FLORIDA LUCHARÁ UNA ORDEN DE EXTRADITACIÓN CONTRA RAÚL CASTRO SI LLEGA A SER ARRESTADO

La justicia de Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro, de 95 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. La medida, que contempla su detención sin derecho a fianza, abre una segunda vía penal estadounidense contra el exgobernante cubano.

La decisión fue adoptada el viernes 16 de octubre de 2026 por la jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). Según informó este lunes la cadena WSVN, las autoridades consideran que existen elementos para sostener que parte de la presunta conspiración se desarrolló en territorio floridano.

LA ORDEN DE ARRESTO CONTRA RAÚL CASTRO Y EL PAPEL DE LOS ESPÍAS CUBANOS

Uno de los aspectos más relevantes del expediente es la participación atribuida a agentes de inteligencia cubanos que lograron infiltrarse en Hermanos al Rescate. La documentación judicial, citada por el Miami Herald y WSVN, señala que estos operativos recopilaron información sobre los vuelos de la organización y realizaron actividades de vigilancia en instalaciones militares estadounidenses.

Las operaciones investigadas incluyeron Miami y la Estación Aérea Naval de Cayo Hueso, donde los agentes habrían desarrollado actividades entre 1995 y febrero de 1996. Los reportes transmitidos a las autoridades cubanas permitieron, según la acusación, conocer movimientos y operaciones de la organización humanitaria antes del ataque.

La investigación también recoge que agentes infiltrados recibieron instrucciones de evitar participar en determinados vuelos durante los días cercanos al derribo. Uno de ellos habría abandonado Florida el 23 de febrero de 1996, apenas un día antes de que los cazas cubanos atacaran las aeronaves civiles.

Estos elementos resultan fundamentales para comprender el alcance de la nueva orden. Las autoridades de Florida sostienen que las actividades preparatorias desarrolladas dentro del estado permiten fundamentar su jurisdicción sobre una presunta conspiración cuyos resultados mortales ocurrieron fuera del territorio estadounidense.

¿POR QUÉ FLORIDA PUEDE ACUSAR A RAÚL CASTRO POR UN ATAQUE EN AGUAS INTERNACIONALES?

La diferencia entre el lugar donde se cometió un homicidio y el territorio donde se preparó una presunta conspiración es una de las claves jurídicas del caso. En determinadas circunstancias, las leyes estatales permiten perseguir delitos cuando una parte relevante de la conducta investigada ocurrió dentro de su jurisdicción.

En este expediente, los investigadores consideran que las operaciones de inteligencia realizadas en Florida constituyen un vínculo suficiente para solicitar la detención de Castro. La jueza encontró causa probable para emitir la orden, pero esa determinación no equivale a una sentencia ni establece definitivamente su responsabilidad penal.

La documentación contempla que las autoridades estatales procuren su extradición si es detenido fuera de Florida. No obstante, cualquier traslado desde otro país dependería de los mecanismos legales y de cooperación internacional aplicables.

DOS PROCESOS JUDICIALES CONTRA RAÚL CASTRO EN ESTADOS UNIDOS

La nueva medida estatal se suma a la acusación federal anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 20 de mayo de 2026. Aquel procedimiento incluyó a Castro y otros cinco acusados por su presunta participación en el derribo de las aeronaves.

La acusación federal contiene siete cargos: cuatro de asesinato, dos relacionados con la destrucción de aeronaves y uno por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia sostiene que los ataques fueron ejecutados dentro de una estructura militar sobre la que Raúl Castro ejercía autoridad como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Los procedimientos estatal y federal responden a marcos legales diferentes, aunque examinan acontecimientos estrechamente relacionados. Su coexistencia permite que las autoridades estadounidenses persigan responsabilidades desde dos jurisdicciones, sin que ello implique una condena anticipada.

EL DERRIBO DE HERMANOS AL RESCATE Y LAS CUATRO VÍCTIMAS

El 24 de febrero de 1996, aviones de combate de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos aeronaves civiles Cessna 337 pertenecientes a Hermanos al Rescate, organización radicada en Miami que realizaba misiones humanitarias para localizar a migrantes cubanos en peligro en el estrecho de Florida.

Los ataques provocaron la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses, mientras que Morales era residente permanente legal de Estados Unidos.

Las investigaciones estadounidenses situaron el derribo sobre aguas internacionales, una conclusión respaldada por la investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional. El Gobierno cubano, por su parte, sostuvo que actuó para proteger su espacio aéreo, una explicación que no modificó las conclusiones internacionales sobre la ubicación del ataque.

Treinta años después, la acusación federal atribuye responsabilidades a integrantes de la estructura militar cubana y sostiene que existió una planificación previa. Sin embargo, las imputaciones individuales deberán demostrarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

LA REACCIÓN DE LAS FAMILIAS: UN PASO HACIA LA JUSTICIA, PERO NO EL FINAL

La nueva orden fue recibida con una mezcla de satisfacción y cautela por familiares y allegados de las víctimas. Durante la cobertura de WSVN, uno de ellos consideró que se había alcanzado una medida de justicia, aunque todavía incompleta.

Otro familiar recordó que la defensa de una Cuba libre constituía una de las principales convicciones de su padre. Sus declaraciones reflejan el significado que el caso mantiene dentro de sectores del exilio cubano, donde el derribo continúa siendo recordado como uno de los acontecimientos más dolorosos de las últimas décadas.

La búsqueda de responsabilidades penales ha atravesado diferentes etapas judiciales y políticas desde 1996. La nueva orden no resuelve por sí sola las demandas de las familias, pero incorpora otro procedimiento formal para examinar la responsabilidad atribuida a la antigua cúpula militar cubana.

¿PUEDE SER DETENIDO RAÚL CASTRO?

El principal obstáculo para ejecutar la orden continúa siendo la permanencia de Castro en Cuba. Las autoridades estadounidenses no disponen de un mecanismo ordinario de extradición que garantice su entrega desde la isla y tampoco pueden ejecutar unilateralmente una orden judicial dentro del territorio cubano.

La situación podría cambiar si el acusado viajara a un país dispuesto a cooperar con las autoridades estadounidenses, aunque cualquier detención o extradición dependería de decisiones legales concretas. La existencia de una orden de arresto tampoco supone que una operación para capturarlo fuera de Estados Unidos esté autorizada o en marcha.

Por ahora, Raúl Castro enfrenta una acusación federal y una orden estatal de arresto por el derribo de Hermanos al Rescate, pero no existe una sentencia condenatoria contra él por estos hechos.

Para los familiares de las cuatro víctimas, la nueva actuación judicial representa otro avance después de tres décadas de reclamos. El desafío continúa siendo transformar las acusaciones y los elementos recopilados en un proceso judicial que permita establecer responsabilidades con todas las garantías legales.