RÉGIMEN PONE EN LICITACIÓN BODEGAS EN SANTA CLARA PARA NEGOCIOS PRIVADOS QUE QUIERAN COMENZAR A GESTIONARLAS

La Empresa Municipal de Comercio de Santa Clara abrió una licitación para entregar la gestión de 16 bodegas en Santa Clara a actores económicos estatales y no estatales dentro del proyecto “Mercado de Barrio”, una fórmula que mantiene los inmuebles bajo propiedad estatal pero traslada su administración comercial a terceros.

La convocatoria llega en medio del deterioro de la red estatal de comercio y ofrece incentivos poco habituales: hasta dos años sin pagar arrendamiento, con posibilidad de extender el beneficio por otros dos años si el gestor realiza inversiones en el establecimiento. El plazo para presentar solicitudes vence el 15 de septiembre, según la información divulgada sobre el proceso.

16 BODEGAS EN SANTA CLARA CAMBIARÍAN DE GESTIÓN, NO DE DUEÑO

Los establecimientos incluidos son La Llave, Valle del Yabú, Aeropuerto, La Industrial, La Villareña, La Novedad, La Esquina, La Ideal, La Victoria, 9 de Abril, El Espejo, La Central, El Educado, Brisas del Oeste, La Gomera y Casilla La Cubera.

La licitación no implica una privatización de los inmuebles. La normativa del proyecto “Mercado de Barrio” establece que los establecimientos continúan siendo estatales y que lo que se adjudica mediante licitación es su gestión. Pueden participar empresas, mipymes, cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, modalidades de inversión extranjera y otros actores autorizados.

Ese diseño aparece expresamente en la Resolución 16/2026 del Ministerio del Comercio Interior, publicada en la Gaceta Oficial No. 64 del 4 de agosto de 2026. La norma define el Mercado de Barrio como una forma de gestión comercial para establecimientos seleccionados y autoriza operaciones en pesos cubanos, así como comercio electrónico con pagos desde el exterior en divisas.

INCENTIVOS FISCALES Y DOS AÑOS SIN RENTA

Uno de los principales atractivos de la convocatoria santaclareña es la exoneración del arrendamiento durante los primeros dos años. Según el esquema anunciado, ese período puede ampliarse otros dos años cuando el adjudicatario haya invertido en la recuperación o mejora del establecimiento.

A ello se suman beneficios fiscales creados por el Gobierno específicamente para este modelo. La Resolución 161/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios estableció un tipo impositivo del 5% sobre las ventas minoristas de determinados productos comercializados a través de los Mercados de Barrio y exoneró del Impuesto sobre las Ventas algunas operaciones mayoristas destinadas a esos establecimientos.

La regulación también contempla una nomenclatura de productos básicos que incluye arroz, aceite vegetal, huevos, pollo, leche en polvo, café, azúcar, detergente, jabón, papel sanitario y crema dental, entre otros.

PRECIOS MÁS BAJOS, PERO BAJO CONTROL ESTATAL

Según la convocatoria, determinados productos deberán comercializarse en pesos cubanos y con precios entre un 10% y un 15% inferiores a los de establecimientos comparables. Ese requisito busca mantener el carácter social que las autoridades atribuyen al proyecto, aunque la efectividad del modelo dependerá de la capacidad real de los gestores para abastecer los locales y sostener esos precios.

La propia Resolución 16/2026 establece que los directores provinciales y municipales de Comercio deben supervisar el funcionamiento de estos establecimientos. Es decir, la gestión puede pasar a actores no estatales, pero el Estado conserva tanto la propiedad como facultades de control sobre el modelo.

EL MODELO SE EXTIENDE POR OTRAS PROVINCIAS

Santa Clara no es un caso aislado. En agosto, Ciego de Ávila abrió una licitación para seis bodegas dentro del mismo proyecto, igualmente bajo un esquema donde la propiedad permanecía en manos del Estado y solo se transfería la administración.

En Cienfuegos, las autoridades iniciaron además un proceso para entregar la gestión de 47 de las 69 carnicerías de la provincia, aproximadamente el 68% de esa red. El propio director municipal de Comercio reconoció que esos establecimientos habían permanecido cerrados por falta de productos.

El contexto ayuda a entender el alcance del cambio: el Estado está recurriendo a actores no estatales para intentar mantener operativos establecimientos que durante años dependieron casi exclusivamente de la administración pública. No significa que el sistema de comercio estatal desaparezca, pero sí muestra una cesión creciente de la gestión cotidiana ante una red que enfrenta problemas de abastecimiento, deterioro físico y falta de recursos.