LA HISTORIA OLVIDADA DEL COMANDO QUE DESEMBARCÓ ARMADO EN MATANZAS EN 1991: UN FUSILADO Y DOS CONDENADOS A 30 AÑOS DE PRISIÓN

El 29 de diciembre de 1991, tres cubanos procedentes de Estados Unidos desembarcaron clandestinamente en la costa norte de Matanzas con armas y explosivos. Se llamaban Eduardo Díaz Betancourt, Daniel Candelario Santovenia Fernández y Pedro de la Caridad Álvarez Pedroso. Fueron capturados poco después cerca de Cárdenas y, apenas semanas más tarde, los tres estaban condenados a muerte.

El episodio ocurrió en uno de los momentos más delicados para el Gobierno cubano: la Unión Soviética acababa de desaparecer y Cuba entraba de lleno en la crisis del llamado Período Especial. Pero lo que convirtió aquella operación en una historia todavía discutida no fue solo el desembarco ni el juicio acelerado. Fue también una pregunta que comenzó a circular casi inmediatamente entre sectores del exilio: ¿cómo consiguió la Seguridad del Estado interceptarlos prácticamente al llegar?

Tres hombres, armas y una entrada clandestina por Matanzas

Fuentes de la época coinciden en que los tres llegaron desde Florida y desembarcaron en la zona de Cárdenas. Algunas reconstrucciones sitúan específicamente el punto de entrada en la ensenada de Júcaro, al oeste de la ciudad. Cuba Encuentro señaló años después que la expedición habría partido desde Cayo Maratón, en Florida, primero en una embarcación mayor y luego en un bote más pequeño.

Las autoridades cubanas aseguraron que el grupo pretendía realizar sabotajes contra instalaciones económicas y lugares públicos utilizando explosivos. Durante el proceso, la fiscalía sostuvo además que los acusados querían provocar pánico y desestabilización interna. Estados Unidos rechazó entonces las acusaciones de La Habana de que Washington o la CIA hubieran organizado directamente la operación.

El armamento mostrado durante el juicio incluyó un fusil automático, pistolas, granadas y otros explosivos, según reportes contemporáneos basados en la información oficial cubana.

Un juicio de apenas siete horas

La respuesta judicial fue extraordinariamente rápida.

El proceso contra los tres se celebró en enero de 1992 ante el Tribunal Provincial de La Habana y duró aproximadamente siete horas. Fueron declarados culpables de terrorismo, sabotaje y propaganda enemiga, delitos considerados entonces contra la seguridad del Estado. Los tres recibieron inicialmente la pena de muerte.

Amnistía Internacional intervino ante el riesgo de ejecución. También hubo peticiones de clemencia desde gobiernos extranjeros y figuras públicas. A pesar de esas gestiones, el Gobierno cubano mantuvo la condena más severa para uno de ellos.

Pedro Álvarez Pedroso obtuvo primero la conmutación de su pena por 30 años de cárcel. Posteriormente, el Consejo de Estado hizo lo mismo con Daniel Santovenia. Para Eduardo Díaz Betancourt no hubo indulto.

Eduardo Díaz Betancourt fue fusilado 22 días después

El 20 de enero de 1992, apenas 22 días después del desembarco, Eduardo Díaz Betancourt fue ejecutado por fusilamiento.

Amnistía Internacional confirmó que el Consejo de Estado ratificó la pena capital el 19 de enero y que la ejecución se produjo al día siguiente. La Habana justificó la decisión alegando que Díaz Betancourt había sido el principal responsable de la operación.

El Gobierno utilizó además el caso para lanzar una advertencia más amplia contra grupos opositores y organizaciones del exilio. Días después del fusilamiento, medios oficiales retomaron un lenguaje especialmente duro contra quienes consideraban responsables de intentar subvertir el sistema.

La pregunta incómoda: ¿alguien había preparado la emboscada?

Aquí comienza la parte más controvertida de la historia.

Poco después de la captura surgieron sospechas dentro de Miami de que la operación había sido infiltrada o delatada. El motivo principal era la rapidez con la que las fuerzas cubanas interceptaron al grupo tras desembarcar.

The Washington Post recogió en enero de 1992 el escepticismo de exiliados sobre una misión que consideraban mal preparada. Incluso especialistas cuestionaron que los integrantes no llevaran documentación local, dinero cubano suficiente ni una logística aparentemente sólida para moverse dentro de la isla.

El País publicó además que sectores del exilio llegaron a sospechar del propio Eduardo Díaz Betancourt. Entre los elementos que alimentaron esas dudas estaba que aparecieran en su poder direcciones de opositores cubanos, incluida una dirección supuestamente incorrecta que coincidía con la utilizada anteriormente por la policía política.

La hipótesis era explosiva: que Díaz Betancourt pudiera haber sido un infiltrado y que la operación hubiera sido conducida hacia una emboscada.

Pero hay un problema fundamental: nunca se ha presentado evidencia documental independiente que demuestre que Eduardo Díaz Betancourt perteneciera al G-2 cubano.

De hecho, su propio fusilamiento complicó aún más esa teoría.

Versiones posteriores reavivaron la sospecha

Décadas después han reaparecido reconstrucciones que sostienen que Díaz habría guiado deliberadamente al grupo hacia una zona donde las fuerzas cubanas ya estaban esperando. Algunas publicaciones recientes incluso lo describen directamente como infiltrado del G-2.

Sin embargo, esas versiones deben tratarse como alegaciones no probadas. No existe hasta ahora un expediente desclasificado, documento del Ministerio del Interior o evidencia independiente que confirme esa identidad encubierta.

Lo que sí está documentado es que el grupo fue capturado con enorme rapidez y que desde enero de 1992 existían dudas entre exiliados sobre cómo había sido descubierta la operación.

Daniel Santovenia pasó 27 años preso

Daniel Santovenia sobrevivió a la pena de muerte, pero pasó casi tres décadas en prisión.

Fue liberado en octubre de 2018, después de aproximadamente 27 años encarcelado. 14ymedio informó que había cumplido 22 años en celdas comunes de la prisión de Agüica, en Matanzas, y otros cinco en un campamento de mínima seguridad en Camagüey.

La historia de aquel desembarco quedó así dividida en tres destinos: un hombre fusilado, dos condenas de 30 años y una operación que, más de tres décadas después, todavía arrastra preguntas.

La más importante sigue siendo la misma: ¿la Seguridad del Estado simplemente reaccionó con rapidez o sabía de antemano que el comando iba a desembarcar en Matanzas? Hasta hoy, no existe una respuesta documental definitiva.