RÉGIMEN CUBANO MUEVE FICHAS EN LA CÚPULA Y DESTITUYE A VARIOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR
El Consejo de Estado aprobó una serie de movimientos en la dirección del Tribunal Supremo Popular de Cuba, entre ellos el relevo de una vicepresidenta, la promoción de un nuevo vicepresidente y cambios al frente de salas del máximo órgano judicial. Las decisiones aparecen recogidas en cinco acuerdos fechados el 19 de agosto de 2026 que, según la documentación suministrada, fueron remitidos para su publicación en la Gaceta Oficial.
Los cambios afectan cargos con responsabilidades relevantes dentro de la estructura judicial cubana y abarcan tanto promociones como renuncias. La legislación vigente establece que los vicepresidentes, presidentes de salas y magistrados del Tribunal Supremo pueden ser elegidos por la Asamblea Nacional o, según corresponda, por el Consejo de Estado, a propuesta del presidente del propio Tribunal Supremo.
FARAH MARITZA SAUCEDO SALE DE LA VICEPRESIDENCIA
Uno de los movimientos de mayor alcance es la liberación de Farah Maritza Saucedo Pérez de los cargos de vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular y presidenta de la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales. El acuerdo atribuye la decisión a un proceso de “renovación”, sin que en el material disponible se detallen otras razones para el relevo.
Saucedo ocupaba una posición de considerable peso institucional. Fuentes de la Cumbre Judicial Iberoamericana todavía la identificaban como magistrada vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular y secretaria ejecutiva de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial para el período 2025-2027.
También presidía la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales, creada dentro del entramado judicial derivado de las reformas constitucionales y procesales recientes. Esa sala conoce reclamaciones relacionadas con derechos constitucionales bajo las condiciones establecidas en la legislación cubana.
YOMAYS OLIVAREZ GAINZA ASCIENDE A VICEPRESIDENTE
En sustitución dentro de la dirección superior del Tribunal, Yomays Olivarez Gainza fue promovido y elegido vicepresidente del Tribunal Supremo Popular. Hasta fechas recientes aparecía públicamente como presidente de la Sala de lo Civil, de lo Familiar y de lo Administrativo del máximo tribunal.
Olivarez ha tenido participación visible en asuntos relacionados con derecho civil y familiar y en la implementación del Código de las Familias. En diciembre de 2025 intervino públicamente en la presentación de datos sobre divorcios, guarda y cuidado, compensación económica y otros procesos familiares gestionados por los tribunales cubanos.
Su ascenso, por tanto, supone el paso desde la dirección de una sala especializada hacia uno de los niveles superiores de conducción del Tribunal Supremo.
CAMBIOS EN LA SALA DE LO MERCANTIL Y OTRA RENUNCIA
Los acuerdos incluyen además la aceptación de la renuncia de Liliana Hernández Díaz como presidenta de la Sala de lo Mercantil y su cese en la función judicial. Hernández Díaz posee una extensa trayectoria dentro del máximo órgano judicial y ya aparecía en documentación oficial desde hace más de una década vinculada a la entonces denominada Sala de lo Económico del Tribunal Supremo.
Para ocupar esa responsabilidad fue promovida Mirelys Reyes Vega, elegida presidenta de la Sala de lo Mercantil. Esta sala resulta particularmente relevante en un contexto donde la economía cubana incorpora empresas estatales, mipymes, cooperativas, inversión extranjera y nuevas relaciones comerciales que pueden generar conflictos sometidos a la jurisdicción de los tribunales.
El quinto movimiento corresponde a Raiza López Varona, cuya renuncia al Sistema de Tribunales fue aprobada por el Consejo de Estado. Su trayectoria judicial también es prolongada: documentos oficiales de años anteriores la sitúan en responsabilidades dentro del sistema de tribunales de Santiago de Cuba y posteriormente en estructuras judiciales superiores.
CÓMO SE DECIDEN ESTOS NOMBRAMIENTOS EN CUBA
La Ley 140 de los Tribunales de Justicia establece que el Tribunal Supremo Popular está integrado por su presidente, vicepresidentes, presidentes de salas, magistrados y otros jueces. También dispone que los vicepresidentes y presidentes de salas pueden ser elegidos por la Asamblea Nacional o por el Consejo de Estado, según corresponda, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo Popular.
La misma norma señala que esas propuestas deben pasar por los mecanismos internos previstos dentro del Tribunal. Los acuerdos descritos en la documentación suministrada indican precisamente que las decisiones fueron adoptadas a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y bajo las facultades establecidas en la Constitución y las leyes aplicables.
Los cinco acuerdos están fechados el 19 de agosto de 2026 y llevan la firma de Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Su publicación en la Gaceta Oficial permitirá conocer la redacción completa de cada disposición y cualquier elemento adicional sobre su entrada en vigor.
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