El régimen cubano acaba de admitir, sin decirlo de frente, que su sistema bancario no puede garantizar algo tan elemental como entregarles a los jubilados el dinero de sus propias pensiones.
La nueva “solución” consiste en que comercios y actores económicos locales utilicen el efectivo de sus ventas para pagar directamente a los pensionados que vivan cerca.
La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, presentó el mecanismo como una alianza beneficiosa entre bancos, negocios y jubilados.
Según explicó, los establecimientos que deben depositar diariamente sus ingresos en las sucursales bancarias podrán usar parte de ese dinero para abonar las pensiones.
💵 El comercio entrega el efectivo, el banco registra la operación y el Estado se quita de encima una responsabilidad que le corresponde.
La funcionaria aseguró que así los ancianos podrán cobrar más cerca de sus casas, sin someterse a las interminables colas bancarias, mientras los negocios evitarán trasladarse al banco para depositar grandes cantidades de dinero.
Sobre el papel, todo parece práctico.
Pero detrás de la improvisación queda una verdad incómoda: el Estado cubano no dispone del efectivo suficiente para sostener con normalidad su propio sistema de seguridad social.
🏦 Más de la mitad de los cajeros automáticos del país permanecen vacíos o fuera de servicio, según el texto base.
Los jubilados tienen que esperar entre cuatro y seis horas para intentar cobrar una pensión que, cuando finalmente llega a sus manos, apenas alcanza para sobrevivir unos pocos días.
En Granma, las propias autoridades reconocieron que faltaban más de 400 millones de pesos para cubrir el pago de unos 111.000 pensionados.
El mecanismo ya había comenzado a probarse desde abril en varios municipios habaneros mediante el servicio conocido como “Caja Extra”.
Posteriormente, mipymes privadas de Holguín comenzaron a pagar pensiones a unos 5.000 jubilados. Ahora el Banco Central pretende extender la fórmula a todo el país.
⚠️ La medida convierte a negocios privados y estatales en ventanillas improvisadas de un sistema bancario colapsado.
Y también abre preguntas que todavía necesitan respuestas: ¿quién garantiza que siempre exista efectivo?, ¿cómo se controlarán los pagos?, ¿qué ocurrirá cuando un comercio no tenga liquidez suficiente?, ¿quién responderá ante errores, demoras o irregularidades?
Mientras tanto, el régimen anunció la eliminación temporal del límite de 5.000 pesos para determinados pagos en efectivo, elevó el umbral de transferencias mensuales y prometió poner en circulación billetes de mayor denominación.
Pero imprimir billetes más grandes no resuelve que el dinero valga cada vez menos.
