RÉGIMEN COMIENZA A DEJAR EN MANOS DE NEGOCIOS PRIVADOS DECENAS DE CAFETERÍAS Y PUNTOS DE VENTA EN LA HABANA

La Empresa Extrahotelera Palmares S.A. abrió una licitación para arrendar la gestión de 13 cafeterías y puntos de venta en La Habana, una convocatoria dirigida a actores económicos interesados en operar espacios de gastronomía, recreación, ocio y comercio minorista. El plazo para entregar las propuestas vence el 30 de septiembre a las 4:00 p.m.

La medida vuelve a colocar en primer plano un proceso que se ha extendido durante 2026 en varias provincias: entidades estatales mantienen la propiedad de locales comerciales, pero buscan gestores privados que asuman su explotación y administración. Más que una privatización de los inmuebles, se trata de un traslado de la gestión hacia actores no estatales en instalaciones que el Estado conserva bajo su control.

Qué locales de Palmares salen a licitación

La convocatoria abarca instalaciones distribuidas en Centro Habana, Playa, Marianao, Boyeros, Cotorro y La Habana del Este. Entre ellas aparecen la cafetería Venus, en Belascoaín y San Rafael; la cafetería Barbosa, en Calle 23 esquina 21; la cafetería Cotorro, en Calle 101 esquina 12; y el punto de venta Naval, ubicado en Avenida Monumental y Carretera del Asilo.

También se incluyen los puntos de venta Infanta y San Francisco, Franco, Zanja y Oquendo, Águila, Los Jardines, Cuatro Esquinas y 116 y 25, además de las cafeterías Infanta y Estrella y Capdevila. Las propuestas deben presentarse en sobre sellado e incluir un proyecto de negocios con información técnica y económica del oferente.

El Estado conserva los inmuebles, pero cede la gestión

El elemento central de la convocatoria es que Palmares no está vendiendo los establecimientos. El mecanismo consiste en arrendarlos para que otros actores económicos se encarguen de operarlos comercialmente, mientras los inmuebles continúan bajo propiedad estatal.

Ese esquema ya se está utilizando en otros territorios y sectores. En Cienfuegos, por ejemplo, 47 de 69 carnicerías fueron incluidas en un proceso para trasladar su gestión a productores y actores no estatales, después de que varias permanecieran cerradas por falta de productos. El propio director provincial de Gastronomía, Orelvis González Suárez, calificó la licitación de establecimientos ociosos como una de las principales herramientas de gestión disponibles para el sector.

Cienfuegos, Villa Clara y Santa Clara muestran la misma tendencia

La cadena Tiendas Caribe también abrió en Villa Clara una convocatoria para arrendar 21 espacios comerciales distribuidos en ocho municipios. Entre los locales ofertados aparecieron kioscos y antiguos puntos de venta estatales en Santa Clara, Camajuaní y otras localidades de la provincia.

En Santa Clara, la Empresa Municipal de Comercio puso además 16 bodegas a disposición de gestores no estatales bajo el proyecto “Mercado de Barrio”. La convocatoria contempla incentivos de hasta dos años sin pagar arrendamiento, con posibilidad de extender ese beneficio cuando el nuevo administrador realice inversiones en el local.

Qué significa este giro en la gestión estatal

La expansión de estas licitaciones resulta significativa porque afecta comercios que durante décadas estuvieron asociados directamente a la administración estatal. En lugar de cerrarlos definitivamente o venderlos, las autoridades están utilizando contratos de gestión y arrendamiento para intentar devolverles actividad.

Eso no equivale jurídicamente a una privatización completa, pero sí representa un reconocimiento práctico de que determinadas estructuras estatales no están consiguiendo mantener operativos numerosos locales por sus propios medios. En Cienfuegos, las propias autoridades admitieron que parte de las carnicerías permanecían cerradas por falta de productos, mientras en Santa Clara se ofrecen incentivos fiscales y exenciones de alquiler para atraer nuevos gestores.

La licitación de Palmares amplía ahora esa tendencia hacia establecimientos vinculados a la gastronomía y al sector extrahotelero de La Habana. El resultado dependerá de cuántos actores económicos presenten propuestas, qué condiciones contractuales finalmente acepten y si los nuevos gestores logran mantener abiertos negocios que bajo administración estatal han enfrentado problemas de abastecimiento, rentabilidad o funcionamiento.