ALEJANDRO ROCA: TRES DÉCADAS COMO MINISTRO EN CUBA Y UNA CAÍDA QUE TERMINÓ EN 15 AÑOS DE PRISIÓN POR CORRUPCIÓN

Durante casi treinta años, Alejandro Francisco Roca Iglesias fue una de esas figuras que parecían formar parte permanente del paisaje político cubano. Desde 1980 dirigió el Ministerio de la Industria Alimenticia, sobrevivió al derrumbe soviético, al Período Especial y a numerosas remodelaciones gubernamentales, además de integrar el Comité Central del Partido Comunista. Pero dos años después de abandonar el ministerio, aquel funcionario veterano terminó sentado ante un tribunal y condenado a 15 años de prisión por delitos económicos y corrupción.

Su historia adquiere todavía más interés porque el proceso estuvo conectado con Max Marambio, empresario chileno que había sido cercano a Fidel Castro, antiguo jefe de la escolta de Salvador Allende y socio del Estado cubano en la empresa mixta Alimentos Río Zaza. Lo que comenzó como una investigación sobre negocios de alimentos terminó salpicando a altos funcionarios, empresas turísticas, ejecutivos de Cubana de Aviación y personas vinculadas a sectores privilegiados de la economía cubana.

CASI TREINTA AÑOS SENTADO EN EL MISMO MINISTERIO

Alejandro Roca era contador público y fue nombrado ministro de la Industria Alimenticia en 1980. Permaneció en ese puesto hasta marzo de 2009, una longevidad extraordinaria incluso dentro del sistema cubano, donde la permanencia durante décadas suele interpretarse como señal de confianza política y acceso estable a la cúpula.

Durante esa larga etapa, su ministerio controló actividades esenciales vinculadas a la producción y procesamiento de alimentos. Roca atravesó algunos de los momentos económicos más difíciles de la Revolución sin ser desplazado, lo que hace todavía más llamativo el desenlace posterior: el hombre que había administrado durante décadas un sector estratégico terminó acusado por el propio Estado de perjudicar económicamente al país.

MARZO DE 2009: SALE DEL GOBIERNO EN UNA GRAN SACUDIDA

El 2 de marzo de 2009, Raúl Castro realizó una de las mayores reorganizaciones gubernamentales de aquellos años. Carlos Lage y Felipe Pérez Roque quedaron fuera de posiciones centrales, varios ministerios fueron fusionados y Alejandro Roca fue liberado de su responsabilidad al frente de Industria Alimenticia, cartera que pasó a integrarse con Industria Pesquera bajo una nueva dirección.

En aquel momento, la salida de Roca no fue presentada públicamente como consecuencia de corrupción. Sus problemas judiciales saldrían a la luz posteriormente, por lo que sería incorrecto afirmar que todos los funcionarios removidos en aquella reorganización formaban parte del mismo expediente; las fuentes contemporáneas especificaron que los casos de Lage y Pérez Roque no estaban relacionados con el proceso que después afectaría a Roca.

RÍO ZAZA Y EL HOMBRE QUE HABÍA SIDO AMIGO DE FIDEL

El centro del escándalo fue Alimentos Río Zaza, una empresa mixta entre intereses privados vinculados a Max Marambio y el Estado cubano. La compañía operaba dos plantas y comercializaba productos como jugos, leche y otros alimentos envasados, con una facturación de millones de dólares y una presencia importante dentro del reducido sector de empresas mixtas permitido por el Gobierno.

Marambio no era un empresario extranjero cualquiera. Había tenido vínculos con la seguridad cubana, había sido jefe de la escolta del presidente chileno Salvador Allende y, después del golpe de 1973, mantuvo durante años relaciones privilegiadas con La Habana; durante la apertura económica de los años noventa desarrolló un conglomerado de negocios asociados a Cuba.

Precisamente esa cercanía convirtió el caso en algo políticamente incómodo. El escándalo no involucraba solamente a un ministro veterano, sino también a un empresario que durante décadas había mantenido acceso excepcional a círculos del poder cubano.

SOBREPRECIOS, FAVORES Y PERJUICIOS A LA ECONOMÍA

Según la reconstrucción publicada por El País, Roca fue acusado de favorecer los intereses empresariales de Marambio y de permitir compras de productos a precios inflados, causando perjuicios económicos al Estado cubano. La sentencia oficial utilizó una formulación jurídica más precisa: lo declaró responsable de cohecho de carácter continuado y actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación.

El Tribunal Provincial Popular de La Habana aseguró que las numerosas pruebas presentadas durante el juicio demostraban los hechos y habló de “cuantiosos daños” a la economía nacional, aunque la escueta nota publicada por Granma no ofreció una cifra total de las pérdidas atribuidas directamente a Roca. Esa diferencia es importante: está confirmada la condena y los delitos, pero no debe inventarse una cantidad concreta del supuesto daño cuando la sentencia divulgada públicamente no la proporcionó.

EL DETALLE FAMILIAR QUE HIZO MÁS INCÓMODO EL EXPEDIENTE

La prensa española publicó otro elemento sensible: un hijo de Alejandro Roca trabajaba desde hacía años en Chile en una de las empresas vinculadas a Marambio. Ese hecho fue mencionado al explicar la cercanía entre el exministro y el empresario, aunque por sí solo no demuestra que el hijo hubiera cometido delito alguno y no debe presentarse como tal.

