LEY DE NIETOS: UNA ENMIENDA EN EL CONGRESO ABRE OTRA BATALLA QUE PUEDE AFECTAR A MILES DE CUBANOS

La llamada ley de nietos vuelve al centro de una batalla política y judicial en España, y esta vez el impacto puede sentirse directamente entre miles de cubanos con nacionalidad española o con expedientes relacionados con la Ley de Memoria Democrática. El foco está en una enmienda presentada por Sumar dentro de una reforma educativa que pretende elevar a rango legal la presunción de exilio utilizada desde 2022 para tramitar numerosos expedientes de nacionalidad.

La controversia no es menor. Esa presunción figura actualmente en una instrucción administrativa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero la enmienda número 63 de Sumar propone incorporarla directamente a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El texto oficial publicado por el Congreso establece que se presumirá la condición de exiliado respecto de los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

QUÉ CAMBIA REALMENTE LA ENMIENDA SOBRE LA LEY DE NIETOS

La enmienda propone modificar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que es la base jurídica de la conocida popularmente como ley de nietos. Además de mantener los supuestos de acceso a la nacionalidad, incorpora expresamente al texto legal la presunción de exilio que hasta ahora aparecía en la instrucción administrativa de 25 de octubre de 2022.

Esa instrucción, publicada en el Boletín Oficial del Estado, ya establecía que debía presumirse la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, mientras que para salidas posteriores, hasta 1978, debía acreditarse esa condición mediante documentación específica.

La diferencia jurídica es importante. Una instrucción administrativa interpreta y desarrolla cómo debe aplicarse una ley, pero una modificación legislativa incorporaría directamente ese criterio al texto aprobado por las Cortes.

POR QUÉ LA ENMIENDA HA GENERADO POLÉMICA

El problema no está solamente en su contenido, sino también en la vía elegida para introducirla. La enmienda fue presentada dentro de un proyecto que modifica la legislación educativa y regula cuestiones como condiciones docentes, ratios y organización del sistema educativo.

Los servicios jurídicos del Congreso cuestionaron esa incorporación al considerar que la medida sobre nacionalidad y exilio carecía del mínimo vínculo material con una reforma educativa. Europa Press y Servimedia recogieron que el informe de los letrados calificó la enmienda de incongruente con el contenido y la finalidad del proyecto.

Pese a esas objeciones, la Mesa de la Comisión de Educación, donde PSOE y Sumar disponían de mayoría, acordó admitirla a trámite el 30 de septiembre. El informe jurídico no era vinculante, por lo que la decisión política podía apartarse de su criterio.

EL SUPREMO YA HABÍA INTERVENIDO EN LA DISPUTA

La batalla parlamentaria llega después de una decisión del Tribunal Supremo que afecta al voto exterior, no a la nacionalidad ya concedida. El 8 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender cautelarmente determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la aplicación de la ley de nietos mientras se acredita el cumplimiento del requisito de descendencia de exiliados.

Ese matiz es fundamental para los cubanos afectados. La medida cautelar no equivale a retirar la nacionalidad española ni supone por sí sola la anulación de expedientes de ciudadanía ya resueltos. El conflicto judicial se concentra en los efectos electorales de determinadas inscripciones y en la interpretación del requisito de exilio.

El debate adquiere además mayor relevancia porque España ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026. El real decreto publicado en el BOE el 6 de octubre disolvió las Cortes y fijó oficialmente esa fecha para las elecciones al Congreso y al Senado.

CUBA ESTÁ ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS ELECTORES ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

El crecimiento del censo exterior en Cuba explica por qué cualquier cambio en esta materia tiene una repercusión inmediata. A 1 de julio de 2026, Cuba contaba con 169.008 electores españoles inscritos en el CERA, lo que situaba a la Isla entre los países con mayor número de españoles con derecho potencial a participar en elecciones desde el exterior.

Esa cifra no significa que todos los inscritos hayan obtenido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática. El propio aumento del CERA coincide con los años de aplicación de la norma, pero el censo mezcla españoles por diferentes vías de adquisición o conservación de la ciudadanía.

La distinción es importante porque en el debate político español se han utilizado cifras muy diferentes: solicitudes presentadas, expedientes aprobados, inscripciones en el Registro Civil y altas electorales. No son categorías equivalentes y confundirlas puede distorsionar el alcance real del proceso.

LA QUERELLA CONTRA SOFÍA PUENTE

La controversia tiene además un frente penal. La asociación Hazte Oír presentó una querella por presunta prevaricación administrativa contra Sofía Puente, quien era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública cuando se firmó la instrucción de 2022.

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid abrió diligencias preliminares y dio traslado de la querella a la Fiscalía para que se pronunciara sobre su admisión. Más recientemente, la magistrada concedió cinco días al Ministerio Fiscal para informar antes de decidir si abre formalmente una investigación.

Eso no significa que Sofía Puente haya sido declarada culpable ni siquiera que exista una causa penal plenamente admitida a trámite. En este momento se trata de una querella cuya viabilidad procesal está siendo examinada.

PP Y VOX CUESTIONAN LA MANIOBRA

El Partido Popular anunció su intención de recurrir la admisión de la enmienda y ha criticado que una cuestión vinculada a nacionalidad y voto exterior se introduzca en una norma educativa.

Vox también ha atacado la iniciativa y ha utilizado expresiones muy duras para definirla. Estas posiciones forman parte del enfrentamiento político en torno a la Ley de Memoria Democrática y al crecimiento del censo exterior, pero no sustituyen el análisis jurídico de la medida.

Por otra parte, PSOE y Sumar defienden que la enmienda busca consolidar en la ley un criterio que ya venía aplicándose administrativamente desde 2022 y evitar que su alcance dependa exclusivamente de una instrucción de rango inferior.

JUNTS Y PNV PUEDEN SER DECISIVOS

La tramitación parlamentaria no está cerrada. Junts y PNV ya habían presentado enmiendas de totalidad al proyecto educativo por discrepancias vinculadas a competencias autonómicas, y sus votos pueden resultar decisivos para que el texto avance.

El Español informó de negociaciones del PSOE con ambas formaciones para introducir cambios en la parte educativa del proyecto y conseguir que no bloqueen la enmienda vinculada a la ley de nietos.

La siguiente fase parlamentaria será clave para saber si la modificación tiene posibilidades reales de llegar al pleno y superar después el Senado, donde el PP dispone de mayoría.

QUÉ PUEDE SIGNIFICAR PARA LOS CUBANOS

Para los cubanos, el punto esencial es separar tres asuntos distintos: nacionalidad, expedientes en trámite y derecho electoral.

La enmienda no supone automáticamente nuevas concesiones de nacionalidad ni resuelve por sí sola todos los expedientes pendientes. Su objetivo principal es convertir en ley el criterio de presunción de exilio que ya figuraba en la instrucción de 2022.

Si finalmente se aprueba, podría reforzar jurídicamente esa interpretación frente a los recursos existentes. Sin embargo, afirmar que anularía automáticamente las medidas del Tribunal Supremo sería prematuro, porque el alto tribunal todavía debe pronunciarse sobre el fondo de los litigios y sobre los efectos concretos de cualquier cambio legislativo.

El calendario añade presión al debate. Para las elecciones del 29 de noviembre, los electores residentes en el extranjero podrán depositar presencialmente su voto entre el 21 y el 26 de noviembre en las oficinas consulares habilitadas, según la información oficial del Ministerio de Exteriores.

Eso deja apenas unas semanas para que Parlamento, tribunales y administración electoral aclaren qué ocurre con las inscripciones afectadas.