MAFIA CUBANA DE QUINTANA ROO: LA RED QUE CONECTÓ TRÁFICO DE MIGRANTES, EXTORSIÓN, BARCOS ROBADOS Y CUBA CON MÉXICO Y FLORIDA

Durante más de una década, una estructura criminal con operaciones entre Cuba, Quintana Roo y el sur de Florida convirtió las rutas migratorias del Caribe en un negocio que combinó tráfico de personas, extorsión, embarcaciones robadas, lavado de dinero y sobornos. Autoridades estadounidenses llegaron a referirse públicamente a ese entramado como la “Mafia Cubana en Quintana Roo”, aunque ese nombre no constituye la denominación formal de todos los procesos judiciales abiertos contra sus integrantes.

La investigación no pertenece únicamente a titulares recientes. Los expedientes federales muestran una operación construida durante años y perseguida mediante investigaciones del FBI, Homeland Security Investigations (HSI), la Guardia Costera estadounidense y autoridades mexicanas. Algunos de los acusados se declararon culpables bajo la ley federal RICO, utilizada en Estados Unidos para procesar organizaciones criminales estructuradas.

CÓMO FUNCIONABA LA MAFIA CUBANA DE QUINTANA ROO

El núcleo del negocio era el traslado clandestino de cubanos hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos.

El Departamento de Justicia identificó entre los integrantes procesados a José Miguel González Vidal, Reynaldo Abreu García, Yohismy Pérez González, Yosvani Carbonel Lemus, Reynaldo Crespo Márquez y Jancer Sergio Ramos Valdés, todos ciudadanos cubanos residentes en México cuando fueron presentados los cargos. También aparecen Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo, de México.

González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés terminaron declarándose culpables de conspiración RICO y tráfico de migrantes.

Pero el servicio de transporte podía transformarse en secuestro.

Según el Departamento de Justicia, integrantes de la red exigían a migrantes retenidos en México el contacto de familiares —muchos de ellos residentes en Miami— y posteriormente reclamaban 10.000 dólares. Si el dinero no llegaba, las amenazas incluían torturar, dejar sin comida o matar a la persona retenida.

Documentos judiciales y testimonios recopilados posteriormente describen castigos físicos contra algunos migrantes que no podían pagar. Investigaciones periodísticas basadas en esos expedientes también señalan que aproximadamente 25 personas murieron durante distintas travesías y que algunas mujeres fueron obligadas a trabajar en clubes nocturnos. Estas últimas cifras proceden de documentos judiciales citados por The New York Times y no de un balance público general emitido por las autoridades mexicanas.

DE FLORIDA SALÍAN LOS BARCOS

Una de las partes más sofisticadas del entramado funcionaba a cientos de kilómetros de Cancún.

La investigación encontró una conexión entre robos de embarcaciones y motores en Florida y las operaciones de tráfico de migrantes desarrolladas desde México.

Javier Hernández, residente de Miami Beach, y Ramón Reyes Aranda, de Naples, fueron relacionados con el robo y traslado de embarcaciones desde la costa oeste de Florida hasta México. González Vidal había conectado a ambos con integrantes de la organización.

El esquema no consistía simplemente en robar una lancha para venderla.

Según documentos judiciales revisados por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, Hernández reconoció ante agentes del FBI que embarcaciones que transportó hacia la península de Yucatán eran utilizadas en operaciones de tráfico de migrantes. También admitió conocer que familiares de migrantes eran extorsionados.

La investigación llegó a vincular la estructura con el robo de más de 600 motores fueraborda y embarcaciones en Florida, de acuerdo con información judicial recogida posteriormente por medios estadounidenses.

Hernández fue condenado y en febrero de 2024 recibió 95 meses de prisión por delitos que incluían conspiración relacionada con inmigración irregular, transporte de bienes robados, tráfico de vehículos y lavado de dinero para promover el tráfico de propiedad robada y sobornos.

SOBORNOS PARA MANTENER ABIERTAS LAS RUTAS

Los expedientes muestran además que el dinero y los bienes robados podían utilizarse para garantizar protección.

