¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CUBA? DOS TRABAJADORES MUERTOS EN UNA SEMANA Y DEMASIADAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Hay noticias que, vistas por separado, pueden parecer episodios aislados. Pero cuando ocurren con apenas días de diferencia y comparten elementos inquietantes, terminan provocando una pregunta mucho mayor. Esta semana, dos trabajadores cubanos desaparecieron mientras se encontraban vinculados a sus jornadas laborales y posteriormente fueron encontrados sin vida: Ramón Gresequi Rodríguez, trabajador de la Empresa Mecánica del Níquel en Moa, y Alexander Pantoja Bertot, de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba.

No afirmo que ambos casos tengan relación entre sí ni que respondan necesariamente al mismo fenómeno criminal. Tampoco existen datos públicos suficientes para convertir dos tragedias en una tendencia estadística. Pero precisamente ahí comienza el problema: en Cuba resulta extraordinariamente difícil saber cuál es la verdadera dimensión de la inseguridad ciudadana porque la información pública sobre criminalidad sigue siendo fragmentaria, tardía y, muchas veces, insuficiente para evaluar lo que ocurre en las calles.

Dos hombres que salieron a trabajar y no regresaron

Ramón Gresequi Rodríguez trabajaba como chofer de la Empresa Mecánica del Níquel, en Moa. Después de ser reportado como desaparecido, su cuerpo fue encontrado sin vida en la zona de Miraflores, Yaguaneque. Las circunstancias precisas de su muerte continúan rodeadas de interrogantes y los primeros detalles del caso procedieron principalmente de familiares, vecinos y publicaciones en redes sociales.

Pocos días después, Alexander Pantoja Bertot desapareció mientras realizaba un recorrido laboral para la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, en una zona rural entre Palma Soriano y Contramaestre. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado en El Palmar. Su familia sigue reclamando que se esclarezca qué ocurrió después de que quedó realizando su trabajo.

Dos historias diferentes, dos provincias distintas y dos investigaciones que deben seguir su propio curso. Pero para muchas familias cubanas el mensaje emocional es inevitablemente parecido: salir de casa para ganarse la vida y no saber con certeza si regresarás ya no se percibe como una posibilidad remota.

¿Está Cuba realmente más insegura?

Aquí conviene separar la sensación de los datos. Yo puedo sentir —como muchos cubanos— que actualmente existe una inseguridad ciudadana que no recuerdo haber experimentado con esta intensidad durante décadas. Pero una percepción, incluso cuando es compartida por miles de personas, no reemplaza una estadística.

El propio Gobierno reconoce que el delito constituye un problema que requiere una respuesta creciente. En junio, durante una reunión gubernamental dedicada a la prevención y enfrentamiento al delito, se informó que Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma, Mayabeque y Ciego de Ávila estaban entre los territorios con mayor incidencia delictiva al cierre de abril. El primer ministro Manuel Marrero pidió entonces “medidas más severas” y acciones más eficaces para disminuir los delitos.

Eso demuestra que el problema existe incluso dentro del discurso oficial. Lo que seguimos sin tener es un cuadro nacional suficientemente detallado, actualizado y accesible que permita responder preguntas básicas: cuántos homicidios se producen, cuántas personas son reportadas como desaparecidas, qué porcentaje aparece con vida, cuántos robos violentos ocurren y cómo evolucionan esas cifras por provincias.

La economía también tiene consecuencias sociales

Sería irresponsable afirmar que la pobreza provoca automáticamente violencia. Millones de personas atraviesan necesidades extremas sin cometer delitos, y reducir la criminalidad a una explicación económica sería simplista.

Pero tampoco puede ignorarse el contexto. Cuba atraviesa una crisis de ingresos, inflación, deterioro de servicios, escasez de alimentos, transporte insuficiente y un mercado informal que se ha convertido en parte central de la supervivencia cotidiana. Cuando las instituciones se debilitan y aumentan las desigualdades entre quienes consiguen divisas y quienes apenas sobreviven con un salario estatal, las tensiones sociales también crecen.

Las propias autoridades han intensificado durante 2026 los ejercicios nacionales contra el delito, la corrupción, las drogas y las ilegalidades. Si la situación fuera irrelevante, difícilmente existiría semejante movilización institucional para enfrentarla.

Lo que más preocupa es el silencio

No espero que la Policía divulgue detalles capaces de perjudicar una investigación en curso. Eso sería irresponsable. Pero existe una diferencia enorme entre proteger diligencias investigativas y mantener a la sociedad prácticamente a oscuras sobre la evolución de la criminalidad.

Cuando una persona desaparece, son los familiares quienes publican fotografías. Cuando aparece un cuerpo, las primeras noticias suelen surgir de vecinos, páginas independientes o grupos de Facebook. Después llega un comunicado breve —si llega— y rara vez conocemos posteriormente el resultado completo de la investigación.

Ese vacío tiene consecuencias. Cuando las instituciones no informan, los rumores llenan el espacio. Aparecen versiones de asesinatos, bandas, secuestros, robos, rituales o complicidades policiales que pueden ser ciertas, parcialmente ciertas o completamente falsas. La transparencia no elimina el delito, pero sí reduce la desinformación y permite evaluar si las autoridades están cumpliendo con su obligación.

No se puede gobernar la seguridad con propaganda

Durante años se presentó a Cuba como uno de los países más seguros de la región. Quizás durante determinados periodos existieron razones objetivas para sostener esa percepción, pero ninguna reputación histórica puede sustituir la realidad presente.

La seguridad ciudadana no se demuestra repitiendo que el país es seguro. Se demuestra publicando estadísticas, resolviendo casos, protegiendo a los trabajadores, atendiendo rápidamente las denuncias y explicándole a la población qué está ocurriendo.

Comparar rigurosamente la criminalidad actual con la Cuba anterior a 1959 requeriría series estadísticas homogéneas que hoy no tenemos. Por eso no afirmaría que Cuba sea actualmente más peligrosa que durante los últimos años de Batista. Lo que sí puedo decir es que, en varias décadas de observar la sociedad cubana, pocas veces había sido tan extendida la sensación de vulnerabilidad que hoy expresan ciudadanos dentro y fuera de la isla.

Y esa sensación también es un problema de Estado.

Dos trabajadores muertos en una misma semana no bastan para demostrar estadísticamente una epidemia criminal. Pero bastan para recordar algo elemental: detrás de cada número hay una familia esperando que alguien salga a trabajar y vuelva a casa.

El país necesita respuestas antes de que esa esperanza se convierta en miedo cotidiano.