LUIS ALBERTO GARCÍA DENUNCIA REPRESIÓN CONTRA LA POBLACIÓN TRAS PROTESTAS POR APAGONES: “NO ES CULPA DEL BLOQUEO”

El actor cubano Luis Alberto García Novoa denunció que ciudadanos que protestan pacíficamente por los apagones son identificados, interrogados o detenidos después de que las autoridades logran dispersar las manifestaciones.

En un texto publicado este viernes en Facebook, el intérprete calificó ese procedimiento como “anticonstitucional y muy antidemocrático” y sostuvo que expresar descontento, golpear una cazuela propia o exigir electricidad no convierte automáticamente a una persona en delincuente.

Su denuncia llega en medio de una crisis energética marcada por interrupciones prolongadas, fallas del Sistema Eléctrico Nacional y un creciente malestar social. El propio García había revelado durante julio que su familia pasó 34 horas consecutivas sin electricidad ni agua y, días después, tres jornadas completas sin corriente.

EL PATRÓN DENUNCIADO TRAS LAS PROTESTAS

Según el relato publicado por el actor, cuando una comunidad sale a protestar por la falta de electricidad, representantes oficiales llegan al lugar, conversan con los vecinos, realizan promesas y en ocasiones restablecen el servicio.

Sin embargo, García asegura que la respuesta cambia después de que termina la manifestación.

De acuerdo con su denuncia, al día siguiente comenzarían las búsquedas “casa por casa, pasillo por pasillo y azotea por azotea” para identificar a quienes tomaron la palabra, organizaron el cacerolazo o encabezaron las exigencias.

El actor criticó especialmente el traslado de manifestantes a unidades policiales o dependencias de la Seguridad del Estado, incluso —según escribió— de madres acompañadas por niños pequeños.

La publicación constituye una denuncia personal difundida en redes sociales. El material proporcionado no incluye respuestas oficiales sobre los casos concretos a los que García hace referencia.

“EXPRESAR DESCONTENTO NO ES DELITO”

García invocó el derecho a la reunión y a la manifestación pacífica reconocido en el artículo 56 de la Constitución cubana.

El actor cuestionó los argumentos utilizados para criminalizar los cacerolazos y afirmó que golpear un utensilio propio no puede considerarse daño a la propiedad estatal.

También defendió que expresar angustia, inconformidad o deseos de cambio no constituye por sí mismo una conducta delictiva.

La distancia entre el reconocimiento constitucional de la protesta y la respuesta policial constituye el centro de su denuncia: el derecho existe en el papel, pero ejercerlo puede terminar en citaciones, vigilancia o detenciones.

ORGANIZACIONES DOCUMENTAN DECENAS DE ARRESTOS

La preocupación expresada por García coincide con informes recientes de organizaciones independientes.

Cubalex confirmó al menos 38 detenidos, incluidos seis menores, en el contexto de protestas realizadas entre el 1 y el 26 de junio. La organización advirtió que la cifra podría ser mayor porque no todos los casos han podido verificarse.

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó 1.949 acciones represivas y 257 detenciones arbitrarias durante el primer semestre de 2026. Según la organización, buena parte de los arrestos de junio estuvo relacionada con protestas pacíficas motivadas por apagones, escasez de alimentos y deterioro de las condiciones de vida.

Estas cifras proceden de organizaciones no gubernamentales y no han sido reconocidas por las autoridades cubanas.

PANELES SOLARES PARA FUNCIONARIOS Y SACRIFICIOS PARA EL PUEBLO

El actor también cuestionó la distribución desigual de módulos fotovoltaicos.

García aclaró que no considera injusto que una persona enferma, vulnerable o dedicada a una actividad científica esencial reciba un sistema de respaldo energético.

Su crítica se dirige a los funcionarios que, según afirmó, reciben esos equipos mientras exigen sacrificios a la población y presentan los apagones como una prueba de resistencia colectiva.

Para el intérprete, muchas otras profesiones cumplen funciones tan importantes o más que las de quienes dirigen instituciones, pero no reciben el mismo acceso privilegiado a electricidad.

La observación vuelve a colocar el problema de la desigualdad en el centro de la crisis: el apagón no golpea de la misma forma a quien tiene batería, planta eléctrica o panel solar que a una familia sin agua fría, ventilador ni alimentos refrigerados.

García cerró su publicación rechazando que la persecución posterior a las protestas pueda atribuirse a factores externos: “Ese proceder, lamentablemente ya habitual, no es culpa del bloqueo”.

La frase apunta directamente a la responsabilidad de las autoridades. Porque una cosa es no tener suficiente generación eléctrica y otra muy distinta responder con vigilancia y detenciones cuando la población exige un servicio básico.