Lo relevante es el entorno de relaciones personales, políticas y empresariales que rodeaba el expediente. Durante décadas, la economía cubana había funcionado mediante autorizaciones estatales, empresas mixtas controladas desde arriba y una enorme concentración de decisiones en pocos funcionarios; cuando el caso Río Zaza explotó, esas mismas conexiones comenzaron a aparecer como parte de un sistema vulnerable a sobornos, favores y tráfico de influencias.

LA MUERTE DE UN EJECUTIVO EN MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN

El caso tuvo además un episodio que contribuyó a rodearlo de misterio. En abril de 2010 murió en La Habana Roberto Baudrand, gerente de Río Zaza, mientras las autoridades investigaban la compañía; según la versión oficial difundida entonces, la muerte se debió a una insuficiencia respiratoria aguda asociada al consumo de medicamentos y alcohol.

Esa muerte generó especulaciones fuera de Cuba, pero no existen elementos suficientes en las fuentes consultadas para afirmar que estuviera relacionada criminalmente con el proceso. CubaBajoLupa la menciona porque ocurrió en pleno desarrollo del expediente y forma parte de su cronología, no porque exista evidencia comprobada de asesinato o encubrimiento.

EL JUICIO QUE LA PRENSA OFICIAL TARDÓ EN CONFIRMAR

Durante meses circularon versiones sobre la detención de Roca y la investigación de Río Zaza, pero no fue hasta marzo de 2011 cuando la prensa estatal confirmó públicamente que el antiguo ministro estaba siendo procesado. La Fiscalía solicitó para él 15 años de prisión, mientras que para Max Marambio pidió 20 años; el empresario chileno fue juzgado en ausencia porque no regresó a Cuba.

La opacidad que rodeó parte de la investigación es especialmente llamativa considerando el nivel de los implicados. La Jornada señaló después de la sentencia que no existía una versión pública detallada de todos los hechos, más allá del comunicado del tribunal que declaraba las acusaciones probadas.

15 AÑOS PARA ROCA Y 20 PARA MARAMBIO

El 5 de mayo de 2011 llegó la sentencia. Alejandro Roca fue condenado a 15 años de privación de libertad, mientras Max Marambio recibió en ausencia una condena de 20 años por cohecho, estafa y falsificación continuada de documentos bancarios o comerciales.

El castigo contra Roca fue uno de los más severos impuestos públicamente a un antiguo ministro cubano en aquellos años. El contraste era extraordinario: un funcionario que había formado parte de la estructura gubernamental durante prácticamente tres décadas pasaba, a los 75 años, de la élite política a una condena que podía significar pasar buena parte del resto de su vida detrás de las rejas.

EL ESCÁNDALO NO TERMINÓ CON EL EXMINISTRO

La investigación de Río Zaza continuó extendiéndose. En junio de 2011 fueron condenados otros antiguos funcionarios y directivos del Ministerio de la Industria Alimentaria y de la empresa mixta, entre ellos un exviceministro; el tribunal describió sobornos en efectivo, regalos ilegales, desvíos de productos y materias primas, falsificación de información y documentos y otras actividades fraudulentas.

Las ramificaciones también alcanzaron a Cubana de Aviación y a la agencia turística Sol y Son, vinculada a Marcel Marambio, hermano de Max. Otros ejecutivos recibieron penas de prisión y el conjunto de procesos mostró que no se trataba simplemente de la conducta aislada de un ministro, sino de una red de irregularidades que había penetrado diferentes estructuras económicas estatales.

¿LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN O LIMPIEZA DENTRO DEL PODER?

El caso explotó durante la ofensiva anticorrupción impulsada por Raúl Castro. La Contraloría General había sido creada en 2009 y el Gobierno comenzó a hacer públicos varios expedientes que involucraban a altos funcionarios y administradores de empresas estatales, presentándolos como demostración de que nadie estaba por encima de la ley.

Pero el expediente Roca dejó una pregunta difícil de ignorar: ¿cómo pudo un ministro permanecer casi treinta años administrando un sector estratégico antes de que el sistema detectara prácticas suficientemente graves como para justificar quince años de prisión? El tribunal castigó al funcionario, pero el proceso también exponía los problemas de un modelo donde los mismos dirigentes concentran durante décadas poder político, capacidad administrativa y control sobre negocios estatales sin fiscalización pública independiente.

DE MINISTRO HISTÓRICO A CONDENADO POR EL MISMO ESTADO

Alejandro Roca no fue un cuadro fugaz que llegó accidentalmente a un ministerio. Había sobrevivido a generaciones completas de funcionarios y ocupado durante casi tres décadas una posición reservada a personas consideradas políticamente confiables, hasta convertirse en parte del establishment económico de la Revolución.

Su caída demuestra una de las contradicciones más llamativas de la historia reciente del poder cubano. El mismo sistema que durante treinta años depositó en Roca la administración de una parte fundamental de la industria alimentaria terminó declarando que aquel hombre había aceptado sobornos y actuado en perjuicio de la economía nacional.

La sentencia castigó al exministro y permitió al Gobierno mostrar dureza contra la corrupción, pero dejó intacta una interrogante mayor: si un funcionario podía llegar tan lejos y permanecer tanto tiempo dentro de la estructura, el problema quizá no terminaba en Alejandro Roca.