PELOTERO CUBANO YASIEL PUIG SE DECLARA EN BANCARROTA LUEGO QUE LE RECLAMARAN 8.8 MILLONES DE DÓLARES EN DEUDAS

Yasiel Puig atraviesa una complicada batalla financiera en Estados Unidos. El exjardinero cubano se acogió al Capítulo 11 de la ley federal de bancarrota el pasado 2 de julio, mientras dos acreedores han conseguido autorización judicial para continuar procesos de ejecución hipotecaria contra propiedades vinculadas a empresas administradas por él.

El caso adquiere todavía más peso porque ocurre al mismo tiempo que Puig espera sentencia en un proceso federal distinto. En febrero, un jurado lo declaró culpable de obstrucción de la justicia y declaraciones falsas a investigadores federales durante una investigación relacionada con una operación ilegal de apuestas deportivas.

YASIEL PUIG BUSCA REORGANIZAR SUS DEUDAS BAJO EL CAPÍTULO 11

El Capítulo 11 no significa necesariamente que una persona haya perdido todos sus bienes. El procedimiento permite intentar reorganizar las obligaciones financieras bajo supervisión judicial mientras determinadas acciones de cobro quedan temporalmente limitadas. En el caso de Puig, el expediente fue presentado inicialmente en Fort Myers y posteriormente trasladado a Miami.

Uno de los principales conflictos involucra una residencia en Pinecrest, al sur de Miami, donde Puig declaró residir cuando presentó la bancarrota. La propiedad pertenece formalmente a Moss Ranch LLC, una compañía administrada por el cienfueguero, y su valor de mercado fue estimado en aproximadamente 6,84 millones de dólares, según documentos judiciales revisados por Martí Noticias.

Moss Ranch recibió en marzo de 2025 un préstamo de 7 millones de dólares de Precedent Asset Management-4B, una obligación que Puig garantizó personalmente. El acreedor sostiene que, al comenzar el proceso de bancarrota, el saldo había aumentado hasta cerca de 8,8 millones de dólares, incluyendo capital, intereses, seguros, penalidades y gastos legales. También reclama intereses por incumplimiento de aproximadamente 4.666,66 dólares diarios. Esas cantidades representan la reclamación del acreedor y no una deuda definitiva fijada por un juez.

UN JUEZ PERMITE CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA CASA DE PINECREST

El juez federal de bancarrota Peter D. Russin autorizó el 11 de agosto a Precedent a continuar con la ejecución hipotecaria sobre la propiedad. La razón principal es que Moss Ranch LLC no presentó bancarrota y, legalmente, constituye una entidad separada de Puig. Por tanto, la protección que recibe el exjugador en su proceso personal no bloquea automáticamente acciones contra los bienes propiedad de la compañía.

La decisión permite que el acreedor avance hacia una eventual venta judicial del inmueble, aunque mientras continúe vigente la protección de la bancarrota personal no puede utilizar esa orden para cobrar directamente a Puig la totalidad de los casi 8,8 millones reclamados. El juez también cuestionó una notificación presentada durante el litigio hipotecario, calificándola de redactada de manera “intencionalmente engañosa, en el mejor de los casos”.

El problema no termina en Pinecrest. Otra compañía vinculada al exjardinero posee una segunda propiedad en Miami y enfrenta una ejecución hipotecaria promovida por Atomic Loans LLC. El 7 de agosto, el mismo juez determinó que la bancarrota individual de Puig tampoco impedía continuar las acciones contra ese inmueble.

TODAVÍA NO SE CONOCE TODA LA DIMENSIÓN DE SUS FINANZAS

La fotografía completa de la situación económica de Puig aún no está disponible públicamente. Al presentar la solicitud de bancarrota, declaró activos y pasivos mediante rangos generales y posteriormente solicitó más tiempo para entregar documentación detallada sobre propiedades, ingresos, gastos y deudas. Hasta el 11 de agosto, esa información completa aún no aparecía en los documentos revisados.

Puig tiene programada una reunión con sus acreedores para el 24 de agosto y dispone actualmente hasta el 30 de octubre para presentar su propuesta de reorganización financiera. Esos pasos serán claves para determinar si puede estructurar un plan que le permita enfrentar sus obligaciones sin que el proceso termine tomando un rumbo todavía más adverso.

EL PROBLEMA FINANCIERO COINCIDE CON SU CASO PENAL FEDERAL

Por separado, el 6 de febrero un jurado federal declaró a Puig culpable de un cargo de obstrucción de la justicia y otro de declaraciones falsas. El Departamento de Justicia informó que el caso surgió de una investigación sobre apuestas deportivas realizadas a través de una operación ilegal vinculada a Wayne Nix. Según la evidencia presentada en el juicio, Puig acumuló importantes pérdidas y posteriormente mintió a investigadores federales durante una entrevista realizada en 2022.

Los fiscales han solicitado 18 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 55.200 dólares, mientras la defensa ha pedido evitar una pena carcelaria. La fecha de sentencia originalmente fijada para mayo ha sido aplazada varias veces y, según información pública reciente, no existe todavía una nueva fecha definitiva anunciada.

Así, Puig enfrenta dos frentes completamente distintos pero simultáneos: por un lado intenta reorganizar sus finanzas y protegerse de acreedores; por otro, espera conocer las consecuencias de una condena penal federal. La bancarrota no borra las deudas ni detiene necesariamente las acciones contra propiedades pertenecientes a compañías separadas, y las decisiones adoptadas en agosto dejan claro que al menos dos inmuebles vinculados a esas empresas continúan expuestos a ejecución.