GOBIERNO DE LA HABANA ABRE OFENSIVA CONTRA NEGOCIOS PRIVADOS Y AMENAZA CON CIERRES POR PRECIOS ABUSIVOS

Las autoridades cubanas comenzaron una nueva ofensiva de inspecciones y sanciones contra negocios privados, pocas semanas después de eliminar los precios máximos minoristas de varios productos básicos. En La Habana, los inspectores aplicaron multas, ordenaron ventas forzosas y paralizaron actividades comerciales por incumplimientos relacionados con precios y pagos electrónicos.

El Consejo de la Administración Municipal de Plaza de la Revolución informó que realizó 20 acciones de control en establecimientos pertenecientes a formas de gestión no estatal. Según la entidad, durante los operativos fueron detectadas irregularidades en la comercialización de alimentos como salchichas, aceite, pollo y picadillo.

Las autoridades señalaron que algunos negocios no tenían los precios visibles para los consumidores y calificaron determinados valores como “abusivos y especulativos” en operaciones de compra y reventa.

Multas, decomisos y ventas forzosas contra vendedores privados

Como resultado de las inspecciones, el gobierno municipal reportó la aplicación de 17 multas bajo el Decreto 30/2021 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Además, se ordenaron tres ventas forzosas de mercancías. La información oficial no especificó qué productos fueron afectados ni cuáles fueron los precios establecidos durante esas operaciones.

En otro establecimiento, los inspectores detectaron que no se utilizaban las pasarelas de pago electrónico obligatorias. Según la comunicación oficial, el negocio recibió una sanción basada en el Decreto Ley 91/2024 y quedó temporalmente paralizado.

Las autoridades municipales advirtieron que continuarán reforzando los controles y mencionaron entre las medidas posibles el cierre temporal de establecimientos por hasta tres meses, el decomiso de mercancías, ventas forzosas y nuevas sanciones económicas.

Del fin de los topes de precios a una nueva etapa de vigilancia

La escalada de controles ocurre después de que el Ministerio de Finanzas y Precios eliminara los precios máximos minoristas para varios productos esenciales mediante la Resolución 150/2026.

La medida incluyó alimentos como pollo troceado, aceites comestibles —excepto el aceite de oliva—, leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas.

El propio gobernante Miguel Díaz-Canel había reconocido previamente que los límites de precios no habían logrado contener la inflación y que, según su evaluación, contribuyeron a problemas como la desaparición de productos, desvíos hacia mercados informales y aumentos de precios.

Sin embargo, tras retirar esos controles, las autoridades territoriales han comenzado a aplicar nuevos mecanismos de supervisión y sanción sobre los vendedores privados.

Más territorios aplican medidas contra el sector privado

La Habana no es el único territorio donde se han anunciado acciones contra negocios no estatales.

En Sancti Spíritus, un operativo reciente reportó más de 200 multas y el cierre de al menos cinco establecimientos por violaciones relacionadas principalmente con precios y medios de pago electrónicos.

En Guantánamo, el gobierno municipal estableció un precio de referencia de 2.200 pesos para el aceite y anunció sanciones que incluyen multas, decomisos, ventas forzosas y cierres temporales. Las autoridades aclararon que, según su versión, no se trataba de un nuevo tope de precios.

Por su parte, el Gobierno Provincial de Granma convocó a importadores privados de alimentos y productos de aseo para buscar “soluciones conjuntas” ante el incremento del costo de productos básicos.

Una política económica marcada por cambios constantes

Las nuevas medidas reflejan la tensión que enfrenta el Gobierno cubano al intentar controlar la inflación en un escenario de escasez, bajos ingresos y aumento del papel del sector privado en la distribución de bienes.

Mientras las autoridades argumentan que buscan proteger a los consumidores y combatir prácticas abusivas, los negocios privados han señalado durante años que enfrentan dificultades para operar debido a costos elevados, restricciones comerciales y falta de acceso estable a suministros.

El nuevo escenario plantea una pregunta central: cómo lograr que los precios sean accesibles para la población sin provocar nuevamente escasez o mercados paralelos, un problema que el propio Gobierno reconoció al abandonar los controles anteriores.