RÉGIMEN DA LUZ VERDE EN LA GACETA OFICIAL A LA CREACIÓN DE CADENAS DE COMIDA RÁPIDA, TIENDAS Y RESTAURANTES EN CUBA

El Gobierno cubano aprobó un nuevo marco para el comercio interior en Cuba que autoriza expresamente la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y redes gastronómicas, permite operaciones tanto en pesos cubanos como en divisas y amplía las reglas aplicables a empresas estatales, mipymes, trabajadores por cuenta propia y modalidades de inversión extranjera.

El eje de la reforma es el Decreto 167/2026 “Del Comercio Interior”, publicado el 28 de agosto junto con otras disposiciones que modifican licencias, clasificación de establecimientos, requisitos técnicos y funcionamiento del mercado mayorista y minorista. La normativa entrará en vigor siete días después de su publicación.

CADENAS DE TIENDAS Y RESTAURANTES EN PESOS Y DÓLARES

Uno de los cambios más relevantes es que el decreto reconoce que la comercialización de bienes y servicios dentro del mercado cubano podrá realizarse tanto en CUP como en divisas.

La norma también abre espacio para cadenas comerciales y gastronómicas operadas por distintos actores económicos. Esto significa que el concepto de cadena de tiendas o restaurantes deja de estar asociado exclusivamente a las grandes empresas estatales y puede extenderse a negocios privados bajo las condiciones establecidas por la legislación.

El Gobierno presenta esta reorganización como una vía para modernizar el comercio, mejorar las cadenas de suministro, simplificar trámites y fomentar alianzas entre empresas estatales y no estatales.

Sin embargo, la autorización simultánea de operaciones en pesos y divisas consolida jurídicamente una segmentación monetaria que ya era visible en numerosos establecimientos cubanos.

DE 109 TIPOS DE COMERCIOS A SOLO 33

La Resolución 23/2026 introduce además un nuevo clasificador de establecimientos comerciales.

El sistema reduce de 109 a 33 las tipologías existentes y establece categorías relacionadas con el tipo de actividad, calidad y condiciones del local. Entre ellas aparecen establecimientos considerados de Alto Nivel, Nivel Medio y negocios de cercanía o de barrio.

La medida alcanza tanto a empresas estatales como a mipymes privadas, trabajadores por cuenta propia y otros actores autorizados.

En la práctica, la clasificación pretende unificar bajo un mismo esquema mercados, tiendas, restaurantes, servicios, comercios electrónicos y otras modalidades que hasta ahora funcionaban bajo regulaciones dispersas.

EL PAGO ELECTRÓNICO PASA A SER UN REQUISITO

Otra pieza importante es la Resolución 24/2026 del MINCIN.

La norma obliga a los establecimientos a disponer de canales de pago electrónico y garantizar que los consumidores puedan utilizarlos. También exige mantener las licencias correspondientes y cumplir requisitos de identificación y funcionamiento comercial.

La exigencia se aplica a personas naturales y jurídicas, incluidas empresas estatales y privadas, así como entidades extranjeras autorizadas.

El objetivo oficial es ampliar la bancarización y modernizar los mecanismos de pago. El reto será su aplicación cotidiana en un país donde los problemas de conectividad, electricidad y acceso a servicios bancarios continúan afectando muchas operaciones comerciales.

HASTA 500 DÓLARES POR DETERMINADOS TRÁMITES

La reforma viene acompañada además de costos significativos para ciertos trámites del Registro Central Comercial.

La Resolución 195/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios establece tarifas máximas en dólares que incluyen 70 USD por asiento de entrada, 500 USD por inscripción o reinscripción, 200 USD por licencias temporales, 370 USD por actualización, 450 USD por duplicados y 260 USD por certificaciones, según el texto de la norma citado por medios que revisaron la Gaceta No. 69.

El dato introduce un contraste importante dentro de una reforma presentada como instrumento para facilitar la actividad económica: algunos procedimientos comerciales pueden representar varios cientos de dólares en un país donde buena parte de trabajadores y pensionados reciben sus ingresos en pesos cubanos.

UNA PIEZA DE LAS 176 REFORMAS

El paquete forma parte de las 176 transformaciones económicas y sociales presentadas en junio de 2026 por el Gobierno y agrupadas en 23 áreas de la economía y la sociedad.

Entre sus objetivos figuran otorgar más autonomía a las empresas estatales, ampliar determinados espacios del sector privado, descentralizar decisiones económicas y modificar reglas de precios y comercialización.

El primer ministro Manuel Marrero informó en julio que 110 medidas habían comenzado a implementarse, aunque proyectos de seguimiento independientes como el de elTOQUE distinguen entre anuncios gubernamentales y medidas que ya cuentan efectivamente con respaldo normativo o evidencia de aplicación.

APERTURA ECONÓMICA, PERO BAJO CONTROL ESTATAL

La reforma introduce espacios de mercado más amplios, pero no significa una liberalización completa.

El Estado mantiene las facultades regulatorias sobre licencias, precios, registros y actividades permitidas. Incluso dentro del discurso oficial sobre mayor autonomía empresarial persiste la preocupación por la concentración de riqueza, las llamadas “ganancias ilegítimas” y los límites políticos de la expansión privada.

El economista Pedro Monreal ha advertido precisamente sobre esa contradicción. Según su análisis, las 176 medidas carecen de un programa macroeconómico capaz de estabilizar previamente inflación, tipo de cambio y oferta, lo que podría limitar el impacto de las reformas comerciales.

El Gobierno cubano está, por tanto, ampliando formalmente el espacio para cadenas privadas de tiendas y restaurantes mientras mantiene un sistema regulatorio fuerte y una economía donde conviven CUP y divisas.

La verdadera prueba no estará en la cantidad de decretos publicados, sino en si estos cambios consiguen aumentar la oferta, reducir trabas y generar competencia real sin volver a quedar frenados por controles administrativos, escasez de divisas y cambios constantes de política económica.