las autoridades provinciales que explique la situación jurídica del inmueble.

LAS MADRES ASEGURAN QUE FUERON AMENAZADAS CON PERDER A SUS HIJOS

La acusación más grave se refiere a las posibles consecuencias de una resistencia al desalojo. Según NiO Reportando un Crimen, las mujeres denunciaron que les advirtieron que podrían ser encarceladas bajo acusaciones de vandalismo.

Los testimonios añaden que sus hijos podrían ser separados de ellas y trasladados a instituciones destinadas a menores sin amparo familiar. No existe confirmación independiente de que funcionarios hayan formulado esas amenazas ni de que se haya iniciado algún procedimiento para retirar la custodia de los niños.

La diferencia es fundamental: una advertencia denunciada por las familias no equivale a una decisión legal de separación. Tampoco se ha demostrado que exista una medida de protección infantil o un expediente judicial relacionado con los menores.

De confirmarse que estas amenazas fueron utilizadas para presionar a las madres, el caso plantearía serios interrogantes sobre el trato institucional dispensado a familias en condiciones de vulnerabilidad.

¿QUÉ SUCEDERÍA CON LAS FAMILIAS SI SE EJECUTA EL DESALOJO?

El problema va más allá de la ocupación de una instalación estatal. La cuestión central es qué alternativa tendrían las familias si se ordenara abandonar el inmueble.

Por una parte, las autoridades podrían argumentar que un antiguo centro deportivo no reúne las condiciones necesarias para albergar a decenas de personas. Por otra, retirar a familias con niños sin conocer dónde podrán alojarse generaría nuevos riesgos para su seguridad y bienestar.

Una respuesta institucional debería aclarar la situación legal del edificio, evaluar sus condiciones materiales y determinar las necesidades de vivienda de cada familia. También sería necesario comprobar si las madres están inscritas en algún procedimiento de asistencia social o solicitud habitacional.

NiO Reportando un Crimen pidió públicamente que se suspendiera cualquier desalojo mientras no exista una alternativa segura, que se investiguen las presuntas amenazas y que se estudie la posibilidad de habilitar legalmente el edificio si sus condiciones lo permiten.

EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA FRENTE A LA REALIDAD DE ESTAS MADRES CUBANAS

La Constitución cubana de 2019 reconoce en su artículo 71 el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. Su artículo 86 también establece la protección especial de los niños y adolescentes por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Estos principios no significan que cualquier edificio abandonado pueda ocuparse legalmente, pero sí ofrecen un marco para examinar la obligación de las instituciones de atender las necesidades de las personas más vulnerables.

La denuncia contrasta con el compromiso constitucional de garantizar protección a las familias y la infancia. La falta de una alternativa habitacional conocida es especialmente relevante cuando entre las personas afectadas se encuentran menores de edad.

Hasta el momento no hay confirmación de que el desalojo se haya ejecutado. Tampoco se ha informado de una solución concreta ofrecida a las familias.

La situación de Caracatey deja una pregunta que las autoridades de Villa Clara deberían responder públicamente: si estas madres y sus hijos deben abandonar la antigua escuela de boxeo, ¿dónde podrán vivir sin quedar nuevamente desamparados?