RÉGIMEN PERMITIRÁ A NEGOCIOS PRIVADOS GESTIONAR LA RENTA DE AUTOS, EL TRANSPORTE TURÍSTICO Y LAS AGENCIAS DE VIAJES

El Gobierno cubano avanzó en la apertura de actividades turísticas hasta ahora fuertemente concentradas en empresas estatales al permitir la participación de negocios privados en Cuba en áreas como las agencias de viajes, la renta de vehículos y determinados servicios de transporte turístico terrestre.

Las nuevas reglas desarrollan medidas anunciadas por el Ejecutivo dentro del paquete de transformaciones económicas presentado en junio de 2026. El cambio es significativo porque introduce competencia no estatal en segmentos potencialmente rentables del turismo, aunque mantiene al Ministerio de Turismo (Mintur) como autoridad encargada de autorizar y supervisar la entrada de los nuevos operadores.

NEGOCIOS PRIVADOS EN CUBA PODRÁN OPERAR AGENCIAS DE VIAJES

Una de las modificaciones más importantes afecta a las agencias de viajes.

El Decreto 160, publicado a finales de julio, flexibilizó la lista de actividades que estaban vedadas a las formas de gestión no estatal. El propio primer ministro Manuel Marrero confirmó posteriormente que la reforma incluía la operación de agencias de viajes, el alquiler de vehículos y servicios de transportación turística por distintos actores económicos.

El nuevo esquema contempla la participación de empresas estatales, formas de gestión no estatal cubanas, empresas mixtas y compañías de capital completamente extranjero constituidas en el país.

También abre espacio a diferentes modalidades de agencias, incluidas las operaciones online, además de los modelos tradicionales mayorista y minorista.

La apertura, sin embargo, no significa libertad irrestricta para operar. Los interesados deberán obtener las autorizaciones correspondientes del Mintur, cumplir los requisitos establecidos para la actividad turística e inscribirse en los registros previstos por la normativa.

LA RENTA DE AUTOS DEJA DE SER UN NEGOCIO EXCLUSIVAMENTE ESTATAL

La renta de autos en Cuba constituye probablemente uno de los cambios más visibles de todo el paquete.

Cuando las reformas fueron anunciadas en junio, Marrero reconoció que esa actividad estaba concentrada en dos empresas vinculadas al turismo y anunció expresamente su ampliación a otras empresas estatales, inversión extranjera y formas de gestión no estatal capaces de aportar vehículos y capital.

Las regulaciones del sector automotor publicadas durante agosto ya habían ampliado la participación de personas jurídicas no estatales en operaciones relacionadas con vehículos, importación y comercialización, dentro de un marco fuertemente regulado por los ministerios correspondientes.

Ahora el alcance se extiende al transporte turístico terrestre y puede incluir, según la modalidad autorizada, autos, motocicletas, bicicletas, ómnibus, microbuses y minibuses.

Los operadores tendrán que demostrar que disponen de vehículos asegurados y condiciones para garantizar mantenimiento, asistencia técnica y cumplimiento de las normas de seguridad.

CADA OPERADOR PODRÁ FIJAR SUS TARIFAS

Otro punto relevante es la posibilidad de que las entidades autorizadas establezcan sus propias tarifas públicas de acuerdo con los servicios prestados y las temporadas.

También podrán aplicar descuentos mediante sus procedimientos comerciales internos.

Ese margen introduce un elemento de competencia prácticamente inexistente durante décadas en determinadas áreas del turismo cubano. En teoría, la entrada de nuevos operadores podría ampliar la oferta de vehículos y servicios, aunque el resultado dependerá de la capacidad real de las empresas privadas para acceder a automóviles, piezas de repuesto, divisas, combustible y financiamiento.

Por tanto, la autorización jurídica no garantiza automáticamente que aparezca una oferta amplia de autos de renta o agencias privadas en el corto plazo.

EL ESTADO ABRE EL NEGOCIO, PERO CONSERVA EL CONTROL DE ENTRADA

La reforma revela una de las contradicciones centrales de la actual política económica cubana.

Después de décadas de mantener sectores estratégicos bajo una fuerte concentración estatal, el Gobierno está recurriendo cada vez más al capital privado, la inversión extranjera y diferentes formas de gestión empresarial para intentar recuperar actividades afectadas por la crisis.

El turismo es especialmente importante en este proceso. En junio, el Gobierno anunció modificaciones que incluyen nuevos modelos de inversión, negocios inmobiliarios turísticos, arrendamientos, empresas mixtas, agencias privadas y participación no estatal en el transporte.

Pero la apertura sigue teniendo límites claros. El Estado conserva la facultad regulatoria, controla las licencias y determina quién puede entrar y permanecer en esas actividades.

La diferencia respecto al esquema anterior es relevante: el sector privado pasa de operar principalmente alrededor del turismo —alojamientos, restaurantes, transportación informal y servicios complementarios— a poder participar legalmente en negocios que durante años estuvieron reservados a estructuras estatales o muy estrechamente vinculadas a ellas.

La gran incógnita será si esas autorizaciones se traducen en empresas funcionando realmente, inversión nueva y mayor competencia, o si los requisitos administrativos y las dificultades económicas terminan reduciendo el alcance práctico de la reforma.