El Departamento de Justicia informó que Hernández transportó hasta México un vehículo destinado a sobornar a un funcionario extranjero, con el objetivo de que las operaciones de tráfico de migrantes continuaran sin interferencias policiales.

Una decisión del Tribunal de Apelaciones publicada en febrero de 2026 señala igualmente que automóviles y otros bienes trasladados a México podían ser vendidos o utilizados como sobornos a funcionarios.

Ese componente permite entender por qué la organización pudo operar durante tantos años: no dependía de una sola actividad ilegal, sino de una infraestructura de barcos, dinero, transporte, documentos falsificados y contactos en diferentes países.

“EL MILO”: LA CAPTURA QUE DEMOSTRÓ QUE EL CASO SEGUÍA VIVO EN 2026

La historia no terminó con las condenas de 2023 y 2024.

El 6 de abril de 2026, autoridades mexicanas detuvieron en Benito Juárez, Quintana Roo, a Remigio “N”, identificado oficialmente como coordinador operativo y financiero de un grupo criminal transnacional y objetivo prioritario para las autoridades.

México confirmó que tenía una orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada. Fue trasladado por vía aérea a Ciudad de México para continuar el procedimiento.

Medios mexicanos y estadounidenses lo identificaron posteriormente como Remigio Valdes La O, alias “Milo”, y lo vincularon con la estructura conocida como Mafia Cubano-Americana o Mafia Cubana de Quintana Roo.

El Miami Herald informó que enfrenta cargos federales relacionados con una organización acusada de trasladar clandestinamente a miles de cubanos, incluidos prospectos de las Grandes Ligas, desde Cuba hacia México y posteriormente Estados Unidos.

EL NOMBRE DE “EL CANGREJO” Y LO QUE REALMENTE ESTÁ PROBADO

En agosto de 2026 el caso adquirió una dimensión política después de que The New York Times, basándose en entrevistas y documentos judiciales, informara que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” y nieto de Raúl Castro, había sido mencionado por miembros condenados de la organización.

Según esos reportes, José Miguel González Vidal declaró haber entregado una embarcación a Rodríguez Castro. Otro testimonio judicial también hizo referencia a conversaciones relacionadas con el envío de una lancha hacia Cuba.

Aquí resulta imprescindible hacer una distinción: Rodríguez Castro no ha sido acusado penalmente por estos hechos en las fuentes revisadas, y tampoco está establecido públicamente que exista actualmente una causa criminal en su contra.

El Gobierno cubano rechazó las informaciones. El canciller Bruno Rodríguez calificó el reporte como una “fabricación calumniosa” y afirmó que no existe participación del Gobierno cubano en operaciones de tráfico de personas en México o Centroamérica.

El Gobierno mexicano también declaró que no posee información ni pruebas propias que demuestren vínculos entre Rodríguez Castro y organizaciones criminales en Quintana Roo.

Por tanto, la existencia y actividades criminales de la organización están respaldadas por condenas y expedientes judiciales; la supuesta participación de Rodríguez Castro permanece en el terreno de los señalamientos de personas vinculadas al caso, no de una condena o acusación formal.

UNA RED MÁS COMPLEJA QUE EL SIMPLE TRÁFICO DE MIGRANTES

Lo que muestran los procesos judiciales es una estructura que aprovechó tres geografías distintas.

Cuba proporcionaba principalmente el flujo de personas que intentaban salir de la Isla. Florida servía, entre otras funciones, como origen de embarcaciones, motores, vehículos y dinero. Y Quintana Roo, por su proximidad geográfica con Cuba y su extensa costa caribeña, funcionaba como plataforma logística y punto intermedio hacia la frontera estadounidense.

Detrás de esa ruta existía un negocio que podía comenzar ofreciendo una salida de Cuba y terminar con un migrante retenido mientras su familia recibía una llamada exigiendo miles de dólares.

Ese es posiblemente el elemento más importante para entender la llamada Mafia Cubana de Quintana Roo: no fue simplemente una red de “coyotes”. Los expedientes judiciales describen una organización transnacional con logística marítima, financiación, extorsión, bienes robados y mecanismos para intentar proteger sus operaciones.

Y las investigaciones judiciales aún no pueden considerarse completamente cerradas.