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Cuba Bajo Lupa

PASCUAL MARTÍNEZ: EL SECRETO DEL GENERAL QUE ARRESTÓ A SUS AMIGOS DURANTE EL JUICIO DE OCHOA Y TERMINÓ LUEGO EN LOS MISMOS CALABOZOS

Pascual Martínez Gil llegó a ocupar uno de los puestos más importantes del Ministerio del Interior de Cuba y estuvo situado en el centro de la crisis política y militar de 1989. Era general de división y viceministro primero del MININT cuando comenzaron las detenciones vinculadas al caso del general Arnaldo Ochoa y del coronel Antonio “Tony” de la Guardia. Pocas semanas después, el propio Martínez Gil perdió su cargo, fue procesado en la denominada Causa Número 2 y recibió una condena de 12 años de prisión.

Su caída constituye una de las historias menos conocidas de aquel episodio. Mientras la Causa Número 1 terminó con los fusilamientos de Ochoa, Antonio de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez el 13 de julio de 1989, la investigación se extendió posteriormente hacia la cúpula del Ministerio del Interior, alcanzando a funcionarios que hasta entonces habían ocupado posiciones de enorme confianza dentro del aparato estatal.

DE ALTO JEFE DEL MININT A ACUSADO

Martínez Gil no era un funcionario de segundo nivel. Figuraba como viceministro primero del Interior y estaba entre los máximos responsables del organismo cuando estalló el escándalo por operaciones de narcotráfico que involucraron a altos oficiales cubanos. Testimonios publicados posteriormente sitúan incluso la oficina de Martínez Gil como uno de los lugares utilizados durante las detenciones de funcionarios relacionados con el caso.

Tras los fusilamientos de julio, el proceso de depuración continuó. El 14 de julio de 1989 se informó públicamente de la salida de Martínez Gil del MININT, oficialmente relacionada con las deficiencias de la dirección del ministerio que habían permitido que las operaciones ilegales continuaran sin ser detectadas. La agencia UPI y Los Angeles Times informaron entonces sobre su sustitución y los cambios que comenzaban a producirse dentro de la institución.

El giro fue rápido. El hombre que semanas antes estaba en la dirección del organismo pasó a formar parte del siguiente grupo de acusados.

LA CAUSA NÚMERO 2

En agosto de 1989 comenzó el proceso contra el entonces exministro del Interior José Abrantes Fernández y otros altos oficiales del MININT. A diferencia de la Causa Número 1, centrada en las operaciones de narcotráfico y que terminó con cuatro condenas a muerte, la Causa Número 2 examinó responsabilidades dentro de la dirección del ministerio por negligencia, abuso de autoridad, manejo irregular de recursos y ocultamiento de información.

Abrantes recibió una condena de 20 años. Pascual Martínez Gil fue sentenciado a 12 años de prisión y expulsado del Partido Comunista, según documentación recopilada posteriormente por organismos especializados en información sobre Cuba.

El alcance de aquella purga fue considerable. Después de las dos causas, numerosos oficiales del Ministerio del Interior fueron removidos, sancionados, trasladados o sustituidos por cuadros procedentes de las Fuerzas Armadas. Estudios posteriores sobre la estructura de seguridad cubana describen aquellos acontecimientos como una profunda reorganización del MININT y un incremento de la influencia militar sobre áreas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad interior.

EL CASO OCHOA CAMBIÓ EL EQUILIBRIO DEL PODER

La dimensión política de los procesos de 1989 continúa siendo objeto de controversia. La versión oficial cubana sostuvo que Ochoa, De la Guardia y otros oficiales habían desarrollado operaciones ilegales sin conocimiento de la máxima dirección del país. Investigadores, antiguos funcionarios cubanos y analistas han cuestionado durante décadas si actividades de semejante magnitud podían desarrollarse completamente al margen de la cúpula del Estado.

Ese debate no está resuelto documentalmente y no permite afirmar como hecho que Fidel Castro u otros integrantes de la dirección cubana hubieran autorizado personalmente las operaciones. Lo comprobado es que el escándalo desencadenó una de las mayores crisis internas del aparato militar y de seguridad desde 1959 y produjo cambios significativos en el Ministerio del Interior.

También existe una diferencia importante entre hechos y algunas versiones posteriores asociadas a aquellos acontecimientos. Relatos sobre supuestas advertencias del general Manuel Antonio Noriega a la dirección cubana, fondos clandestinos, órdenes secretas o conocimiento directo de la cúpula aparecen en testimonios y publicaciones del exilio, pero no existe documentación pública suficiente para presentarlos como hechos establecidos.

UNA VIDA MARCADA POR LA CAÍDA DE 1989

Martínez Gil sobrevivió a la prisión y permaneció en Cuba. Décadas después, en febrero de 2014, murió de un infarto en el Hospital CIMEQ de La Habana, según informaciones publicadas entonces por Café Fuerte y reproducidas posteriormente por otros medios. Había pasado de ocupar uno de los puestos más sensibles del Ministerio del Interior a vivir prácticamente apartado de la vida pública.

Su historia resume una de las paradojas de la crisis de 1989: altos funcionarios que durante años formaron parte del núcleo de seguridad del Estado terminaron convertidos en acusados dentro del mismo aparato al que habían servido.

Más de tres décadas después, la Causa Número 2 continúa siendo mucho menos conocida que el juicio y fusilamiento de Arnaldo Ochoa. Pero para comprender lo ocurrido dentro del poder cubano en 1989, la caída de Pascual Martínez Gil resulta igualmente reveladora: muestra que la depuración no terminó frente al pelotón de fusilamiento, sino que penetró directamente en la cúpula del MININT.

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