RÉGIMEN AMENAZA CON CADENA PERPETUA O HASTA PENA DE MUERTE POR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

La Fiscalía General de la República de Cuba anunció que aplicará “todo el rigor de la ley” contra quienes provoquen daños al Sistema Eléctrico Nacional, una advertencia que llega en plena crisis energética y mientras millones de cubanos soportan apagones prolongados, déficits de generación y nuevas desconexiones parciales del sistema.

El organismo informó que entre 2025 y el primer semestre de 2026 fueron abiertas más de 460 investigaciones penales por hechos relacionados con la infraestructura eléctrica. Los expedientes abarcan delitos como sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación, aunque la Fiscalía está impulsando la aplicación de la figura de sabotaje en los casos que considera de mayor gravedad.

Más de 300 denuncias por robo de aceite dieléctrico

Uno de los principales problemas identificados por las autoridades es la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, un recurso indispensable para refrigerar y aislar estos equipos.

La Fiscalía reportó más de 300 denuncias por este tipo de hechos, con mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa. También se investigan robos de cables, alambres, tornillos y piezas metálicas de torres de alta tensión, además de daños en parques solares fotovoltaicos.

La importancia del aceite dieléctrico va más allá del valor del producto sustraído. Vaciar un transformador puede dejarlo inutilizado o provocar averías que interrumpan durante horas o días el servicio eléctrico de comunidades completas.

Las propias autoridades reconocen que estas afectaciones pueden repercutir además en bombeo de agua, comunicaciones, agricultura y otros servicios que dependen directamente de la electricidad.

Robar un componente eléctrico puede terminar procesado como sabotaje

El endurecimiento judicial se apoya principalmente en los artículos 125 y 126 de la Ley 151, Código Penal cubano.

El artículo 125 contempla entre siete y 15 años de prisión para quien destruya, altere, dañe o perjudique instalaciones, recursos o sistemas relacionados con fuentes energéticas o transmisión eléctrica con el propósito de impedir su funcionamiento, o a sabiendas de que puede provocar ese resultado.

La modalidad agravada, recogida en el artículo 126, eleva las sanciones a entre diez y 30 años de privación de libertad, prisión perpetua o pena de muerte cuando se producen consecuencias graves, lesiones, muerte, peligro para la seguridad colectiva o se utilizan determinados medios capaces de ocasionar daños mayores.

Esto significa que la pena máxima no corresponde automáticamente a cualquier robo de cables o aceite. Para llegar a las sanciones más severas deben concurrir las circunstancias agravantes establecidas en la legislación.

Un dictamen de 2025 amplió la aplicación de sabotaje

El cambio más importante se produjo en mayo de 2025.

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular emitió el Dictamen 475, que estableció que determinados actos vandálicos contra servicios públicos e infraestructuras críticas, incluido el Sistema Eléctrico Nacional, pueden calificarse jurídicamente como sabotaje.

Desde entonces, comportamientos que anteriormente podían ser perseguidos principalmente como hurto, robo o daños pueden enfrentar una calificación mucho más severa si las autoridades consideran que afectaron o podían afectar el funcionamiento de una infraestructura esencial.

La diferencia no es menor: pasar de un delito patrimonial a uno considerado contra la Seguridad del Estado puede multiplicar considerablemente los años de cárcel.

El 87% de los imputados quedó en prisión provisional

La propia Fiscalía reveló otro dato significativo: el 87% de los imputados presentados en estos procesos recibió prisión provisional como medida cautelar.

Además, el organismo sostiene que todas las personas juzgadas durante 2026 por hechos calificados como sabotaje contra el SEN fueron sancionadas con prisión, mayoritariamente con condenas de entre nueve y 20 años.

También pueden ser decomisados vehículos, maquinaria agrícola y otros bienes utilizados para cometer los hechos o considerados procedentes de ellos.

El Tribunal Supremo ya había informado en abril que durante 2025 y el primer trimestre de 2026 el 100% de las personas juzgadas en salas de delitos contra la Seguridad del Estado por hechos de esta naturaleza recibió condenas superiores a diez años.

El endurecimiento llega en plena crisis eléctrica

La advertencia judicial coincide con uno de los peores momentos del sistema eléctrico cubano.

En julio, la propia Unión Eléctrica llegó a pronosticar afectaciones superiores a 2.000 MW durante el horario de máxima demanda, con varias termoeléctricas simultáneamente averiadas o en mantenimiento. Ese mismo mes Cuba sufrió nuevas desconexiones totales del SEN.

Las fallas continuaron en agosto. El día 27 una oscilación en las líneas de transmisión provocó la salida de varias unidades generadoras y dejó desconectadas del sistema las provincias desde Holguín hasta Guantánamo.

El Gobierno atribuye buena parte del deterioro energético a las sanciones estadounidenses, la falta de combustible y lo que denomina “cerco energético”. Al mismo tiempo, la infraestructura termoeléctrica envejecida, la falta de mantenimiento y la insuficiencia de inversiones acumuladas durante años forman parte del escenario que explica la fragilidad actual del sistema.

En ese contexto, el robo de componentes eléctricos agrava problemas reales, pero no explica por sí solo la magnitud de la crisis energética nacional.

Ese matiz resulta importante. Las autoridades tienen razones legítimas para perseguir robos que destruyen transformadores o dejan comunidades sin servicio, pero la dureza penal tampoco debe servir para diluir la responsabilidad institucional sobre un SEN que ya sufría déficits masivos, averías y colapsos antes de estos delitos.

La nueva advertencia deja así dos realidades coexistiendo: una infraestructura vulnerable que necesita protección y una crisis energética estructural que no puede reducirse a la acción de ladrones o vándalos.